Tras la captura e imputación de cargos a Misael Cadavid (exjefe de bomberos de Itagüí), Elkin de Jesús González (excapitán de los bomberos de Itagüí) y María Yaneth Rúa García (exfuncionaria del Área Metropolitana) por presuntamente haber desviado recursos de contratos entre los bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana, surge la pregunta de si la justicia también le pedirá explicaciones a las directivas de una entidad que durante el cuatrienio 2020-2023 estuvo plagada de cuestionamientos frente al manejo de los recursos.
Y es que Juan David Palacio, quien fue el director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la mano derecha de Daniel Quintero en la entidad durante todo su periodo, tenía la responsabilidad de velar que los recursos públicos que manejaba y que no terminaran en manos de contratistas como, al parecer, ocurrió.
Además fue Palacio quien firmó el convenio de $17.000 millones del que presuntamente se habrían apropiado los hoy capturados
Cuestionamientos a Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana
Tras conocerse la noticia de la imputación de Cargos a Cadavid, González y Rúa, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que “la justicia debe tener claro que diseñaron una estructura criminal para robarse a Medellín”.
Sobre Palacio, el alcalde señaló que “debe confesar todo, buscar rápido un principio de oportunidad con la Fiscalía o lo más probable es que también sea capturado. Todo Medellín sabe para quién trabaja”, agregó.
Y es que según la Fiscalía, particulares se habían apropiado de $2.481 millones de seis contratos por más de $17.000 millones celebrados entre 2020 y 2022, que tenían por objeto suministrar algunos elementos para prevenir y combatir el covid-19 en el Valle de Aburrá y, sobre todo, actividades de apoyo, capacitación y fortalecimiento a los cuerpos de bomberos en Itagüí.
Parte de esos recursos habrían ido a parar a la campaña de Misael Cadavid cuando fue candidato a la Cámara de Representantes en 2022 por el partido Cambio Radical.
Debido a esa misma contratación, en septiembre de 2023 la Procuraduría le abrió una investigación al entonces director del Área, Juan David Palacio, y comenzó a buscar si otros funcionarios de esa época habrían incurrido en conductas irregulares. Investigadores le contaron a EL COLOMBIANO que los testigos estarían hablando del papel que habrían jugado otras personas, entre ellas Palacio. Por eso no se descartan nuevas capturas en las próximas horas.
Cabe recordar que, entre los conocedores del poder alrededor de Daniel Quintero, Palacio era visto como ficha de Miguel Quintero, el hermano del alcalde, quien en realidad movía los hilos no solo dentro del AMVA, si no también manejaba la contratación en Metroparques, el Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), por interpuestas personas.
En su periodo de cuatro años, el Área hizo contratos por más de 773.000 millones de pesos y de ellos, 742.000 millones fueron por contratación directa (96%) mientras que solo el 4% fueron por licitación, según un estudio de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) seccional Antioquia.
Para ello, Palacio se valió de contratos interadministrativos por medio de los cuales les entregaba los recursos a empresas industriales y comerciales del Estado y estas a su vez contrataban con particulares soslayando en la mayoría de los casos los principios de la contratación pública.
El resultado, según la CCI, es que al tener más eslabones en la intermediación, los proyectos se encarecían entre 8% y 10%. Pero además muchos recursos habrían ido a parar a firmas con poca trayectoria y algunas cercanas de aliados políticos.
Álvaro Villada, el exsubdirector financiero en una parte del periodo de Palacio, fue imputado por los presuntos delitos de asociación contra la administración pública, interés indebido en celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
La justicia tiene entre ceja y ceja a Villada por una serie de contratos interadministrativos celebrados entre 2020 y noviembre de 2021 entre Metroparques y el Área Metropolitana para el mantenimiento y la operación del Parque de las Aguas por $17.400 millones.
Y por las presuntas irregularidades de esos convenios también están en líos judiciales Jorge Enrique Liévano y María Eugenia Domínguez, ambos exdirectores de Metroparques. La Fiscalía asegura que Villada conspiró para que en ese convenio se contratara con empresas “de papel” o que favorecían a algunos particulares, pues fueron creadas entre 2019 y 2021.
El último señalamiento contra la administración de Palacio son las presuntas irregularidades en un proceso de modernización administrativa que está demandado y del cual se habría valido para “atornillar” a última hora a fichas suyas en la entidad. Ese proceso creó 128 cargos adicionales en la entidad, de los cuales 25 no tuvieron ningún concurso interno.
Al término de su dirección en la entidad, la nueva administración, en cabeza de Paula Andrea Palacios, denunció al menos 13 graves irregularidades entre las que están, por ejemplo, millonarios convenios interadministrativos firmados con la Secretaría de la No Violencia (a cargo de Juan Carlos Upegui en ese entonces), de los que no quedaron soporte de cómo se gastó la plata pública.
Asimismo, la actual directora se quejó de que la pasada administración de Juan David Palacio le entregó información falsa o engañosa sobre los indicadores de la gestión. Según dijo, de los 80 indicadores del plan de gestión de la entidad, 52 no cuentan con los soportes y evidencias que permitan verificar su cumplimiento. Por ejemplo, la pasada dirección dijo que había cumplido con el 100 % de los corredores para la movilidad activa (ciclorrutas). Sin embargo, de los 28,5 km que se habían establecido como meta, solo se entregaron 5,46 km, es decir, el 19,16 %. Lo mismo ocurrió con el indicador de kilómetros de vías construidos o mejorados en el Valle de Aburrá. La pasada administración dijo que había cumplido el 100 %, cuando de los 25 km que prometió solo hizo o mejoró 8,86, el 35,44 %.
Finalmente, la directora puso en conocimiento dos acciones de la pasada administración que generan dudas sobre la transparencia de esta en cuanto al cumplimiento de sus funciones y de la ley.
La primera es que cuando Palacio llegó a la entidad se encontró que tres computadores habían sido formateados: el de la dirección general, el de la asistente de la dirección general y el de contratación. ¿Qué querían borrar?, cuestionó la directora. Además la eliminación de la información de estos computadores no fue hecha por el equipo de tecnología de la entidad sino por un contratista externo, según denunció Palacio.
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Además, la directora señaló que en un recorrido realizado por su equipo directivo el pasado 19 de enero en las instalaciones de la entidad se dieron cuenta que en el centro de monitoreo de las cámaras de seguridad había una cámara que no funcionaba desde diciembre del año pasado y es la del archivo de la entidad.
La conexión con Afinia
Este caso entre los bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá sería apenas la punta del iceberg de un entramado mucho más grande, complejo y peligroso.
Cadavid también ha sido mencionado por testigos como el presunto articulador de una red de contactos dentro de la negociación que se habría dado para “vender” la gerencia y la contratación en Afinia, la filial de EPM en la Costa Atlántica, también durante la administración Quintero (2020-2023), por $8 millones de dólares.
Según las declaraciones, personas que tenían poder dentro de la administración de Quintero —o el propio exalcalde— le habrían “vendido” al excongresista William Ortega el derecho a nombrar gerente e incidir en contrataciones billonarias de esta filial de EPM en la costa.
Según un testigo, la primera reunión para negociar la “franquicia” de Afinia habría contado con la presencia de Cadavid, pero fue más allá al señalar que este habría sido fundamental para hacer el primer enlace con su viejo aliado político Ortega. Ambos coincidieron en campañas electorales como la que quemó al primero —el jefe de bomberos— en su aspiración a la Cámara de Representantes y al segundo para la Alcaldía de Bello, a nombre de Cambio Radical, en los comicios de 2022.
Además, a finales de 2021 y estando a pocos meses de las elecciones para el Congreso, se conoció un audio en el que Cadavid se jacta con el interlocutor de una llamada telefónica sobre el apoyo que, según dijo, le iba a brindar Daniel Quintero.
“Ya tengo fórmula para el Senado de la República, va a ser David Luna. Nos sentamos con Daniel Quintero y con Luis Pérez; entonces Daniel nos va a ayudar muchísimo desde la Alcaldía (sic)”, le dijo a otra persona y después completó:
“¿Por qué no le envías tu hojita de vida a... (Vorágine, el medio que publicó el audio omitió el nombre para proteger a la fuente), porque ellos nos dijeron que nos iban a ayudar con unos carguitos para mirar a ver si te conseguimos algo bueno para ti”.
Días después y al conocerse la anterior información, Luna, que se presentaba al Senado, renunció a tener fórmula en Antioquia para la Cámara.
Tras ser consultado sobre su presunta participación en este millonario negocio ilegal, Cadavid le respondió a El COLOMBIANO que “yo ni sabía qué era Afinia; toda mi vida me he relacionado es con el sector salud y los bomberos. Lo único es que, para nadie es un secreto que he sido médico de William Ortega desde 2007 y en una época participé políticamente con él. No tengo nada qué ver con Afinia, ni tuve contratos con Afinia ni estuve en ninguna reunión con Afinia”.
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