Níquel, cobre, cobalto, litio, carbón, aluminio, plástico, hidróxido de potasio, metales ferrosos, estaño, antimonio y además oro, silicio y plata. Todos estos elementos son necesarios para producir un celular y terminan, junto con ese teléfono móvil viejo, en basureros y rellenos al aire libre, junto a cientos de miles de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que van desde cables, pilas y memorias usb hasta electrodomésticos de todo tipo.
Según el Foro Económico Mundial el correcto aprovechamiento de estos residuos, es decir, la extracción de metales de manera responsable y la reutilización de otros materiales como el plástico, podría dinamizar un próspero negocio de 62.000 millones de dólares anuales.
En lugar de eso, los RAEE son un dolor de cabeza para el planeta. Según la ONU, en 2019 se produjeron 53,6 millones de toneladas, de los que solo el 17 % tuvo una correcta disposición.
El panorama local
En cuanto a Colombia, de acuerdo a la estadística del Global e-waste monitor, en 2019 el país produjo 318.000 toneladas de RAEE, y es el cuarto país que más residuos de estos genera en la Latinoamérica, detrás de Brasil, México y Argentina.
La tasa de reciclaje de estos residuos en Colombia se aproxima al 20 % y, aunque la cifra es aún baja, el país es considerado en la región como pionero en políticas para el tratamiento de estos residuos, que datan de hace 15 años, cuando en buena parte del mundo ni siquiera reconocían a los RAEE como un problema ambiental y de salud pública.
En síntesis, la ruta para la gestión de los RAEE en Colombia funciona así: las empresas o administraciones locales disponen de jornadas o puntos fijos para la recolección de los mismos. Luego se hace una valoración y separación para determinar qué elementos de dichos aparatos pueden extraerse y reutilizarse en otro ciclo industrial, cuáles serán destruidos adecuadamente y cuáles pueden repararse para tener un nuevo uso mediante donaciones (a fundaciones, por ejemplo).
Uno de estos hitos, explicó Diego Ocampo, coordinador del Grupo de Sustancias Químicas, Residuos Peligrosos y UTO del Ministerio de Ambiente, es la ley 1672 de 2013, “pues logró que las empresas que importaran, comercializaran o emplearan este tipo de aparatos debieran diseñar un plan de manejo de estos residuos, y garantizar el acompañamiento al consumidor para el acopio y disposición de los mismos. Antes de esto eran actividades de carácter voluntario o motivadas por resoluciones parciales, pero sentó las bases de una conciencia frente a un problema que no concebíamos como tal”.
Lo que ha hecho en adelante el país es perfeccionar esa estrategia. En 2017 se promulgó la Política Nacional de RAEE que, entre otros aspectos -según Ocampo-, fortaleció el vínculo entre gobierno y sector privado “para garantizar el marco legal y la inversión necesarios lograr una verdadera economía circular a partir del manejo de estos residuos”.
Una muestra de ello fue la estrategia lanzada hace dos semanas por parte de Minambiente, con recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para desarrollar tecnología que permita la mejor disposición del mercurio empleado, por ejemplo, en instrumentación médica. De hecho, el país tendrá una nueva planta para producir resinas de fotocurado y reemplazar las amalgamas usadas en odontología, que contienen dicho elemento.
Sebastián Santa, experto en posconsumo y coordinador del programa Empleos Verdes en la economía circular, señala que particularmente en el manejo de estos residuos es necesario el desarrollo de alta tecnología y la formalización de la labor de reciclaje.
“En este caso puede ser incluso más grave el reciclaje informal que dejar estos aparatos sin gestión alguna; primero porque la presencia de elementos como mercurio y cadmio exigen una manipulación meticulosa, luego porque para la extracción de elementos útiles se emplean sustancias como el cianuro y otros químicos en procedimientos que implican quemas peligrosas y durante estos procedimientos surgen además nuevos contaminantes. Una de las tareas más arduas es formalizar y mostrar los riesgos a los que se exponen las personas de manera particular por el afán de ganar unos pesos”, sostiene.
Silvia Gómez, coordinadora de Greenpeace Colombia, señala que es necesario “reforzar la responsabilidad extendida de las empresas para la disposición final de los productos que comercializan”.
Greenpeace plantea además que la responsabilidad de la industria y los gobiernos no puede supeditarse solamente a programas de posconsumo, sobre todo cuando gran parte de la crisis se ha desencadenado por las estrategias de obsolescencia, es decir, buscar ya sea mediante características de fábrica o la imposibilidad de conseguir repuestos, que la vida útil de los productos sea cada vez menor.
Finalmente, los expertos señalan que la conciencia del consumidor es un eslabón clave. Extender la vida útil de los aparatos electrónicos adquiridos, comprar productos que realmente cubran una necesidad manifiesta e informarse sobre la huella ambiental que implica adquirir un dispositivo son acciones que ayudan a mitigar las consecuencias globales.
1.500
toneladas de plástico de RAEE recuperados es la meta del Gobierno a 2022.
