La organización ambiental Greenpeace Colombia alertó que durante 2025 se deforestaron 8.896 hectáreas dentro de tres de los parques nacionales más importantes de la Amazonía colombiana, una situación que, según la entidad, evidencia que la presión sobre estas áreas protegidas continúa pese a su máximo nivel de conservación.
Los resultados provienen de un monitoreo satelital realizado con imágenes Landsat y procesamiento geoespacial, que identificó la pérdida de bosque en los parques nacionales Sierra de La Macarena, con 4.973 hectáreas afectadas; Serranía de Chiribiquete, con 2.060 hectáreas; y Tinigua, con 1.863 hectáreas.
De acuerdo con Greenpeace, estos datos no representan un hecho aislado, sino que confirman una tendencia de deforestación que se ha mantenido durante más de una década en algunas de las áreas naturales más importantes del país.
La organización recordó que entre 2013 y 2024 se perdieron más de 137.289 hectáreas de bosque dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, de las cuales cerca del 77% se concentró en apenas cinco áreas protegidas, entre ellas Tinigua, Sierra de La Macarena y Serranía de Chiribiquete.
Al incorporar los resultados del monitoreo correspondiente a 2025, estos tres parques acumulan 95.867 hectáreas deforestadas desde 2013.
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El parque Tinigua registra la mayor afectación, con 48.025 hectáreas de bosque perdidas en ese periodo, una cifra equivalente a cerca del 23% de su superficie oficial. Le siguen Sierra de La Macarena, con 34.070 hectáreas, y Serranía de Chiribiquete, con 13.772 hectáreas.
Para Laura Caicedo Valencia, coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia, los nuevos hallazgos reflejan que las estrategias implementadas hasta ahora no han logrado detener el avance de la deforestación dentro de ecosistemas que cuentan con la máxima categoría de protección ambiental.
La organización señaló que, aunque el monitoreo satelital no permite establecer las causas específicas de cada pérdida de bosque, los resultados deben analizarse junto con la evidencia existente sobre la expansión de la frontera ganadera, la praderización y la presencia de ganado dentro de áreas protegidas.
En ese sentido, Greenpeace advirtió que Colombia aún carece de un sistema público y robusto de trazabilidad que permita identificar el origen del ganado y determinar si su producción está relacionada con procesos de deforestación o con actividades incompatibles con la protección de los parques nacionales.
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La preocupación se concentra especialmente en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta, que reúnen algunos de los mayores índices de deforestación del país y albergan alrededor de 5,3 millones de bovinos, de un inventario nacional superior a 28,2 millones, según cifras del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para 2025.
El informe fue divulgado pocos meses después de la aprobación de la Ley 2585 de 2026 sobre Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación, que Greenpeace considera una oportunidad para fortalecer el control sobre la cadena ganadera.
No obstante, la organización sostuvo que el éxito de esa norma dependerá de su reglamentación y de la implementación de mecanismos que garanticen la trazabilidad pública del ganado, el intercambio de información entre entidades, el acceso ciudadano a esos datos y sistemas efectivos de vigilancia y sanción.
”Sin información pública sobre el origen del ganado y su recorrido hasta llegar al mercado será imposible verificar que la carne que consumimos esté libre de deforestación”, señaló Laura Caicedo Valencia, quien hizo un llamado al Gobierno nacional para reglamentar cuanto antes la ley y convertirla en una herramienta efectiva para proteger la Amazonía colombiana.
¿Qué se sabe de la nueva ley para la ganadería en Colombia?
El reporte de Greenpeace se conoce pocos meses después de la sanción de la Ley 2585 de 2026 sobre Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación, una norma que busca impedir que el ganado proveniente de zonas protegidas o deforestadas ingrese a la cadena de comercialización.
Para lograrlo, la ley establece un sistema de trazabilidad que permitirá rastrear el origen de cada bovino mediante la integración de la información del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
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La implementación de la norma será gradual. Durante los próximos seis meses, el Gobierno deberá diseñar el certificado de “Productor Libre de Deforestación”, definir mecanismos de financiación para las zonas con mayor riesgo y desarrollar programas de información para productores y consumidores.
En un plazo de doce meses también deberá reglamentar los sistemas nacionales de identificación y trazabilidad del ganado, mientras que, en los dos años siguientes, plantas de beneficio, comercializadores y exportadores deberán adoptar políticas que garanticen que la carne proviene de cadenas libres de deforestación.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Cuántas hectáreas de la Amazonía colombiana fueron deforestadas en 2025?
- Greenpeace Colombia identificó 8.896 hectáreas deforestadas durante 2025 dentro de tres parques nacionales: Sierra de La Macarena, Serranía de Chiribiquete y Tinigua, áreas protegidas que siguen bajo presión por la pérdida de bosque.
- ¿Por qué continúa la deforestación en parques nacionales de la Amazonía colombiana?
- La deforestación en estas áreas está relacionada con factores como la expansión de la frontera ganadera, la transformación del bosque en pastos y otras actividades que ejercen presión sobre territorios protegidos.
- ¿Cómo busca Colombia controlar la ganadería asociada a la deforestación?
- La Ley de Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación busca crear sistemas de trazabilidad para conocer el origen del ganado, integrando información del ICA, el IGAC y el Ideam para identificar posibles vínculos con zonas deforestadas.
- ¿Qué pasará con la deforestación en la Amazonía colombiana tras la nueva ley de trazabilidad ganadera?
- La efectividad de la norma dependerá de su implementación, especialmente de la creación de sistemas públicos de información, controles sobre la cadena ganadera y mecanismos que permitan verificar que los productos no provengan de zonas deforestadas.
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