El campo colombiano ha sido, por décadas, la base de la seguridad alimentaria del país. No obstante, a pesar de su enorme potencial, el agro aún no despega al ritmo que se espera: hoy aporta el 8,4% al PIB nacional, pero de las 40 millones de hectáreas con vocación agrícola, apenas 7 millones están cultivadas.
A esta realidad se suman problemas estructurales que se repiten año tras año: altos niveles de informalidad, precios poco justos para los productores, cadenas de intermediación que restan rentabilidad y una marcada escasez de mano de obra calificada.
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En entrevista con EL COLOMBIANO, Manuel Naranjo, secretario de Desarrollo Económico de Antioquia, explicó las estrategias e inversiones que se están impulsando desde la administración, los principales retos que enfrenta hoy el agro antioqueño, la apuesta para convertir al departamento en un hub de innovación agropecuaria y las razones de la oposición a las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).
¿Qué respuesta tienen frente al reclamo de productores y exportadores que piden una política pública para resolver los problemas estructurales del agro en el departamento?
“Desde la construcción del programa de gobierno quedó claro que en el campo se evidencian muchas necesidades. Sin embargo, la más inminente es la conectividad física, porque la entendemos como un bien público en el que deben concentrarse los recursos del Estado.
Claro está, existen dificultades en varias cadenas productivas. El agro, por su naturaleza, es un sector cíclico: cuando los precios de un producto están altos, los productores se vuelcan a sembrar, lo que genera una gran cosecha que, a su vez, tiende a reducir los precios. Ese comportamiento se refleja en distintos cultivos: hoy hay dificultades con la papa, el limón y el arroz; hace unos años fue el café el que atravesó una crisis, aunque ahora vive un buen momento con precios altos y los productores están felices.
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Por eso creemos que las políticas públicas deben centrarse en garantizar bienes públicos como la conectividad física, además de promover la digitalización y la innovación, que son los frentes en los que estamos trabajando”.
¿Cuáles son esas acciones concretas en las que están trabajando, sobre todo para apoyar a esos cultivos que están presentando dificultades actualmente?
“Hemos establecido, por ejemplo, una alianza con Fedepapa para adelantar un proceso de compra pública de papa. Estos recursos provienen tanto del nivel nacional como del gremio y, en buena medida, están soportados por los aportes parafiscales que deben realizar los productores. El objetivo principal es generar una nivelación en el mercado.
De la mano de los municipios productores también venimos impulsando proyectos productivos que fortalezcan a las pequeñas organizaciones campesinas y a los agricultores, mediante estrategias que faciliten el acceso a insumos de siembra y fertilizantes, contribuyendo a estabilizar su actividad. Uno de los grandes retos actuales es la mano de obra, ya que muchos jóvenes no se sienten motivados a vincularse con la producción agropecuaria”.
Precisamente, en relación con esa falta de mano de obra calificada, ¿qué medidas concretas están implementando?
“Frente a este desafío tenemos dos líneas de trabajo. La primera es promover el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación, con herramientas como la inteligencia artificial, para involucrar a más jóvenes en el sector. La segunda, la creación de un fondo de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, cuyo lanzamiento se hará en las próximas semanas.
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Este fondo está diseñado para apoyar a emprendedores del sector agroalimentario, startups y pequeños empresarios que buscan no solo acompañamiento técnico, sino también incentivos públicos para fortalecer y expandir sus proyectos productivos”.
Usted ha hablado de la misión de convertir a Antioquia en un hub de innovación agropecuaria...
“Cuando hablo de un hub de innovación agropecuaria me refiero, en particular, a Agcenter, que es una plataforma de conexión que busca, a través de retos de innovación abierta, llevar soluciones a las diversas brechas y desafíos que enfrenta el sector agropecuario.
Esta estrategia, incubada con recursos de la Gobernación, tiene dos objetivos principales: primero, conectar a los grandes empresarios y corporativos con los pequeños productores; y segundo, promover el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación en el sector agropecuario.
Estas iniciativas están jalonadas por grandes empresas que sirven de ejemplo, como Alpina, Alquería y Colanta en el sector lechero; Uniban en la producción de banano y plátano; o el Grupo Bios en diversas áreas del agro. El reto central es transferir esas buenas prácticas a los pequeños productores, tanto en términos de asociatividad como en la incorporación de procesos de innovación que fortalezcan su competitividad y sostenibilidad”.
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¿Cuántos recursos están asignando a ese componente de innovación para el agro?
“Sí, estamos hablando de cerca de $23.000 millones destinados específicamente a la innovación en el sector agroalimentario. Pero es importante que los productores comprendan que, cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación, no nos referimos únicamente al uso de nuevas tecnologías en la actividad productiva.
El mensaje es que la innovación también puede traducirse en mejores ideas, nuevos procesos y formas de organización más eficientes. Claro está, buscamos avanzar con mayor fuerza hacia la tecnificación y la agricultura 4.0, pero insistimos: no se trata solo de tecnología, sino de integrar instancias de ciencia e innovación. Esto requiere una interacción más estrecha con el sector académico, las universidades, los centros de innovación y productividad”.
¿Cómo está actualmente Antioquia en materia de ordenamiento territorial? ¿Y qué impacto tendrá la directriz del Gobierno Nacional de regular la tierra en zonas como el Suroeste?
“Ese es, sin duda, otro reto absolutamente clave: el ordenamiento social de la propiedad rural en Antioquia, como en el resto del país.
Uno de los factores que más dificultan la inversión en proyectos productivos es la tenencia de la tierra, y en las zonas rurales esta problemática se agudiza aún más. En particular, en el Suroeste enfrentamos una gran incertidumbre por el tema de las áreas de protección para la producción de alimentos.
Desde la Gobernación estamos trabajando en dos frentes. Primero, nos hemos opuesto con todo el empeño y con toda la certeza a esa regulación que establece el nivel nacional, tanto en relación con las áreas de protección para la producción de alimentos como en el caso de las zonas de reserva temporal. Creemos que hay otros mecanismos de trabajo para incentivar la producción de alimentos y la producción agropecuaria en general, que no impliquen meterse con la autonomía de las entidades territoriales, como los municipios y los concejos.
Y segundo, para avanzar en el ordenamiento social de la propiedad rural, todo comienza con el catastro multipropósito. En Antioquia estamos invirtiendo cerca de $200.000 millones en este proceso y, para este 2025, se espera tener actualizado aproximadamente el 65% del territorio departamental. Este esfuerzo se complementa con ejercicios técnicos como la ortofotografía y el uso de herramientas de planificación basadas en inteligencia artificial, que generan insumos valiosos para las corporaciones autónomas regionales y los municipios, responsables directos del ordenamiento territorial.
De esta manera, buscamos que los planes de ordenamiento de los municipios puedan ser actualizados y revisados con información precisa y confiable. En síntesis, estamos trabajando en la primera fase de esa cadena de valor: el catastro multipropósito, como base para que los municipios avancen en el ordenamiento social de la propiedad”.
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Con la reestructuración que hizo la Gobernación, la Secretaría de Agricultura quedó integrada a otras dependencias como Productividad, Turismo y Minas, todas bajo su liderazgo. ¿Esta fusión no ha impactado los resultados del sector?
“Estamos convencidos de que la diversificación y la integración con las diferentes cadenas productivas son la esencia de la generación de valor.
Antes, la Secretaría de Productividad y Competitividad asumía todos los temas relacionados con valor agregado, productividad y competitividad, incluyendo ciencia, tecnología e innovación. Hoy, desde las áreas de Agricultura y Desarrollo Rural, en articulación con Productividad y Competitividad, trabajamos precisamente sobre esos pilares.
La Secretaría de Agricultura se dedicaba anteriormente, de manera muy preponderante, al establecimiento de proyectos productivos. Hoy decimos: “manejemos el establecimiento de proyectos productivos, pero con propósito y generación de valor”. Y la instancia fundamental para lograrlo es la ciencia, la tecnología y la innovación.
Entonces, por ejemplo, un mecanismo a través del cual hemos cambiado la dinámica de lo que ocurría en las anteriores secretarías es considerar a los actores del sector agropecuario y turístico como verdaderos empresarios que deben impulsar una estrategia de desarrollo productivo, y no simplemente como productores que siembran, cosechan y venden sin contar con una estructura empresarial ni con un acompañamiento de base”.
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