Luego de tres meses de espera desde el cambio de gobierno, la española Sacyr Concesiones se quedó definitivamente con el desarrollo de la megaobra del Canal del Dique, con una inversión que se trazó en $3,25 billones ($2,3 billones para obras y $910.000 millones para operación y mantenimiento).
El proyecto, cuya licitación pública fue aplazada de manera indefinida por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el pasado 27 de septiembre, hasta que no se adelantaron mesas de diálogo y de socialización, así como de revisar internamente las observaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de los órganos de control, quedó en manos del único oferente que se presentó al concurso público.
De la intervención al Canal del Dique se viene hablando hace más de 50 años, ya que además de aliviar los problemas de sedimentación y riesgos de inundación, beneficia el transporte de mercancías por sus aguas a los puertos del Caribe. Además, en los últimos 10 años el proceso de adjudicación ha sido aplazado en cinco ocasiones.
“La adjudicación de la megaobra fue nuestra prioridad desde el primer día, pero para lograr esto, sí o sí, queríamos escuchar a las comunidades. Para el Gobierno era fundamental atender las preocupaciones que tenían las comunidades, los órganos de control, la JEP, el Ministerio de Ambiente y los diferentes actores sobre el proyecto”, señaló el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.
Por su parte, Juan Pablo Vélez, presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, afirmó, que “la adjudicación para la construcción de esta obra es un gran paso para la lucha contra el cambio climático, el equilibrio ecológico de la bahía de Cartagena. Además, se estaría saldando una deuda con las comunidades ribereñas que se ven seriamente afectadas por cuenta de las inundaciones en las temporadas invernales, el proyecto sin duda paleará las afectaciones”.
Para lograr la adjudicación, el Ejecutivo cumplió con todas las etapas previas que incluyeron procesos de socialización con comunidades en al área de influencia del canal. Además, durante la estructuración se hicieron más de 250 mesas de trabajo y se protocolizaron 16 procesos de consulta previa ordenados por el Ministerio del Interior, que tuvieron acompañamiento de Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República.
Incluso, estos procesos de diálogo y concertación se mantendrán durante toda la ejecución del proyecto.
“Tenemos un profundo respeto por las comunidades y estamos cumpliendo con una de las solicitudes del Gobierno nacional: que el proyecto fuera socializado con los pobladores. El compromiso de la Agencia es que los diálogos sigan durante la preconstrucción, construcción y operación del proyecto, porque vamos a crear oportunidades para los pobladores, garantizando su seguridad alimentaria, pero respetando su pasado y sus tradiciones”, dijo William Camargo, presidente de la ANI.
Radiografía de la megaobra
Dentro de los trámites adelantados por la ANI, el proyecto contó también con aprobaciones de otras entidades como el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, las cuales garantizaron los recursos para ejecutar las obras que inician con el proceso de preconstrucción y tienen una duración de 18 meses.
En esta etapa se adelantarán requerimientos técnicos, ambientes, sociales y prediales que permitan dar paso al proceso de construcción. Además, el concesionario podrá adelantar actividades de mitigación ante probables sucesos producto de la ola invernal, es decir, podrá hacer mantenimiento a lo largo del canal navegable.
El proyecto tiene una longitud total de 115,5 kilómetros, que abarca la hidrovía, entre Calamar (Bolívar) y la bahía de Cartagena. La ejecución de estas obras, como su respectiva operación y mantenimiento, se hará a través del modelo de concesión APP que tendrá un plazo de 15 años y según los cálculos estima la generación de 61.766 empleos entre directos e indirectos en la zona.
La población beneficiada con este proyecto será de 1,5 millones de habitantes de 19 municipios: Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucia y Suan (Atlántico); Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana (Bolívar); y San Onofre (Sucre).
Así mismo, con la obra se mantendrá el control de sedimentos entre el canal y las bahías de Cartagena y Barbacoas; también mejorará las conexiones Ciénaga-Ciénaga y Ciénaga-Canal e impulsará la restauración de los ecosistemas del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.
Desde lo técnico el proyecto contó con estudios y diseños definitivos a Fase III aportados por el Fondo Adaptación y elaborados por empresas del más alto nivel y reconocida experiencia internacional: Royal HaskoningDHV y Gómez Cajiao. También se contó con la asesoría técnica del Banco Mundial y la estructuración jurídica, financiera y de riesgos de Bonus Banca de Inversión.
Empresa adjudicada
EL COLOMBIANO se contactó con voceros de Sacyr en el país, e indicaron que no se pronunciarán oficialmente sobre la asignación de la megaobra hasta la firma del contrato.
Sin embargo, este diario pudo establecer, que por cronograma, es decir 15 días calendario después de la adjudicación, la rúbrica del convenio se formalizaría el próximo jueves 29 de diciembre. Y la firma del acta de inicio, que es cuando arranca realmente la etapa de preconstrucción está prevista para el 20 de febrero.
Y a la finalización de la fase constructiva, la cual se estima para el 2028, se espera la obtención de un balance de las principales condiciones ambientales (ecosistémicas, sociales y económicas) del Canal del Dique, que impactará en la construcción de escenarios de adaptación al cambio climático, proyectan en Sacyr.
