La inversión fue la gran sacrificada en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2017 que será de 224,4 billones de pesos y radicó por el ministro de Hacienda en el Congreso el pasado viernes.
El próximo año, el Gobierno invertiría 32,91 billones de pesos, unos 3,76 billones menos que los destinados para este año, es decir, habría una disminución de 10,3 %.
Para el exministro Juan Camilo Restrepo, la inversión queda “hecha añicos con este presupuesto. Es el desplome más importante en los últimos años”.
El economista añade que este es un movimiento arriesgado en un momento en que la “economía necesita apuestas en el frente social, en infraestructura y, especialmente, de cara al posconflicto”.
Los principales gastos del presupuesto modelo 2017 que pasó a aprobación son las transferencias de ley, que representan 100,3 billones de pesos, donde los montos más representativos se dan en transferencias el Sistema General de Participaciones, es decir, lo que le gira el gobierno central a entes territoriales, en esto se van a las regiones 36,5 billones de pesos, 9,9 % más que en 2016.
Además, dentro de las transferencias de ley sobresale el alto gasto pensional que asume el Gobierno, que aumentó 15,1 % frente a 2016 y llegó a 38,24 billones de pesos.
Estos rubros aumentan orgánicamente acorde con los compromisos de ley del Gobierno y el ministro Mauricio Cárdenas, asegura que el incremento del presupuesto de este año fue inferior a la inflación esperada y que, en términos reales hay una reducción.
No obstante, agrega que se hizo necesario repensar la estructura del gasto público, pero este presupuesto refleja el compromiso de responsabilidad del Gobierno con la “Austeridad Inteligente”.
Pero desde la Red de Justicia Tributaria no le creen al ministro, pues su vocero, José Roberto Acosta, cree que se mantiene nominalmente el derroche que se disparó desde el primer gobierno del presidente Santos y que “la política fiscal presentada en este presupuesto no toca de manera sustancial la burocracia”.