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Una reflexión antes de ponerse sobre la mesa otra reforma tributaria, sea estructural o no, es que se debe cuidar la economía, tener cuidado en los análisis y propuestas.
Si se sobrecarga los estratos medios y bajos con impuestos, se tendrá una disminución en la demanda agregada y, por consiguiente, el cierre de empresas, especialmente las micro y pequeñas, por falta de consumidores y pérdida de competitividad.
De ahí que sea necesario revaluar una aparentemente tímida propuesta de la Comisión de Expertos Tributarios al Gobierno para que tenga en cuenta en el proyecto de ley que presente al Congreso ampliar la base del impuesto al consumo (Impoconsumo).
En el informe final, de diciembre pasado, sus miembros proponen al Gobierno elevar la tarifa de este gravamen a restaurantes y cafeterías del 8 % al 11 %. También sugiere que ese mismo porcentaje paguen las cadenas de comidas rápidas, hoy gravadas con IVA del 16 %. Y también elevaría en tres puntos, hasta 7 %, el Impoconsumo que se cobra por telefonía móvil.
Y no siendo suficiente, la Comisión propone que algunos servicios que hoy están gravados con IVA o excluidos se les cobraría también una tarifa de 11 %: hoteles, gimnasios, peluquerías, loterías, y “en general servicios con establecimientos localizados”.
La masificación de este impuesto tiene graves efectos, el principal es que convierte a las operaciones gravadas de IVA en excluidas y se duplica el recaudo de la Dian por dos impuestos que no se pueden “cruzar” en una sola operación comercial.
Para algunos esto fue la panacea en la reforma tributaria que llegó con Ley 1607 de 2012. Pero otros consideramos que desfigura el IVA en lo que técnicamente se llama cascada, crea una distorsión y aumenta la regresividad del mismo impuesto y trae un exceso en los costos.
Es un error que agregaría más desorden al Estatuto Tributario, complicando más al contribuyente, a costa de cumplir con la intención de corto plazo de tener más dinero en las arcas del Estado.
Además puede ser causal de mayor informalidad y generar más inflación, al no absorber por completo ese mayor costo y trasladarlo en la tarifa que paga el consumidor final (ver gráfico).
Si Gobierno y Congreso acogen ampliar la base del Impoconsumo, en la práctica son dos declaraciones más y mayor valor del costo para los productores. Para quienes tienen márgenes de utilidad pequeños, los costos los dejarían con una rentabilidad mínima o nula, ante una competencia externa cada vez mayor.
*Economista y consultor tributario (julio@lealconsulting.biz)