La Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo advirtió que un proyecto del Gobierno Nacional transformaría de forma abrupta el Registro Nacional de Turismo (RNT), afectando a miles de prestadores y aumentando los incentivos para la informalidad.
La Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo (Acoga) encendió las alarmas frente a un “decretazo navideño” que el Gobierno Nacional prepara para modificar los Decretos 1074 y 1072 de 2015.
Estas normas regulan, respectivamente, el funcionamiento del Registro Nacional de Turismo (RNT) y la posibilidad de declarar ilegales los contratos de tercerización.
Según el gremio, la reforma al RNT tendría un impacto profundo sobre miles de prestadores de servicios turísticos, especialmente los más pequeños, al transformar de manera sustancial la operación de este registro sin que se hayan realizado mesas técnicas o procesos de socialización que permitan anticipar los efectos operativos, económicos y territoriales de los cambios.
Acoga explicó que el borrador de decreto plantea pasar de un sistema basado en declaraciones bajo gravedad de juramento a uno sustentado en soportes y verificaciones adicionales. Esta modificación, advierte el gremio, convierte un trámite accesible en un proceso complejo, aumenta la burocracia y elimina la posibilidad de que un prestador pequeño sea considerado no comerciante.
El gremio señaló que la mayor tramitología podría saturar a las autoridades encargadas de las verificaciones y, en consecuencia, desincentivar la renovación del registro.
Aunque el RNT solo cubre al 2% de los establecimientos gastronómicos formales, el instrumento ha tenido un crecimiento notable en otras actividades: desde 2021, la expedición del registro aumentó más del 100%, alcanzando 112.000 prestadores formales.
Acoga teme que los nuevos requisitos lleven a muchos operadores a dejar de renovar su inscripción, debilitando un mecanismo clave para impulsar la formalidad empresarial y comprometiendo miles de empleos en todo el país.
El gremio recordó que la formalidad es esencial para el fortalecimiento de los destinos turísticos, especialmente en segmentos como la gastronomía y la vivienda turística.
El RNT actúa como una garantía de calidad y confianza para el visitante; por ello, endurecer el trámite sin transición podría afectar la articulación de la oferta, en un contexto en el que la rentabilidad de varios modelos de negocio ya se encuentra presionada.
Acoga también advirtió que el proyecto coincide con otras cargas regulatorias, como la posibilidad de ilegalizar contratos de tercerización, lo que haría aún más insostenible la operación formal del tejido empresarial mipyme.
La Asociación insistió en la necesidad de realizar espacios técnicos de análisis que evalúen los impactos del proyecto antes de su entrada en vigor. Según el gremio, elevar las barreras de cumplimiento de manera abrupta podría generar efectos contrarios a los objetivos declarados, al incentivar la informalidad, la operación ilegal y, con ello, afectar el recaudo tributario y la sostenibilidad económica de familias y destinos dependientes del turismo.
El pronunciamiento fue firmado por Orlando Tafur Reyes, presidente de la junta directiva Nacional de Acoga, y Guillermo Henrique Gómez París, presidente ejecutivo nacional.
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