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Gobierno desengavetó la regasificadora del Pacífico

Upme sacó a comentarios proyecto de resolución que buscaría revivir una obra que es cuestionada por la Dimar, Armada Nacional y la Contraloría.

  • La regasificadora del Pacífico tendría las mismas características de la regasficadora de Barú (foto) que opera la Sociedad Portuaria el Callao (Spec). FOTO Cortesía
    La regasificadora del Pacífico tendría las mismas características de la regasficadora de Barú (foto) que opera la Sociedad Portuaria el Callao (Spec). FOTO Cortesía
Publicado el 23 de junio de 2022

La Nación no quita el dedo del renglón en su intención por desarrollar el megaproyecto de la regasificadora del Pacífico.

Así, la obra vuelve y juega, ya que en días pasados la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), con el aval del Ministerio de Minas y Energía, publicó para comentarios hasta la semana del 26 de junio, el proyecto de resolución con el que busca desengavetar la megaobra.

El proyecto, que tiene una inversión superior a los US$700 millones, centra el desarrollo de su infraestructura en la planta de regasificación y el gasoducto entre Buenaventura a Jumbo, tubo que en este punto se conecta al Sistema de Transporte Nacional (STN) que abastece al país de gas natural.

“Las modificaciones con respecto al primer pliego y al anterior proceso están más por el lado regulatorio y en cómo se va a remunerar el proyecto. Después de haber escuchado a los inversionistas interesados se ajustaron los términos de referencia, y se espera que resulte uno o varios interesados en desarrollar la infraestructura. La idea es dejar andando el proyecto antes de que se finalice el actual Gobierno”, señaló Diego Mesa, ministro de Minas y Energía.

El funcionario recalcó que el objetivo de la regasificadora es brindar confiabilidad y respaldo en la oferta del gas natural para el territorio nacional. “Ofrecer el combustible en firme, tanto en transporte, como en suministro y distribución para el occidente y sur occidente del país”, dijo.

El éxito final del megaproyecto corre por cuenta del gasoducto que es la obra anexa de vital importancia para la operación de la planta. Su desarrollo debe cumplir con la normatividad ambiental, y previo con la etapa de consulta previa con todas las comunidades.

Así mismo, la financiación del proyecto correría por cuenta de la remuneración de la demanda en el país, es decir, los colombianos de todos los estratos asumirían los costos de su desarrollo. Se estima que entre un 80% y 90% del mercado no residencial tendría a su cargo costos para el montaje de la regasificadora, mientras que del 10% al 20% estaría en manos del residencial.

Para la Contraloría General el montaje de la planta y el gasoducto, derivarían en un impacto tarifario para los usuarios de gas en el país, con un incremento del 32% en tres años.

Según el ente de control, para un usuario residencial no subsidiado con un consumo de 15 metros cúbicos (tarifa de $28.800), la entrada en operación de la planta implicaría pagar hasta $38.000 mensuales.

“En tarifas, es difícil hablar en números exactos. Y la fórmula depende en gran medida de la generación, precio y transporte del energético, variables que cambian mucho por la misma dinámica de los precios internacionales del petróleo”, explicó el ministro Mesa.

Para la Nación, el desarrollo de la regasificadora del Pacífico no solo es vital para el país desde el punto de vista de confiabilidad y competitividad para el abastecimiento del combustible en el Occidente y Suroccidente del país, sino también en materia de respaldo en la oferta.

“La gran apuesta es incrementar las reservas de gas natural en el largo plazo, y los campos gasíferos que se entregaron para desarrollo (exploración y producción), hasta dentro de 10 o 15 años estarán en plena producción comercial, entonces mientras llega este combustible, la planta regasificadora entraría a respaldar la oferta de gas para cubrir la demanda”, subrayó el alto funcionario.

Los pecados de la obra

El segundo intento por sacar adelante la regasificadora no borra los tres inconvenientes para el desarrollo de la obra.

El primero tiene que ver con el trazado del gasoducto para transportar el combustible desde Buenaventura hasta una sub-terminal receptora en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca).

EL COLOMBIANO pudo establecer con fuentes de la Upme que su trazado atraviesa no una, sino varias zonas complejas por temas de orden público. Ahí radicaría el verdadero obstáculo para el montaje del tubo y de la misma planta, ya que no habría modo de llevar el gas desde el puerto hasta Yumbo. Y los costos se elevarían si se transporta el energético por tierra desde Buenaventura.

El segundo inconveniente tiene que ver con dos cartas, una de la Dirección General Marítima (Dimar) y la otra de la Armada Nacional, en las que se exponen argumentos que harían inviable el proyecto.

En su misiva, la Dimar explica de manera técnica a la Upme que las dimensiones actuales del canal interno de Buenaventura no son las más óptimas para la navegación segura del buque tipo Qmax, debido a que el ancho de este corredor es menor al requerido.

Por su parte, la carta de la Armada Nacional expone las inconveniencias del proyecto “ya que la planta se ubicaría a 500 metros de los batallones de infantería de marina 21 y 25, y la Estación de Guardacostas, con un riesgo mayor para el personal militar y civil que allí labora, ya que además de los alojamientos hay almacenes de combustibles, explosivos y depósitos de munición”.

Y la tercera problemática tiene que ver con la necesidad real de la importación y el valor del combustible que se compra en el mercado internacional.

Al respecto, Jorge Linero, directivo de Canacol Energy señaló que el gas importado cuesta el doble del nacional (US $6 - US$7 vs US$14 /mbtu), así que el precio estimado para el consumidor de Bogotá pasaría de US$7,5 a US$13,5 /mbtu.

Alfonso López Suárez

Periodista de economía de El Colombiano. Lector de Gabo, adicto a la música de los 80´s y amante del buen periodismo.


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