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A cinco días desde que el Congreso de la República aceptó el retiro del proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible que, entre otras causas, ha llevado a casi 15 días de protestas ciudadanas en varias ciudades del país, el Centro de Estudios Económicos, Anif, presentó una alternativa para la reforma tributaria.
La propuesta, que toma elementos de la presentada por la misma institución hace unas semanas, busca recaudar cerca de 13,8 billones de pesos que equivalen a 1,3 % del Producto Interno Bruto, PIB.
Esta tiene, en sus palabras, impacto significativamente inferior en progresividad y eficiencia pero generaría recaudo adicional que permitiría, de forma suficiente, manejar el estado de las finanzas públicas en el corto plazo.
Hacen énfasis en la necesidad de esta reforma pues, sin ella, “el país no tendrá recursos suficientes para el fortalecimiento y la ampliación de los programas de alivio de la pobreza que tanto necesita una buena parte de la población colombiana” y, agregan, haberla retirado deja en aprietos las finanzas que tienen “proyección del déficit cercano a 9 % del PIB y una deuda pública de más de 65 % del PIB para este año” y que aumentaría con los años.
Personas naturales
La propuesta del proyecto de ley busca recolectar ingresos tributarios suficientes para sortear, por lo menos, los gastos a corto plazo así:
Un impuesto de renta que conserva la estructura actual de tarifas marginales y que no amplía la base de personas sujetas a este tributo, sino que propone la aplicación de una sobretasa temporal (de 15 % sobre el valor que paga cada persona e inicialmente durante 2021) y un límite más estricto para la renta exenta.
Este último aconsejan sea para aquellos con mayores ingresos: “Se recomienda limitarla al 25 % para los declarantes de ingresos altos, es decir ingresos anuales iguales o superiores a $100 millones (cerca de $8,3 millones al mes)”.
Esta modificación supondría un recaudo adicional de más de $6,5 billones anuales y en manos, en 94 %, de los hogares con más altos ingresos.
En cuanto a las pensiones, lo que consideran “uno de los mayores causantes de inequidad en el país”, proponen gravar a las altas para “tener un sistema coherente de protección a la vejez” y poder financiar programas sociales.
Contemplan implementar una tarifa plana de 10 % a personas con mesada mayor a $6 millones y se cobraría “una vez el individuo se encuentra disfrutando de la pensión” para generar un recaudo de $404.000 millones (0,04 % del PIB) provenientes de 43.000 personas.
Para el patrimonio, que actualmente contempla el cobro de una tarifa plana de 1 % para aquellos superiores a $5.000 millones (sobre todo el patrimonio líquido) y que “crea incentivos para evadir o eludir el pago”, recomiendan estructura de gradientes (que aumentan la tarifa que se grava a medida que aumentan los patrimonios), que imponga tarifas marginales a partir de patrimonios líquidos superiores a $1.500 millones, ampliando la base de contribuyentes de unos 7.000 a cerca de 30.000 y limitando los incentivos.
El recaudo adicional por este concepto sería cercano a $343.000 millones (0,03 % del PIB) y de carácter temporal con vigencia de cuatro años.
Los dividendos, definidos ahora en tres tipos (no gravados, dividendos gravados y provenientes de utilidades de sociedades en el exterior), se enfocarían en dividendos a personas naturales o jurídicas con residencia fiscal en Colombia así:
La tarifa marginal vigente se incrementaría en 2,5 puntos para persona natural. Si estos superan 75 % del total de los ingresos, proponen aplicar la ya mencionada estructura de tasas marginales de impuesto de renta de personas naturales. Finalmente, “ mantener el impuesto que se paga por concepto de dividendos cuando el accionista es una persona jurídica (tarifa de 7,5 %), a título de retención en la fuente sobre la renta”.
Esta estructura llevaría a generar cerca de $500.000 millones, 0,05 % del PIB, año a año.
Personas jurídicas
Retrasando la disminución en la tarifa del impuesto de renta corporativa, dejándola en 32 % hasta 2022, buscan recaudar cerca de $ 1,5 billones adicionales y proponen revisar el descuento asociado al del pago del IVA por la compra de bienes, construcción, importación, entre otros, de activos fijos.
Se eliminaría el descuento sobre el impuesto de renta por el pago del ICA (que es 50 % y que en 2019 tuvo valor de $ 1.6 billones) y “ recomendamos que este beneficio sea trasladado al pago del IVA”, lo que permitiría mantener un descuento pero “más transparente”.
Finalmente, se eliminarían las exenciones y beneficios sectoriales. Todo esto podría traer recaudo adicional de $ 500.000 millones anuales, un valor cercano a 0,05% del PIB.
Impuesto al Valor Añadido, IVA
La propuesta descarta la posibilidad de ampliar la base de bienes y servicios que ya tienen que pagar impuestos y eliminan la tarifa reducida.
“Se propone la eliminación de la categoría de bienes y servicios exentos para que pasen a excluidos”; así, esas 14 subclases que actualmente están exentas tendrían una tarifa efectiva de 0 % “ pero sin generar la devolución en el último eslabón de la cadena”.
Así, Anif busca que el país logre un recaudo adicional de cerca de $ 2,5 billones anuales, lo que representa 0,25 % del PIB.
Consideran que la reforma que fue rechazada por el Congreso “daba pasos importantes en la dirección correcta para solucionar los problemas estructurales del sistema tributario colombiano” y que merecía por lo menos una discusión política pública.
Al no tener esta oportunidad, considera que el país tendrá que tomar decisiones que cubran las necesidades inmediatas y que esto podría agudizar los problemas de desigualdad y pobreza.