La creación de empleo, la garantía de los derechos en el trabajo, la afiliación a protección social (salud, pensión y riesgos laborales) y la promoción del diálogo, con la igualdad de género como un objetivo transversal son los cuatro pilares del trabajo decente, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Las cifras del país en este camino no se ven bien. La tasa de desempleo va en 10,8 %, de los 22,1 millones de ocupados, 65,7 % están en la informalidad, pues los afiliados a seguridad social son 8,5 millones, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
Incluso, 70,2 % de la población ocupada gana menos de 1,2 millones, frente al 25,8 % que supera ese monto, aseguró la Escuela Nacional Sindical, al presentar un informe sobre trabajo decente, basado en las cifras públicas (ver Gráfico).
Desde hace un año, cuando se firmó el pacto para promover una situación favorable de empleo, se han suscrito 49 pactos por el teletrabajo, 435 convenciones colectivas y se crearon 231 asociaciones sindicales.
La ministra de Trabajo, Alicia Arango, aseguró que “la concertación histórica del salario mínimo y la negociación con el sector público que logró 133 acuerdos que benefician a 1.200.000 servidores”, son muestras de esto.
Entre los cálculos del Gobierno se estima que se han firmado 60 acuerdos de formalización de 16 sectores para un balance de 3.718 empleados con condiciones legales.
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En regulación
Regulatoriamente, se ha avanzado en estrategias, entre ellas la ley que formaliza a los vendedores ambulantes para garantizar los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y a la convivencia en el espacio público, así como el decreto de modernización del régimen de servidores públicos (ver Para saber más).
Entre las propuestas está la contratación por horas y la reglamentación del piso mínimo de protección social para quienes devenguen menos un salario mínimo legal vigente ($828.116), con un aporte de 15 % del ingreso mensual, del Plan Nacional de Desarrollo.
Para lograrlos antes de diciembre, se desarrollará un estudio de cómo está el panorama de seguridad social.
“Insistimos que es importante determinar el impacto sobre la productividad y el incremento de ventas que se daría con una flexibilización”, de acuerdo con Rosmery Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de micro, pequeñas y medianas empresas (Acopi).
Para el investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario Iván Jaramillo Jassir, esta propuesta por horas apunta a degradar derechos laborales.
Al final Alberto Martínez, director general de la ESN, sostuvo que otro de los inconvenientes está en los tratados de libre comercio “se firmaron bajo la premisa de que, con más inversión extranjera y menos restricciones al comercio internacional, crecería la economía y el empleo. Pero, ni una cosa, ni la otra” .
Antes del TLC con Estados Unidos “se generaban 2,7 millones de empleos, mientras entre 2012 y 2018, 1,7 millones. Hemos perdido la capacidad de crear alrededor de un millón de empleos”, concluyó Carmen Tangarife, economista del área de investigación de la ESN
