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Supercomercio para la Cuarta Revolución Industrial

Andrés Barreto espera que en el cuatrienio la entidad pase de 1.600 funcionarios a 2.500.

  • Andrés Barreto González, Superintendente de Industria y Comercio. Foto: Colprensa.
    Andrés Barreto González, Superintendente de Industria y Comercio. Foto: Colprensa.
08 de mayo de 2019
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Después de siete meses de gestión, el nuevo Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, reconoce que recibió una entidad fortalecida: con más presupuesto frente a las demás autoridades, y con un reconocimiento social sobre una labor eficiente.

A manera de chiste, y con el nerviosismo que enmarca esta nueva labor, espera no “entregar una autoridad desmantelada”, por el contrario, que en su legado repose una entidad responsable de liderar una época marcada por la Cuarta Revolución Industrial, la economía naranja y sobre todo la gestión de los datos personales.

Ya lo decía Pablo Felipe Robledo, su antecesor en agosto pasado a EL COLOMBIANO, cuando reconoció que se le había quedado en el tintero un “trabajo más intenso en la protección de datos personales”, tras haberse enfocado en competencia y consumidor, una facultad reciente, pues hace solo cinco años se había establecido como autoridad en este ámbito.

Con la mira puesta en ese futuro, y un presupuesto para este año que ronda los 240.291 millones de pesos, temas como las nuevas aplicaciones, fintech y criptoactivos empiezan a resonar dentro de la entidad; incluso inteligencia artificial para complementar procesos, investigar casos, concurrencias e información que de otra manera llevaría años revisar.

Usted ya lleva un tiempo prudente desde que se posesionó, ¿cómo recibe la Superintendencia?

“La encuentro bien. La encontré muy bien ranqueada en el sentir ciudadano y por supuesto de adentro hacia afuera es una entidad que tiene unas capacidades importantes. La SIC es cinco autoridades en una: consumidor, datos, competencia, propiedad intelectual, administra justicia. Entonces es una entidad grande. Con 1.611 personas responde con muchas funciones”.

¿Qué retos encuentra?

“Los recursos humanos y económicos siempre serán insuficientes. Hay que tener cuidado y equilibro en el punto de qué tantas funciones se deben recibir, para que haya una concentración que al final afecte la calidad del servicio al ciudadano, pero tampoco que lleguemos a caer en la trampa de que se desmantele una entidad que ha sido exitosa. Es una entidad que va más allá de la competencia, una delegatura que tarda, por su naturaleza, al menos, 24 meses en la construcción inicial del caso y que deben culminar antes de cinco años”.

¿Cuál es su apuesta?

“Para el futuro sí o sí, debe robustecerse el tema de datos personales, más aún hablando de economía naranja, Cuarta Revolución Industrial. Lo ideal es que toda la entidad termine con 2.500 funcionarios, pero hay retos presupuestales. Hay que pensar en mantener competencia y robustecerla con tecnología y tener más personal en datos personales, consumidor y propiedad intelectual”.

¿De cuánto se planea la inversión tecnológica?

“Hay diferentes procesos contractuales, unos que se han surtido y otros que ya están apropiados por vigencias futuras. Estas son inversiones que la más barata es de 400 millones de pesos, pero hay otras de 1.000 millones. Básicamente son herramientas de inteligencia artificial, la construcción de algoritmo o repotenciación se software en colusiones y, una tercera, que estamos probando en la interconexión de distintas bases de datos...”

¿En qué va el país en temas de datos personales?

“Hay un doble reto, hasta el año pasado se venció el registro de base de datos de particulares y a finales de enero de los públicos. Todavía tenemos un déficit importante. El sector público reportó el 40 % y el sector privado, al menos el 70 %. En esto el reto sigue estando en que la gente le da sí a a todo en internet y por el otro lado que al fin estamos llegando al entendimiento que las bases de datos valen plata, pero además tienen una alta trazabilidad para los negocios”.

¿En bases de datos hay que dar zanahoria o garrote?

“Lo qué pasó es que cuando salió la ley de habeas data, para los privados se extendió tres veces, porque había mucha informalidad con eso. Y del sector público hay un problema estructural, la gente piensa en solo 3 ramas del poder, pero agrupadas hay más de 15.000 entidades públicas y no es lo mismo que un ministerio con la capacidad TIC en Bogotá me reporte a pedirle a un hospital municipal que lo haga. En este tema la solución es disciplinaria y le pedimos a la Procuraduría General de la Nación que nos ayude a generar un plan de choque. La meta es llegar al 80 %”.

En época de Cuarta Revolución Industrial, ¿qué hacer con plataformas como Airbnb y Uber?

“Hasta que no haya un marco jurídico claro, la SIC carece de competencia para actuar. Hay que diferenciar dos discusiones. Lo primero es que existen, operan y deben tener un régimen jurídico. No todas tienen la misma jurisdicción, ni son objeto de regulación y supervisión con una misma autoridad y lo menos deseable sería pensar que una autoridad se inventara la regulación porque eso está en constante cambio y debe encontrar un punto de conexidad.

Yo no regulo ni superviso salvo que tenga un marco jurídico tengan domicilio en el país y la relación contractual se dé en Colombia. Para la SIC, Uber, por ejemplo, no existe porque está fuera del marco jurídico”.

¿Cómo avanza el tema Fintech y qué rol juega la SIC?

“Para no quedarnos en el pasado con la Superfinanciera estamos hablando de criptomonedas, criptoactivos y fintech, que es un nuevo reto que tenemos y que lo tenemos que cumplir. Ellos están construyendo su arenera para ser su modelo. Hay cuatro obvios: tenemos que definir la institucionalizad, quién hace qué, cuál es la mejor regulación, quiénes son los actores de mercado (consumidor financiero tradicional o nuevo).

¿Y en Criptoactivos?

“El Banco de la República está trabajando en una cartilla de criptoactivos y en trazar la línea de cuáles son los elementos. Lo importante es que participan Minhacienda, Superfinanciera, Sociedades, SIC, MinTIC, MinComercio. SIC está ahí por Competencia, para que la normativa que se dé no se vuelva un restrictor de ella”.

Tanto que se habla de economía naranja y uno ve una cantidad de entidades (Dnda, Sayco, Acinpro y la SIC) ¿Qué hacer con esto?

“Hay que sincerar una discusión, siguiendo los parámetros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi) y es que una sola autoridad debería tener las dos competencias. El registro y el manejo de sociedades colectivas y el de la propiedad industrial.

Es todo un ecosistema que se debería centralizar desde la institucionalidad. Ya entramos en pleno a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y nosotros somos la autoridad de competencia y de consumidor, ahí transversalmente están metidas las discusiones de propiedad intelectual e industrial y de derechos de autor”.

¿Ha pensado que se pueda impulsar un proyecto para esto?

“Propuse en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) un artículo, que no trascendió. Yo creo que algún día tendremos que sincerar el debate de que quede en un solo lugar, eso al final del día beneficiará a los autores, compositores y creativos, porque hay unificación de criterio”.

Hablando de consumidor, su antecesor había hablado mucho de que la SIC fuese la única autoridad así como lo es para competencia, ¿cuál es su posición?

“Si usted no es conocedor del estatuto del consumidor se suele confundir y eso es lo que más nos hace daño porque la Superintendencia se termina convirtiendo en el doliente de todos los temas porque el ciudadano cree que todo lo administra la SIC. La red nacional de protección al consumidor, que ha sido exitosa, para que las personas lleguen a un solo lugar a tramitar sus quejas pero allí tienen asiento la CRC, Superservicios, Supersalud, Superfinanciera... etc., eso funciona bien en la práctica por un tema de articulación, pero hay un divorcio conceptual y es que internacionalmente la autoridad del consumidor es la SIC ”.

¿Y qué pasa con el consumidor aéreo?

“En el PND ya quedó un artículo en el que la responsabilidad de la protección quedará en manos de Supertransporte; la responsabilidad de Aerocivil permanece como está”.

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