En momentos en los que se discute cuáles deben ser los principales cambios que deben llegar con la reforma pensional, en la búsqueda por tener una estructura lo suficientemente robusta para garantizar una vejez estable de los colombianos, la Fiscalía General de la Nación recibió 1.300 noticias criminales acerca de presuntas defraudaciones al sistema. Hay identificados 369 casos que han dejado 170 capturas, 288 imputaciones y 53 condenas.
La Fiscalía estableció que en el marco de las investigaciones que lleva a cabo el ente, con miras a detectar aquellas acciones que afectan la estabilidad del sistema pensional, hay 2.969 personas judicializadas por corrupción, por delitos avaluados en 4,7 billones de pesos (ver Antecedentes).
Esos 4,7 billones de pesos también hacen parte del hueco fiscal que tiene el sistema de jubilación en Colombia, que para 2018 estaba cercano a los 38 billones de pesos, y que preocupa pues implicará una menor protección en los próximos años.
De hecho, la Asociación de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), estima que de los 14,2 millones de personas que se encontrarán en edad de pensión a 2055, 9,5 millones no lograrán contar con ese ingreso en ese año. Así mismo, prevé que 2,4 millones de cotizantes estarían bajo el programa de Colombia Mayor; y tan solo 2,3 millones sí contarán con un pago para la jubilación.
Al respecto, María Paulina Riveros, vicefiscal General de la Nación, llamó la atención sobre el costo que le genera al país ese desangre: “En 2018 se requirieron cerca de 17 billones de pesos para pagar más de 1,3 millones de pensiones y al menos un tercio de esta suma salió del Presupuesto Nacional. Desde la Fiscalía General hemos puesto en marcha una estrategia que aborda las modalidades más críticas de corrupción en los riesgos que cubre el sistema (invalidez, vejez y muerte)”.
