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Durante las últimas semanas el G7 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) han dado pasos decisivos sobre un tema tan complejo como relevante para el mundo: un impuesto mínimo global para las grandes multinacionales que se implementaría desde 2023; idea que, de paso, le suena bien a Colombia, teniendo en cuenta las actuales necesidades tributarias.
Pero, ¿de qué se trata? La Ocde lo describe como una “gran reforma fiscal internacional”, toda vez que pretende establecer una tasa de renta corporativa de al menos 15 % para compañías de la talla de Facebook, Google, Amazon, Apple o Microsoft, entre otras.
Y aunque el objetivo no es solamente gravar a esas tecnológicas, lo cierto es que la medida podría dar luz verde a una búsqueda que viene desde 2015 sobre cómo hacer para que las firmas mencionadas, en especial, paguen en los países en los que generan sus ingresos y no solo donde están domiciliadas fiscalmente.
Así, el proyecto contempla dos pilares: el primero, reasignar algunos derechos impositivos sobre las multinacionales, de sus países de origen a los mercados en los que operan y obtienen beneficios, con lo cual se gravarían unos 100 mil millones de dólares en utilidades; y el segundo contiene la mencionada tasa del 15 %, que a la larga permitiría el recaudo de unos US$150 mil millones anuales adicionales para las economías del planeta, estima la Ocde.
“Colombia ha acompañado desde el primer momento el impuesto global porque consideramos que es una manera de lograr equidad en materia tributaria con multinacionales que, obteniendo ingresos en determinados domicilios no tributan en estos en la debida forma, o por lo menos lo hacen en otros donde tienen beneficios fiscales”, le asegura a EL COLOMBIANO José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda.
En tal sentido, complementa el ministro, además de respaldar la iniciativa el país también ha sido uno de los que la ha liderado, toda vez que tiene como propósito establecer esa tasa mínima que “seguramente se complementaría en cada nación”.
Por ello, Colombia está en el grupo de 131 territorios del mundo que representan más del 90 % del Producto Interno Bruto (PIB) global y que se han unido al histórico acuerdo para adoptar ese impuesto corporativo con los lineamientos descritos por la Ocde. Dichas economías hacen parte del llamado Marco Inclusivo de la organización, del que solo ocho miembros no se adhirieron –de momento– al compromiso fiscal.
Implicaciones
El director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Luis Carlos Reyes, plantea dos tipos de efectos que el pacto tendría en Colombia. “Por un lado, el asegurar que en todos los países del mundo las empresas se enfrenten a un impuesto mínimo quita muchas de las razones que se han venido usando para recortar impuestos con el fin de atraer compañías, porque si no les cobramos aquí lo que podemos exigir con esa medida, otro país lo hará, que es como funciona la propuesta”.
En resumidas cuentas, Colombia no tendría que apelar a bajar las tasas efectivas de tributación para impulsar la llegada de inversión, y, en segunda medida, “se podría aumentar el recaudo al obtener ingresos, no solo de las firmas domiciliadas, sino de las que tienen clientes en el territorio nacional, en lo cual se incluye a muchas tecnológicas”, adhiere Reyes.
Y a continuación complementa: “Hay potencial proveniente de las operaciones de esas tecnológicas para elevar el recaudo, por ejemplo, poniendo impuestos a las utilidades que se generan por publicidad vendida por grandes compañías como Google o Facebook”.
Una afirmación sobre la que vale recordar que, actualmente, las plataformas tecnológicas que prestan servicios desde el exterior a usuarios colombianos solo son sujetas de recaudo y pago de IVA del 19 % (excepto en casos en que su oferta esté excluida de hacerlo). Cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) indican que de enero a mayo de este año se obtuvieron $179.128 millones por concepto de impuesto a las ventas de esas y otras sociedades externas prestadoras de servicios.
Aunque se trata de un valor importante considerando que en todo el 2020 la entidad contabilizó $268.715 millones por esa gestión, de todas formas ambos datos reflejan retos para ampliar lo que Colombia percibe por este negocio, entendiendo su bajo peso en el recaudo bruto nacional que el año pasado fue de $146,2 billones y en los primeros cinco meses de este año iba en $71,5 billones.
Por ello, pese a que en la actualidad se puede decir que hay tecnológicas que cumplen con la obligación de actuar como agentes de colección de IVA por sus servicios, los acuerdos alcanzados a través del G7 y la Ocde podrían “fomentar la equidad” en la tributación, fundamentalmente en los países donde prestan sus funciones, anota Mónica Vergara, country manager PayU Colombia y Panamá.
Al igual que lo resalta el ministro Restrepo, la ejecutiva menciona que Colombia, a través de un representante de la administración tributaria, hace parte del equipo técnico que planteó el mecanismo de atribución contemplado los dos pilares fijados por la Ocde.
Y recuerda que como el país fue admitido hace ya un tiempo como miembro de esta organización, las guías para el impuesto mínimo podrían ser introducidas en la legislación nacional en el mediano plazo.
“Es algo que podrá impactar el futuro de estas empresas que prestan servicios en el territorio nacional”.
No será suficiente
Por su parte, Jorge Bravo, analista de medios y telecomunicaciones y académico de la Unam, de México, ve en esta reforma fiscal internacional un estímulo para que Colombia desarrolle un ecosistema digital más robusto que le permita obtener ingresos por impuestos, más allá de ser o no una solución a las dificultades tributarias.
Para que haya un impacto significativo del proyecto reseña que hay varios factores por resolver, como por ejemplo los problemas en el promedio de ingresos generados por usuario (abreviado en inglés como Arpu) que perciben las firmas de servicios de telecomunicaciones en el país, pues son bajos, y ahora el tributo propuesto podría tener consecuencias mayores en la demanda.
De cualquier forma, “Colombia es uno de los tres países más relevantes (en la región) para las empresas digitales y tecnológicas junto con Brasil y México y logrará atraer inversiones si y solo si la regulación se vuelve amigable con la innovación y las plataformas”, agrega Bravo.
Además, frente al potencial que existe, “la presencia de las grandes firmas tecnológicas en el país es bastante limitada y no tiene mucho que ver con el nivel de impuestos que pagan, sino con que no encuentran una fuerza laboral capacitada para las actividades de desarrollo digital que requieren y ahí es cuando nos quedamos bastante atrás respecto a territorios desarrollados”, complementa Reyes, de la Universidad Javeriana.
Entonces, los grandes retos para “sacar provecho” de la gran reforma en el país son avanzar en políticas que estimulen la llegada de las tecnológicas y capacitar mano de obra que responda a lo que estas necesitan. De hecho, esas multinacionales han mostrado su disposición por tributar más, o por lo menos es el caso de Facebook, cuyo jefe de asuntos globales, Nick Clegg, dijo que la estrategia es un significativo paso para “dar certeza a las empresas y fortalecer la confianza pública en el sistema fiscal global”.
En tanto, las tareas mundiales pasan por establecer la hoja de ruta para la repartición de los tributos, la articulación entre naciones y tener claro qué topes de ganancias se gravarán. Inclusive, también está sobre la mesa la propuesta de elevar de 15 % a 21 % ese piso del impuesto, un planteamiento que comparten Argentina y Estados Unidos.
Esta última idea es apoyada por la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, que considera insuficiente el acuerdo sobre el 15 % apoyado por 131 países y calcula que con una tasa del 21 % se podrían percibir hasta US$640.000 millones para las economías del planeta.
Por lo pronto el balón estará en la cancha del G20 –foro que componen Estados Unidos, China y Francia, entre otros– el cual avisó esta semana que se encamina a dar el respaldo político a la medida, pero espera obtener tener las especificaciones técnicas para antes de su próxima reunión en octubre