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Mipymes verán pagos más rápido
Ley de plazos justos propone un límite de 60 días en los desembolsos durante el primer año.
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Según cifras de Acopi, las mipymes representan 98 % del tejido empresarial. FOTO: El Colombiano
19 de junio de 2020
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En el Congreso, solo le falta el proceso de conciliación entre Senado y Cámara a la ley de plazos justos, la cual busca que se establezca durante un primer año un límite máximo de 60 días para honrar las obligaciones contractuales a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y que después se hagan en 45 días, contando desde que se entrega la mercancía.
De acuerdo con Mauricio Toro, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde y autor del proyecto, esta propuesta busca “evitar que las empresas de menor tamaño tengan que endeudarse con un banco cuando una compañía tiene con qué pagar en un plazo como el establecido. Es un tema de competitividad para el país”.
El congresista explicó que aquellas firmas que hagan los desembolsos a 30 días podrán portar un sello de buenas prácticas de pago. La ley arrancaría desde enero de 2021 para permitir que los empresarios acomoden sus prácticas y políticas de pago para cumplir con estos tiempos.
Uno de los asteriscos que había era la posibilidad de que las empresas pudieran acordar periodos diferenciados. Sin embargo, en la plenaria en Senado se debatió que esto podría representar una ventaja para que las más grandes ejercieran su posición dominante sobre las iniciativas de menor tamaño, razón por la que se dejó a un lado este punto.
En línea con la motivación del proyecto, la presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), Rosmery Quintero mostró su respaldo a este (ver ¿Qué sigue?). Quintero dijo que un estudio realizado por Acopi mostró que hay “una afectación en la liquidez de las mipymes proveedoras de bienes y servicio de las grandes empresas, debido a los largos periodos de pago de las facturas”.
Este gremio asegura representar 98 % del tejido empresarial, generar 80 % del empleo y aportar 40 % del producto interno bruto del país.
La medida contempla que se puedan poner quejas por dilaciones en los pagos, con lo que se buscaría que se pagara no solo la factura y los respectivos intereses sino un 20 % adicional frente al costo del producto para cubrir los costos en los que se incurrió con este proceso.
Pero hay segmentos que encuentran reparos. Ejemplo de ello es la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), la cual tras el tercer debate, a inicios de mes, afirmó que esta podría traer consecuencias como desplazar las compras hacia las importaciones, las cuales no se verían cobijadas por dicha legislación. Además, la Andi puntualizó que “como principio general, nos preocupan las iniciativas que puedan resultar en que el Estado intervenga en los acuerdos entre privados”
Por otra parte, pese a considerar que la finalidad del proyecto es “espectacular”, Erick Rincón, presidente de Colombia Fintech, señaló que se pudo tener en cuenta casos diferenciados de algunos sectores de la economía que necesitan hacer procesos mucho más lentos de verificación, como lo es el sector de la salud
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