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Prioridades de la agenda económica en la legislatura 2020
Las iniciativas son variadas, aunque hay críticas porque no se vislumbran proyectos para el bienestar social.
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Las reformas hacen parte de las prioridades económicas en la legislatura este año. FOTO: Colprensa
80 %
de la población no se pensiona y según el Gobierno se legislará sobre eso.
El empleo, las pensiones, las regalías, el futuro de las aplicaciones móviles, los pagos de facturas, la corrupción en la salud, entre otros temas, integran el dossier de la agenda económica que pasará por el Congreso de la República durante la legislatura que empieza el próximo 12 de marzo y cuyas consecuencias afectarán en mayor o menor medida la vida de los colombianos.
Reforma pensional
Entre los nuevos proyectos, reformas, seguimientos y debates de control político que preparan los congresistas, se destacan las modificaciones al sistema pensional y laboral.
Aunque todavía no hay certeza de si el Gobierno presentará o no estos proyectos para discusión durante la legislatura, ya se suscitan críticas a la forma en que se han ido dando a conocer algunos aspectos de estos cambios. En la mayoría de los partidos y sectores políticos hay consenso en que son prioritarias.
En lo pensional, por ejemplo, varios de los congresistas han empezado a destapar sus posturas en relación con las pistas que ha dado el Gobierno sobre cómo dará respuesta a la necesidad de ampliar la cobertura del sistema —hoy solo se pensiona el 25 % de los colombianos— y cómo hacerlo sostenible, teniendo en cuenta que las pensiones se llevan un promedio de 40 billones de pesos del presupuesto anual.
“La reforma pensional la van a pasar. Y tenemos claro que el Gobierno le va a apuntar a acabar el régimen de prima media (administrado por Colpensiones). Es posible que ni siquiera toquen la edad, que no suban los aportes, que no bajen las mesadas o que solo se les baje a los de altos ingresos, pero el corazón de la reforma será que los colombianos solo se puedan pensionar con lo que ahorren en su vida laboral, como ya lo ha dicho el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Eso es destruir el régimen de prima media”, aseguró Jorge Gómez, representante a la Cámara por Antioquia del Polo Democrático Alternativo.
Por su parte, el integrante del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, también representante a la Cámara por Antioquia, calificó las afirmaciones de los partidos de oposición al Gobierno como populistas.
“La discusión no es si el régimen de pensiones es privado o público, sino si es viable o inviable. El debate no puede ser ideológico, sino responsable. Tenemos que decirnos la verdad en estas materias porque no es equitativo que el país se gaste 40 billones para un número no superior a 2 millones de pensionados, mientras el 80 % de la población no alcanza a jubilarse. La propuesta debe estar revestida de criterios técnicos y sociales, no populistas”, expresó el representante.
Pérez, quien dijo no saber si el Gobierno le dará trámite a la reforma pronto, también criticó a quienes han insinuado que los fondos privados deben desaparecer porque, a su juicio, este análisis desconoce la realidad de los cotizantes y del porcentaje de trabajadores que no alcanzará una pensión.
Uno de los congresistas que ha pedido revisar que sigan existiendo los fondos de pensiones privados es el senador antioqueño del partido Conservador, Juan Diego Gómez, quien piensa que la discusión de la reforma no es prioritaria mientras no se tengan los suficientes argumentos técnicos para tramitarla.
“No estoy claro de que el Gobierno tenga en la agenda la reforma pensional. Aunque la mencionó, en su momento la ministra de Trabajo, Alicia Arango (hoy del Interior), ha causado más alboroto que consenso. No veo ni el acuerdo ni los votos ni los elementos que hemos solicitado nosotros para hacer una reforma pensional acompañada de un estudio técnico de una entidad externa y la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que permita garantizar mínimos como una pensión básica, que sobrepase la línea de pobreza; y que nos deje revisar la existencia y permanencia de los fondos privados”, señaló el senador.
Reforma laboral
Sobre la reforma laboral, el debate se centra en si se permiten formas de contratación más laxas, la llamada flexibilidad, que para algunos van en contra de los derechos adquiridos de quienes hoy tienen empleos formales. Sin embargo, tampoco hay claridad en si el Gobierno, que hace unos meses dijo que no la radicará este año, ya tiene listo el proyecto.
La manera en que se ha manejado políticamente la posible presentación o no de esta reforma y la pensional también genera críticas entre los expertos en temas de protección social del país, como la exministra y excongresista Cecilia López Montaño, quien está de acuerdo en que estas son inaplazables, pero dice no ver en los funcionarios del Gobierno la preparación técnica para tramitarlas.
“Personalmente estoy muy preocupada por los argumentos que se están planteando. Son muy difíciles de sostener y eso va a ser un debate a futuro. No solo estamos frente a una bomba pensional, sino social, porque el problema no es solo que los ancianos no están recibiendo ingresos para una pensión digna, que es cierto, sino que el grueso de la población trabajadora tampoco está pudiendo cotizar. Entonces la reforma pensional, en su sentido completo, tiene una absoluta prioridad”, expresó López Montaño.
Y opina, en el mismo sentido, sobre la laboral: “La Ministra de Trabajo la embarró de manera irremediable cuando habló del empleo por horas sin ninguna explicación o estudio conceptual”.
El exministro del gobierno de Juan Manuel Santos, Juan Camilo Restrepo, también critica la manera en que el gobierno de Iván Duque ha promovido estas iniciativas.
“La ley pensional y ley del trabajo son muy importantes, pero veo al Gobierno muy enredado en su preparación. El solo hecho de decir que va a llevar el tema pensional a una comisión de concertación previa, antes de llevarlo al Congreso, ya le va a incorporar un elemento inmenso de consultividad a la discusión. Si no las presenta directamente, no le alcanzan a salir en esta legislatura”, aseguró el exministro.
El representante Pérez defiende las actuaciones en tal sentido de los funcionarios de Duque y exalta que están haciendo lo que otros “gobiernos pasaron de agache”.
Otros proyectos
En materia económica se discutirán otras iniciativas durante esta legislatura, tanto por proyectos que están en trámite desde la pasada, como por los nuevos que preparan los diferentes partidos y que, en su mayoría, pasarán por las comisiones Tercera de Senado y Cámara, como es lo habitual.
La senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, considera que, aunque será un semestre tranquilo para la Comisión Tercera del Senado, donde el año pasado se discutieron el presupuesto y la reforma tributaria, destaca “una norma para lograr que a los pequeños negocios se les pague las facturas con menos de 45 días para que puedan salir adelante”.
A esta iniciativa, que ya está en trámite, se le suma otra que cursa en la Cámara para que también se obligue a las entidades del Estado a hacer pagos con un tiempo no mayor a 30 días, que aliviaría asuntos como los retrasos de los recursos que llegan al sistema de salud, explicó el representante Pérez, integrante de la Comisión Tercera.
En la agenda también hay una propuesta sobre la participación de las entidades territoriales en proyectos de generación de energías alternativas renovables, que permitiría que los municipios y departamentos sean socios de los mismos para obtener más recursos.
Asimismo, el Polo Democrático presentará un proyecto de reforma al Código de Minas, para darle trámite a la formalización minera, y anunció otro para solucionar el limbo en que están hoy las plataformas digitales de transporte.
“Básicamente les dirá a las plataformas que se pueden usar tranquilamente donde quieran, siempre y cuando lo que se refiere a transporte público individual de pasajeros sea para pedir un taxi, como lo señala la Ley”, indicó el representante Jorge Gómez.
También existen iniciativas legislativas que pretenden darle más dientes a la Dian en el control del contrabando y la evasión de impuestos. Y en la Comisión Tercera se tendrán que revisar el proyecto que exige al sector financiero cobrar cero comisiones por algunas transacciones bancarias.
Entre otros en curso, entrará el que crea un fondo para la celebración de los 500 años de Cartagena, enfocado en la erradicación de la pobreza en la ciudad y que va para segundo debate.
En cuanto a reformas de Ley, se destaca la que pedirá cambiar los criterios para trasladar recursos desde la nación hacia los entes territoriales. Es lo que se conoce como el Sistema General de Participaciones (SGP). “Es fundamental porque Antioquia y Medellín reciben enormes recursos de esa fuente y tenemos que estar muy alertas para que a todos los municipios y al departamento les vaya muy bien con los criterios novedosos que se fijen para esos propósitos”, destacó el representante Pérez.
Debates y control político
En cuanto acciones de control político, los integrantes del Congreso tendrán la tarea de fiscalizar la ejecución de los 279 billones de pesos del presupuesto anual de la nación, así como la forma en que se reparten los recursos de las regalías y el SGP.
También, algunos congresistas han anunciado debates de control político a entidades estatales. Al Ministerio de Hacienda, se le pedirá cuentas sobre la situación de la economía, por el aumento del desempleo. De igual forma, al Banco de la República, por su política monetaria y la influencia en la fluidez de créditos, y al Ministerio de Salud, para que explique las denuncias de la Contraloría, sobre un cartel de medicamentos de alto costo, entre otros (ver ¿Qué sigue?) .
$ 40
billones se llevan las pensiones del presupuesto de la nación: Gobierno
$ 279
billones es el presupuesto del país en 2020 y que fiscalizará el Congreso.
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