Ayer la Corte Constitucional le dio facultades a Colpensiones para que revocara las consideradas “megapensiones” que entregó esa institución por valor de 58.000 millones de pesos, a razón de que según la Corte, estas fueron concedidas de manera fraudulenta.
El proceso para revocar esas pensiones estuvo liderado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, entidad que argumentó que se estaba permitiendo la consecución de esos pagos de manera ilegal, situación que además ponía en riesgo al sistema y le pasaba factura a las arcas del estado colombiano.
De hecho, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica había dicho que fueron 1.564 los casos en lo que se presentaron irregularidades y que fueron denunciados por Colpensiones ante la Fiscalía General de la Nación, investigaciones que dieron inicio a los respectivos procesos penales por fraude a historias laborales.
Según lo dio a conocer la Corte Constitucional, el caso principal para evidenciar las actuaciones fraudulentas de algunos de los interesados en conseguir una pensión de Colpensiones se dio tras un fallo del Tribunal Administrativo de Barranquilla.
El caso tuvo como protagonista a Álvaro Antonio Riquet Ortíz, quien según el organismo judicial, cometió una maniobra irregular para acceder a una pensión por vejez. Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica, aseguró que con el fallo se protege el dinero del sistema público y se le dan más herramientas a Colpensiones para que actúe cuando se trata de actuaciones que denotan ilegalidades en la consecución de una jubilación.
Precisamente por esto último es que la decisión de la Corte Constitucional se considera como histórica. Cabe recordar que los hechos que Colpensiones denunció datan desde 2015.
A marzo de este año, y según cifras de la Superintendencia Financiera, en Colombia había 1,50 millones de pensionados, de los cuales 1,34 millones corresponden al Régimen de Prima Media (que maneja Colpensiones) .
