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El presidente Iván Duque sancionó ayer la ley que extiende hasta marzo de 2021 el subsidio a la nómina en un 40 % del salario mínimo para trabajadores de empresas cuyos ingresos hayan caído más de 20 % por la pandemia en el país. En el caso de firmas de turismo, hotelería, gastronomía y las actividades artísticas será del 50 %, al igual que para las mujeres.
El mandatario recordó que el beneficio ha contribuido a proteger 3.375.000 trabajos hasta la fecha, y que en el texto que extiende el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), también se determinó el subsidio del 50 % para el pago de la prima de diciembre a empleados que ganen hasta un millón de pesos en compañías en las que facturación haya caído por lo menos 20 % (ver Paréntesis).
Al mismo tiempo que Duque destacó que “hoy en América Latina no hay ningún programa que se equipare al Paef”, se realizó la tercera jornada del ciclo de conferencias de ‘Economía de la informalidad’ impulsadas por la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, en la que expertos debatieron los pendientes laborales de Colombia.
Por ejemplo, Carmen Pagés, exjefa de la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), anotó que más allá de los programas sociales, en el territorio nacional hay problemas de fondo como el hecho de que solo “un 15 % de quienes trabajan por cuenta propia están afiliados a pensión”, proporción que en Brasil y Costa Rica llega al 37 % y 40 %, respectivamente, según el BID.
Además, la experta aseguró que los datos de esa organización también muestran que los cuenta propia representan el 46 % de la mano de obra en Colombia, siendo el país con la segunda tasa más alta de este tipo después de Bolivia, y que esta cifra, sumada al hecho de que pocos de ellos contribuyen a seguridad social “propician la alta informalidad laboral”, que en agosto cerró en 47,4 % en las 23 principales ciudades colombianas, de acuerdo con el Dane.
Para Norman Loayza, economista líder en el Grupo de Investigación para el Desarrollo del Banco Mundial, es claro que se hay que avanzar en una reforma estructural para estos problemas, y postuló que esta debe ir acompañada de políticas flexibles para contratar y despedir personal, un modelo amplio de seguridad social y programas de reentrenamiento para quienes salen del mercado laboral sigan capacitándose.
De su lado, el viceministro de Empleo y Pensiones, Andrés Uribe, detalló que de cara al futuro el país tendrá que pensar en cómo contrarrestar el dilema de que quienes salen de las instituciones educativas tienen perfiles distintos a los que demandan las empresas.