En el Consejo de Ministros que se desarrolla en Córdoba, el Gobierno Nacional confirmó que le pidió a la Corte Constitucional levantar la medida que suspendió la emergencia económica.
El ministro explicó que el Gobierno no puede paralizarse frente a la actual crisis climática y que, por el contrario, debe buscar caminos y alternativas para obtener los recursos adicionales que se requieren para atender esta coyuntura.
“Se hace necesario el establecimiento de una medida de emergencia económica con la cual pueda el Gobierno acceder a recursos complementarios económicos para enfrentar estos hechos”, sostuvo el ministro de Hacienda.
El jefe de cartera planteó que para la recuperación de la zona afectada se necesitarían cerca de $8 billones: para atender las inundaciones y la recuperación económica, precisó.
Entérese: Crisis climática reabre pulso entre Petro y la Corte Constitucional, ¿se puede reactivar la emergencia económica?
En ese orden, Ávila contó que el Gobierno le hizo la solicitud de levantar la suspensión que realizó el pasado 29 de enero de la emergencia económica.
Esta abierta la puerta a delcarar una nueva emergencia económica
El Ejecutivo también contempla un segundo escenario: la declaratoria de una nueva emergencia económica. En ese caso, aclaró que las medidas que se adopten deberán ser distintas a las incluidas en la emergencia anterior, ya que no pueden repetirse disposiciones que hoy se encuentran suspendidas provisionalmente.
En ese contexto, el ministro indicó que el Gobierno plantea concentrarse en una medida central de financiamiento: la búsqueda de recursos mediante un impuesto al patrimonio, con un criterio progresivo, similar al aplicado en otras propuestas tributarias y a experiencias previas como los impuestos a la riqueza implementados antes.
Ávila precisó que se tendría especial cuidado en no afectar a los sectores empresariales de la pequeña y mediana industria. Por ello, el impuesto al patrimonio para personas jurídicas se aplicaría únicamente a partir de patrimonios líquidos de 200.000 UVT, equivalentes a cerca de 10.000 millones de pesos.
Para el año 2026, estos patrimonios tendrían una tarifa marginal de 0,6% hasta los 600.000 UVT —unos 30.000 millones de pesos—, mientras que los patrimonios superiores a ese umbral tributarían con una tarifa de 1,2%.
Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, esta medida aplicaría a cerca de 15.000 empresas con patrimonios elevados y permitiría recaudar aproximadamente 8 billones de pesos. El impuesto se establecería mediante un decreto posterior a la declaratoria de la nueva emergencia económica.
Finalmente, Ávila afirmó que este mecanismo constituye la estrategia de financiación y de respuesta del Gobierno frente a las actuales demandas de recursos, y expresó su expectativa de que la Corte Constitucional sea coherente con una realidad excepcional, sobreviniente y evidente, que obliga al Ejecutivo a adoptar medidas extraordinarias para atender la situación del país.
Le puede gustar: Atención: Corte Constitucional suspende decreto de emergencia económica del Gobierno Petro
Regístrate al newsletter