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Maya requiere a la constructora de Reficar

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29 de enero de 2016
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La firma norteamericana CB&I (Chicago, Bridge and Iron), que fue el principal contratista en la ampliación de la Refinería de Cartagena (Reficar), estaría saliendo del país sin entregar toda la información que requiere la Contraloría General de la República (CGR) para adelantar la auditoría a la filial de Ecopetrol.

Así lo advirtió hoy el contralor Edgardo Maya Villazón: “la información que tenemos, y lo vamos a constatar, es que se están yendo del país y creo que pueden incurrir en conductas de carácter penal”.

El funcionario explicó que es fundamental la información faltante, para establecer los responsables de los sobrecostos y demás situaciones irregulares que señaló el organismo de control en un estudio sectorial revelado esta semana.

“Hay que entregar toda la información, no se puede borrar y no se pueden sustraer discos duros de los equipos, lo que están haciendo, según algunas denuncias que se han conocido”, enfatizó Maya.

Dijo que la Contraloría necesita toda la información posible sobre la forma como se ejecutó la construcción de la Refinería de Cartagena, para poder entregar al país los resultados sobre los responsables del incremento de 4.023 millones de dólares en los costos.

Vale la pena señalar que el martes se instaló en Cartagena la comisión que realizará la auditoría al proyecto Reficar y, en caso de que se requiere confiscar documentos, discos duros y cualquier información adicional de CB&I. La CGR hará uso de las funciones de policía judicial para estos efectos, anunció Maya Villazón.

“En la auditoría que iniciamos profundizaremos en situaciones que se encontraron en el estudio sectorial realizado por la Contraloría Delegada de Minas y Energía, en materia de contratación y subcontratación, y vamos a precisar cuál es la calidad constructiva de la obra, la eficiencia de la inversión y la magnitud del impacto fiscal de la misma. Y esperamos que Reficar siga entregando la información requerida, como lo ha hecho hasta ahora”, anotó.

El funcionario insitió en que se requiere toda la documentación posible para entregar resultados a la sociedad colombiana de los responsables de estos hechos.

Precisó que no se trata solo de personas vinculadas a entidades colombianas, sino también a los contratistas internacionales que han intervenido en este proceso. “Ellos no pueden llegar a evadir esta responsabilidad yéndose del país”, concluyó.

4.023
millones de sobrecostos denunció la Contraloría General.
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