Por las inconsistencias de un juzgado del municipio de Bello, que decretó un embargo en contra de las cuentas de EPM, la empresa radicó el martes, 3 de agosto, un recurso de reposición y una acción de tutela en contra de las decisiones que profirió ese despacho.
En información relevante enviada anoche a la Superintendencia Financiera, la empresa insistió en que no ha sido notificada oficialmente de esta acción de grupo.
“No obstante, en la noche del martes 3 de agosto pudo conocer una copia informal del auto que decreta el embargo por la suma de 30.000 millones de pesos a las cuentas bancarias de varias entidades públicas y empresas privadas que están demandadas en esta acción. Es importante indicar que, en este auto, el juzgado no ordenó el embargo de las cuentas bancarias de EPM”, se lee en el texto.
La compañía añadió que por alguna razón, que desconoce, el mismo juzgado remitió oficios a las entidades financieras en las que EPM tiene cuentas bancarias ordenando su embargo por una suma de “30 billones de pesos” y, pese a que el juzgado, a instancias de EPM, ya rectificó que la suma realmente embargada era de 30.000 millones de pesos y no de 30 billones de pesos, no ha explicado por qué persiste la orden dirigida a los bancos para que practiquen embargos que no han sido decretados.
“Estas y otras inconsistencias del juzgado, motivaron a EPM a radicar un recurso de reposición y una acción de tutela en contra de las decisiones del juzgado. Por ahora, EPM espera el desenlace de las acciones jurídicas interpuestas”, se precisó en el reporte.
Pese a las anotaciones enviadas a la superintendencia anoche miércoles 4 de agosto, el martes el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, dijo que la empresa ya había sido notificada de una medida cautelar en su contra derivada de una acción de grupo que busca un resarcimiento económico por cuenta de las afectaciones que habría generado la Planta de Tratamiento Aguas Claras, ubicada en el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá.
Incluso, Carrillo aseguró que las empresas de servicios públicos y sus cuentas tienen unas protecciones especiales porque, según dijo, “si fueran embargables se pondría en riesgo la prestación del servicio”.
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