Justo & Bueno consiguió el respaldo de más del 65 % de sus acreedores y ahora espera la aprobación por parte de Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) para avanzar en el proceso de reorganización de la compañía.
“Con la mayoría de votos a favor, los acreedores de Justo & Bueno aprobaron el proceso de reorganización de la compañía. Esta votación es un requisito que exige la superintendencia a las empresas que buscan acogerse al proceso de reorganización. La solicitud se realizó el pasado 30 de abril durante el Estado de Emergencia que se vivía a causa de la pandemia”, explicó la empresa en un comunicado.
Jean- Marc François, director de Justo & Bueno, expresó que “esta votación es un logro que hemos alcanzado como equipo con nuestros clientes, proveedores y aliados, especialmente durante estos tiempos difíciles para todos. Continuaremos aportando a la economía de las familias colombianas y democratizando el consumo de productos de calidad a precios justos”.
Según se indicó este espaldarazo a una de las cadenas de tiendas de descuentos líder en el país, le permitirá reactivarse y continuar ofreciendo productos de calidad a precios justos. “Para Justo & Bueno la mejor manera de proteger a sus colaboradores, proveedores, acreedores y aliados es continuar operando y aportando a los hogares colombianos”, se insistió en el texto.
Esta cadena tiene presencia en 310 municipios de Colombia y genera 20.000 empleos de los cuales 9.300 son directos. Desde su inicio hace cinco años ha aportado a fortalecer a más de 450 empresas y microempresas, y ha generado una inversión extranjera en el país de más de 285 millones de dólares.
Justo & Bueno, propiedad de Reve Group, es una mercadería colombiana cuyo concepto está basado en la idea del almacén o tienda de alimentación de grandes descuentos. La cadena abrió su primera tienda en febrero del 2016, en el barrio el Restrepo, de la ciudad de Bogotá.
Reve Group cuenta con el respaldo de sus socios y fondos de inversión como Australis Partners y la IFC, del Banco Mundial que exige criterios como: ser técnicamente viable; contar con buenas perspectivas de rentabilidad; beneficiar a la economía local y cumplir con estándares sociales y ambientales.
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