El Gobierno llevará al Congreso en octubre una propuesta para reducir gradualmente el 4x1.000 y eliminar el impuesto al patrimonio, junto con un ajuste del gasto.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara una propuesta legislativa para reducir progresivamente el impuesto a los movimientos financieros, conocido como 4x1.000, una de las medidas que haría parte de la denominada Ley de Rescate, que el Ejecutivo prevé presentar ante el Congreso en la segunda quincena de octubre.
El anuncio ha sido replicado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, señalando que el gravamen no puede eliminarse de manera inmediata debido al peso que tiene actualmente en los ingresos del Estado. La intención, según lo informado por Bloomberg Línea, es establecer un proceso gradual de reducción.
La iniciativa hace parte de la agenda económica que el mandatario colombiano ha planteado desde su llegada a la Casa de Nariño. La eliminación del 4x1.000 fue una de las promesas económicas de su campaña y se suma a una estrategia que busca priorizar la reducción del gasto público antes que incrementar la carga tributaria.
Por ahora, no existe una nueva tarifa aprobada ni se conocen las etapas concretas del desmonte. El impuesto continúa vigente y cualquier modificación deberá ser aprobada por el Congreso.
El principal desafío para desmontar el impuesto está relacionado con su capacidad para generar ingresos de manera inmediata y relativamente sencilla para el Estado.
Según las cifras suministradas por la Dian, en junio el gravamen a los movimientos financieros aportó $1,3 billones, mientras que durante el primer semestre de 2026 el recaudo alcanzó $8,4 billones. En el mismo periodo de 2025 se habían recaudado $7,5 billones, por lo que el ingreso aumentó alrededor de 11%.
La propia Dian define el Gravamen a los Movimientos Financieros como un impuesto indirecto de carácter nacional que recae sobre determinadas transacciones financieras. Su hecho generador está asociado, entre otras operaciones, a la disposición de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros.
Este nivel de recaudo explica por qué el Gobierno plantea una reducción progresiva y no una eliminación inmediata. El ministro de Hacienda ha señalado que se trata de un impuesto eficaz para las finanzas públicas, aunque considera que debería comenzar a reducirse.
El Gravamen a los Movimientos Financieros cobra $4 por cada $1.000 involucrados en las operaciones sujetas al impuesto. En términos prácticos, el tributo representa un costo que aparece en distintas transacciones realizadas a través del sistema financiero.
Su impacto ha generado críticas por el carácter regresivo que se le atribuye, debido a que puede afectar proporcionalmente más a personas con menores ingresos y a quienes realizan un mayor número de movimientos financieros.
Para reducir ese efecto existen determinadas exenciones. Cada persona puede marcar una cuenta bancaria como exenta, siempre que los movimientos mensuales no superen las 350 UVT, equivalentes a $18.330.900 en 2026.
También existen beneficios para las cuentas de pensionados hasta determinados topes y para los depósitos de bajo monto, como los utilizados por plataformas como Nequi o Daviplata, cuando las transacciones mensuales no superan las 65 UVT, equivalentes a $3.404.310 en 2026.
Estas condiciones buscan limitar el impacto del impuesto sobre determinados usuarios, aunque el gravamen continúa aplicándose a las operaciones que no están cobijadas por las exenciones.
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Mientras que para el Estado el 4x1.000 representa una fuente importante de recursos, desde el sector financiero se ha cuestionado el costo que genera para la economía.
El argumento es que el impuesto puede desincentivar el uso del sistema financiero formal, encarecer las transacciones y reducir la eficiencia de las operaciones económicas. Por esta razón, distintos actores del sector han planteado su desmonte gradual como parte de una estrategia para modernizar el sistema financiero colombiano.
En este contexto, durante el Latam Fintech Market 2026, Colombia Fintech hizo un llamado al Gobierno Nacional para establecer una política pública que impulse el desarrollo de las empresas de tecnología financiera y convierta la innovación en acciones concretas para el crecimiento económico y el bienestar financiero.
Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, sostuvo que Colombia debe pasar de debatir la tecnología en términos generales a aprovechar efectivamente las herramientas de innovación financiera.
Entre las propuestas del gremio está el fortalecimiento del sistema Bre-B, mediante el levantamiento de topes y la habilitación del recaudo estatal. La idea es que esta infraestructura pueda utilizarse para canalizar pagos del Gobierno Nacional tanto a personas como a empresas. Dentro de ese paquete de propuestas también aparece el desmonte gradual del 4x1.000.
La Ley de Rescate no se limitaría al gravamen sobre las transacciones financieras. La propuesta contempla además la eliminación del impuesto al patrimonio, dentro de la estrategia anunciada por el Gobierno para modificar el esquema tributario y reducir la presión sobre determinadas actividades económicas.
Versiones periodísticas han recogido declaraciones del ministro de Hacienda en las que ha planteado que la prioridad de la administración es reducir el gasto público antes que aumentar los impuestos. La estrategia fiscal contempla medidas de austeridad y una revisión de la estructura del Estado.
El Gobierno también ha señalado que el Presupuesto General de la Nación de 2027 incorpora medidas de austeridad por más de $21 billones, principalmente asociadas a la reducción de gastos en bienes y servicios.
De esta manera, el desmonte de algunos tributos estaría acompañado por un esfuerzo para disminuir el tamaño y el costo de funcionamiento del Estado.
Vale anotar que el 4x1.000 tiene su origen en una medida que inicialmente fue concebida como temporal en 1998, cuando se estableció un gravamen de 2x1.000. Con el paso de los años, el impuesto se mantuvo, aumentó su tarifa y terminó convirtiéndose en una fuente permanente de ingresos para las finanzas públicas.
Su permanencia durante casi tres décadas ha hecho que diferentes gobiernos hayan planteado, en distintos momentos, la posibilidad de desmontarlo. Sin embargo, ninguno ha concretado hasta ahora una eliminación completa.
La dificultad central ha sido encontrar una fuente alternativa que permita sustituir de manera inmediata los recursos que genera sin aumentar otros impuestos o deteriorar las cuentas fiscales.
La propuesta de la administración De la Espriella vuelve a poner esa discusión sobre la mesa, pero con una diferencia: el Ejecutivo plantea vincular el desmonte del 4x1.000 a una política más amplia de reducción del gasto.
El Gobierno prevé radicar la Ley de Rescate en la segunda quincena de octubre. Será en ese momento cuando se conocerán los detalles técnicos del proyecto, incluyendo el cronograma y las condiciones bajo las cuales se reduciría el 4x1.000.
Hasta entonces, el impuesto continuará aplicándose bajo las reglas actuales. La reducción anunciada no implica que el gravamen deje de cobrarse desde octubre, pues cualquier cambio deberá surtir el trámite legislativo correspondiente.
El debate estará centrado en cómo compensar los $8,4 billones que el 4x1.000 aportó durante el primer semestre de 2026, al tiempo que el Gobierno busca eliminar otros tributos y reducir el gasto público.
La discusión tendrá además como telón de fondo las necesidades fiscales del país. El Congreso aprobó para 2027 un presupuesto de $634,9 billones, en un escenario de fuertes presiones sobre las finanzas públicas y con un déficit fiscal proyectado de 9,4% del PIB antes de las medidas de ajuste planteadas por el Ejecutivo.
Así, el eventual desmonte del 4x1.000 no solo será una discusión sobre el costo de las transacciones financieras. También será una prueba para la estrategia fiscal del Gobierno: reducir impuestos mientras busca contener el gasto y garantizar los recursos necesarios para financiar las obligaciones del Estado.
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