La decisión judicial frena el traslado de recursos hacia Colpensiones y, según el Gobierno, pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema pensional colombiano.
Los ministerio de Hacienda y del Trabajo manifestaron su preocupación por la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente la totalidad del Decreto 415 del 20 de abril de 2026, una norma que, según el Gobierno, buscaba garantizar la estabilidad financiera y la operación adecuada del Sistema General de Pensiones.
La medida judicial, adoptada mediante auto del 11 de mayo de 2026, impide temporalmente el traslado hacia Colpensiones de los recursos correspondientes a ciudadanos que decidieron acogerse a la oportunidad excepcional de traslado contemplada en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024.
De acuerdo con el pronunciamiento oficial, la suspensión del decreto genera un impacto significativo sobre la sostenibilidad del sistema pensional colombiano, debido a que bloquea el traslado de recursos de afiliados que optaron voluntariamente por pasar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones.
Según explicaron los ministerios, estas personas consolidaron su situación jurídica con el propósito de pensionarse bajo ese régimen. Sin embargo, con la decisión del Consejo de Estado, los recursos que financian dichas pensiones permanecerían en fondos privados, mientras la obligación de pago recaería sobre Colpensiones.
Para el Gobierno, este escenario resulta financieramente insostenible y jurídicamente inviable.
“No resulta financieramente sostenible ni jurídicamente exigible a Colpensiones el pago de las obligaciones pensionales de una persona que se traslade a esa administradora, pero que los recursos destinados a financiar su prestación permanezcan atrapados en una administradora privada”, señalaron las entidades.
El Ejecutivo explicó que la suspensión total del Decreto 415 de 2026 se originó porque el Consejo de Estado consideró que la norma reglamentaba la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional, pese a que dicha ley permanece suspendida por decisión de la Corte Constitucional desde hace dos años.
En ese contexto, Hacienda y Trabajo recordaron que, mientras la reforma no entre en vigencia, el marco jurídico aplicable sigue siendo el establecido en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
Esa normativa, precisaron, prohíbe que un afiliado pertenezca simultáneamente a dos regímenes pensionales, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 100.
“El referente jurídico vigente en materia pensional continúa siendo el Sistema General de Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993”, indicaron los ministerios.
Las carteras de Hacienda y Trabajo insistieron en que los recursos involucrados en la controversia mantienen una destinación exclusiva hacia la seguridad social y el pago de pensiones, por lo que negaron cualquier riesgo de desprotección de los ahorros de los afiliados.
Además, argumentaron que la suspensión del decreto podría generar un riesgo mayor para los trabajadores que buscan pensionarse en Colpensiones, ya que impediría el traslado de los recursos necesarios para financiar esas obligaciones.
El Gobierno sostuvo que esta situación contradice el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política.
“Es imposible exigir a Colpensiones el pago de sus obligaciones pensionales cuando se niega el traslado de los ahorros de los afiliados para su financiación”, concluyó el pronunciamiento oficial.
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