La reforma tributaria aprobada en diciembre por el Congreso estableció un Impuesto al Consumo (Impoconsumo) del 2,0 % a los negocios con inmuebles nuevos o usados, cuyo valor supere las 26.800 Unidades de Valor Tributario (UVT), es decir 918,4 millones de pesos.
De esta imposición están exentos los bienes o predios rurales destinados a actividades agropecuarias. Pero, ¿dónde se paga esta obligación?, ¿quién es el responsable del recaudo? La inquietud la planteó Federico Estrada García, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia.
“Lo que dice la norma es que antes de escriturar hay que pagar. Pero, esto hay que reglamentarlo porque en esta momento ni los notarios están facultados para recibir el Impoconsumo. Supuestamente, podría hacerse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que ha tenido algunos formularios para esos efectos”, comentó el dirigente gremial.
¿Duda generalizada?
En la misma línea se expresaron fuentes de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), al indicar que aún falta que el gobierno reglamente ese recaudo y notifique quién y cómo debe hacerlo.
No obstante, desde que surgió la iniciativa y se discutió en el Congreso en el trámite de la Ley de Financiamiento, la presidente de Fedelonjas, María Clara Luque, la cuestionó y calificó el impuesto como antitécnico.
“No entendemos el porqué se aplica el Impoconsumo a la vivienda usada si este impuesto está definido para ciclos económicos, en la vivienda usada no hay valor agregado ni de consumo no forma parte de ningún proceso de actividad económica ni es producción, comercialización ni importación. Tampoco se puede hablar de Impoconsumo pues la vivienda usada no es un consumible”, añadió.
A su turno, Juan Hernando Muñoz, presidente en Antioquia de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, expresó que los notarios tampoco tienen claridad sobre la manera cómo se debe cumplir ese trámite.
Para el 30 de enero está prevista en Medellín una capacitación, que también se dictará en distintas ciudades, y que busca esclarecer el mecanismo que se adoptará para cumplir el procedimiento. “Supondríamos que ese impuesto tendrían que retenerlo los notarios y ellos entregárselo a la Dian”, mencionó.
EL COLOMBIANO hizo la consulta ante la Dian, y la entidad respondió que avanza en el proceso de definición y reglamentación del mecanismo, sin precisar detalles ni fijar fecha para su aplicación.
Desde la Lonja se indicó que los proyectos de bienes con valor superior a los 918 millones de pesos (vivienda y oficinas) se ubican, principalmente, en sectores de El Poblado y Envigado, y en algunos zonas de Rionegro como Llanogrande.
