La codirectora del Banco de la República, Laura Moisa, reflexionó sobre los principales desafíos económicos del país en política monetaria y también contestó a las críticas sobre su cercanía con las políticas del presidente Gustavo Petro.
Moisa explicó su visión más amplia de la política económica, en la que la estabilidad de precios debe complementarse con debates estructurales sobre productividad, innovación y desigualdad en Colombia.
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En esta entrevista con EL COLOMBIANO, la economista sostuvo que Colombia debe dejar atrás un modelo basado en salarios bajos y dependencia del petróleo para dar paso a una economía que apueste por el valor agregado, la innovación y la sostenibilidad. Aquí el diálogo
Pasó de la academia a ser codirectora del banco central, ¿cómo ha sentido ese cambio?
“Ha sido un reto muy bonito. Son los mismos temas que he trabajado durante 20 años de carrera, pero ahora desde la función pública, en el sentido de hacer política económica. En la universidad también hay función pública, pero desde la enseñanza, el aprendizaje y la investigación; en cambio, aquí se trata de diseñar política, lo que implica un compromiso y una responsabilidad mucho mayores.
He tenido que adaptarme a un cambio grande de ritmo. En la universidad todo es más pausado: una zona de investigación, ahora estoy cerrando una que ya lleva cinco años; mientras que en el banco las decisiones son más inmediatas, muy ligadas al día a día, a los datos del mes y a la coyuntura. Además, se requiere pensar más rápido y con una visión más amplia, porque en la academia uno tiende a especializarse en uno o dos temas, pero aquí hay que tener un panorama más amplio”.
¿Cómo ha sido la adaptación institucional, viniendo de una universidad pública a una entidad como el Banco de la República?
“Ha sido muy diferente. La estructura y la forma de trabajo son distintas. En la universidad hay una relación más horizontal entre colegas que comparten trayectorias similares. En el banco, en cambio, hay jerarquías más marcadas y una carrera institucional diferente. Sin embargo, la experiencia de haber dirigido una sede universitaria me ayudó mucho a comprender la gestión y la toma de decisiones en una estructura compleja como esta”.
¿Qué aporta ese paso por la universidad a su labor en la codirección del banco?
“Creo que el principal aporte es la posibilidad de ver el pensamiento económico desde un espectro más amplio. En la academia se debate mucho, uno está obligado a enseñar todas las corrientes de pensamiento, a ofrecer herramientas diversas para analizar los fenómenos económicos. En cambio, los bancos centrales —por su estructura y la historia de su consolidación— tienden a centrarse en una forma particular de interpretar la economía.
Mi formación me ha permitido aportar otras visiones. La economía es una ciencia social, y por tanto puede observarse desde distintos ángulos. No hay una causalidad única, sino correlaciones y múltiples caminos para explicar los fenómenos. Esa diversidad enriquece el debate dentro del banco, que es fundamental para tomar mejores decisiones”.
Algunos sectores cuestionaron su nombramiento por su cercanía con el Gobierno o su horizonte político ¿Cómo ha manejado eso y qué le responde a esas críticas?
“Creo que todos los presidentes nombran a sus codirectores con la posibilidad de que esté dentro de su espectro político, pero una vez dentro del Banco de la República prima la independencia institucional. Se permite el debate, pero no el cambio total de política ni la imposición de una política porque no somos mayoría y así lo fuéramos, pues independientemente de que a uno le guste o no como este gobierno está haciendo las cosas, pues se debe pensar primero en el país.
Mi compromiso —y el de todos los codirectores— es con el país. En mi caso, actúo con responsabilidad como funcionaria pública, buscando siempre lo mejor para Colombia. Si en algún momento coincidimos con el Gobierno, bienvenido el debate; si no, también. Todos los gobiernos siempre han nombrado codirectores y ha primado la responsabilidad y esto no ha cambiado”.
Muchos esperaban que las tasas de interés bajaran como pedía el Gobierno, pero se han mantenido estables ¿Por qué?
“Los argumentos están en las minutas de la junta, donde se reflejan claramente las diferentes posiciones. Hay miembros que defienden mantener las tasas, otros que creen que deben bajar rápido y algunos proponemos hacerlo de forma más gradual.
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El mandato constitucional del banco es controlar la inflación, y la tasa de interés es la herramienta principal para cumplir esa meta. En este momento, la junta está priorizando la estabilidad de precios, evaluando cuidadosamente los riesgos que podrían impedir alcanzar la meta de inflación”.
Algunos analistas señalan que los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación han presionado los precios. ¿Usted comparte esa visión?
“Siempre he defendido la necesidad de mejorar la calidad del empleo y los ingresos de los trabajadores. El problema es que la estructura económica del país aún no permite que esas mejoras para que se impulsen otras formas de acumulación. Se acumula vía salarios bajos, Colombia se quedó en esa forma; y la otra es con innovación y saltos tecnológicos. La innovación, como muestran los premios Nobel de Economía recientes, es lo que está generando crecimiento. Pero innovar implica transformaciones profundas y el Estado debe acompañar esas transiciones para que las personas y las empresas no caigan en la pobreza.
Colombia, históricamente, ha sido un país más rentista que productivo. Tenemos tierras y empresas improductivas, y gran parte de nuestras empresas viviendo de salarios bajos. Subir el salario tiene un efecto sobre la inflación, pero no es el único costo, uno de los más grandes es que no logramos innovar ni ser más productivos. Si no damos ese salto seguiremos en un sistema productivo basado en la intesidad precaria del trabajo. Estamos en el siglo XXI y los trabajadores no pueden ser pobres, eso fue en el siglo XIX. Es ilógico que las personas que trabajan 10 o 12 horas diarias y aún así no logran sostener a su familia.
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Por eso, el debate del salario mínimo no puede reducirse a su efecto inflacionario. Aunque existe una relación, el problema está en la baja productividad y en los altos costos estructurales de la economía. Hoy, por ejemplo, los alimentos son el principal factor que impulsa la inflación, en parte porque dependemos de insumos importados costosos en un país con tierras fértiles con vacas y no produciendo comida”.
¿Cómo lograr ese salto tecnológico y productivo?
“El país tiene un capital humano extraordinario. Las universidades públicas y privadas forman jóvenes de altísimo nivel, muchos de los cuales se destacan en el exterior. Sin embargo, no logramos ofrecerles aquí oportunidades acordes a su talento. Si contáramos con centros de pensamiento e innovación tecnológica sólidos, tendríamos empresas más productivas, capaces de competir globalmente, y hacer robótica de alto nivel.
Sin embargo, seguimos anclados en en la canción de Ana y Jaime, Café y Petróleo. La historia económica del país se repite desde hace más de un siglo. Necesitamos transformar eso, garantizar seguridad alimentaria y promover la tecnología para combatir la inflación de una manera distinta, sin depender solo de tasas de interés o de ajustes salariales, que es como lo hace la estructura colombiana, y si bien no es papel del Banco transformar la productividad ni el modelo de desarrollo, sí podríamos hacer un debate sobre por qué están subiendo los precios en Colombia, lo arriendos y demás”.
A propósito del salario mínimo, no hay nada oficial, pero que las centrales obras estarían pensando en un aumento de dos dígitos, incluso cercano al 11 %, como sugirió el presidente Petro, ¿cómo ve ese escenario para la economía?
“Depende mucho. Un aumento de esa magnitud puede generar presiones inflacionarias, pero también podría mantener el consumo. Hay un problema grave y es la alta indexación de precios al salario mínimo. En Colombia muchos bienes y servicios están atados automáticamente a ese incremento. Por ejemplo, las cuotas de administración en los conjuntos residenciales, donde el 90 % de los costos corresponden a personal de aseo y vigilancia.
En los últimos años se había avanzado en reducir esa práctica, pero aún falta mucho por hacer. Y hay otro punto clave: el impacto fiscal. Gran parte del gasto del Estado corresponde a funcionamiento, especialmente a pensiones y a salarios públicos. Así que un alza fuerte del salario mínimo también presiona las cuentas fiscales”.
¿Qué tipo de política permitiría mitigar ese impacto sin afectar el ingreso de los trabajadores?
“Creo que deberíamos retomar debates que se daban hace años sobre cómo reducir brechas. Por ejemplo, que los ingresos más bajos crezcan más rápido, mientras los más altos se moderan un poco. En Colombia las desigualdades son enormes.
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El otro día revisaba la tabla del impuesto de renta: aunque la última reforma cerró algunas bandas, sigue siendo muy desigual. Una persona con ingresos altos, pero sin ser millonaria, puede terminar pagando lo mismo que Ardila Lülle o Santo Domingo. Eso no ocurre en economías más igualitarias y reconocen el trabajo.
También hay que preguntarse si en un país como el nuestro tiene sentido que ciertos cargos públicos ganen más de 40 o 50 millones de pesos mensuales. No se trata de castigar el mérito, sino de equilibrar el sistema. Un debate así sería necesario, aunque quizás no se dé este año. Además, estamos en un periodo preelectoral, y todos sabemos que en esos años el salario mínimo tiende a subir por encima de lo habitual, ¿y quién es el votante? el 70 % de los colombianos gana hasta dos salarios mínimo”.
El presidente Petro ha advertido que mantener inalteradas las tasas de interés podría causar estanflación, incluso habló recesión, ¿eso sí podría ocurrir?
“El problema no es tanto mantener las tasas inalteradas, y otra vez es mi opinión personal, es que todavía existe una brecha muy alta entre la tasa nominal y la tasa real. Esa diferencia representa la ganancia del sector financiero porque especulan con la tasa de interés, o sea cuando la inflación baja y las tasas nominales siguen altas, el rendimiento del capital financiero se vuelve muy atractivo. Es un fenómeno que va desde los hogares —personas que prefieren dejar su dinero en un CDT en lugar de gastarlo o invertirlo— hasta los grandes capitales internacionales que llegan al país buscando rentabilidad financiera.
Colombia necesita atraer capital porque no tiene un mercado financiero profundo, y una tasa de interés alta lo logra. Pero el riesgo es que ese capital se está quedando en la esfera especulativa. Por otro lado, la tasa real sigue tan alta que está encareciendo el crédito para la inversión productiva.
Entonces, el problema no es mantener la tasa inalterada, sino la alta diferencia entra la tasa nominal y la real, eso genera que el dinero no se vaya para la producción y el consumo, sino para la especulación. Muy sencillo, tú tienen un capital, entonces te vas por tasa de interés porque es muy alta y no generas producción ni empleo. Eso podría afectar la inversión, pero en este momento no se observa todavía, pero puede ser que en cualquier momento el capital se vaya más inversión en interés y no a la producción”.
El déficit fiscal también preocupa. ¿Cómo ve la situación actual de las finanzas públicas?
“Es una situación supremamente preocupante, y no es responsabilidad exclusiva de este gobierno. Es un problema acumulado desde antes de la pandemia. Lo que sí hay que reconocer es que el actual Ministerio de Hacienda ha sido muy transparente en mostrar las cuentas.
Por ejemplo, el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo tenía deudas aplazadas desde hace años, y este gobierno decidió pagarlas con recursos líquidos, lo que generó una presión de caja. A eso se suma el alto endeudamiento que quedó tras la pandemia. En resumen: se pagaron obligaciones atrasadas y eso redujo la liquidez del Estado.
Y además hay un componente de inflexibilidad enorme del gasto público. Según las cifras del banco, el 87 % del presupuesto nacional es inflexible, y el Ministerio de Hacienda habla incluso de un 92 % en el Marco Fiscal. Eso deja solo entre el 8 % y el 13 % de margen para inversión. Con tan poca maniobra, es casi imposible impulsar proyectos estructurales: seguimos hablando del metro de Bogotá después de 20 años”.
¿Cree que ahí falló en algo en el diseño del Estado y la Constitución del 91?
“Más que la Constitución, creo que el problema fue que el Estado dejó de hacer políticas estructurales por políticas muy focalizadas. El Estado empezó a llenar vacíos con decretos y subsidios puntuales —energía para un sector, alivios para otro— y eso terminó fragmentando la acción pública.
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Yo tengo una visión personal y es que sí hubo fallas en las reformas de los años noventa: se creía que aquí el mercado podía asumir funciones, pero es que aquí no existía el mercado. Nuestro mercado de capitales, por ejemplo, depende casi por completo de los TES del gobierno. No tenemos una estructura privada robusta.
Además, lo privado ha avanzado siempre muy ligado a lo público. Se vio con programas como Ser Pilo Paga o con las regalías, que apoyan iniciativas privadas pero sin una visión de largo plazo. Después de tres décadas, volvimos al mismo punto: una economía dependiente del petróleo.
La transición energética va a ocurrir, nos guste o no. Hay que ver si la mejor forma fue como la hizo este gobierno. Está bajando el petróleo y lo ambiental está pesando mucho, habrá una transición que no es mañana, puede ser en 40 o 50 años, pero debemos prepararnos”.
Hablemos de pensiones. El Banco administrará el fondo de ahorro del nuevo sistema. ¿En qué va ese proceso?
“El banco está listo desde hace tiempo. Sin embargo, sin el fallo de la Corte Constitucional y el conjunto de leyes que se necesitan para echar adelante, pues el Banco no puede avanzar. Hicimos la tarea a los decretos que supimos, pero es posible que eso cambie. El Banco acompañará el proceso, pero no tomará decisiones directas; eso le corresponde al Consejo. Nuestra función será garantizar la seriedad, la técnica y la confianza institucional que caracterizan al Banco”.
Una crítica a la reforma pensional es que no se tocó la edad de jubilación. ¿Debería subirse la edad?
“El modelo fue diseñado para permitir ajustes graduales más adelante. La base no cambia, pero se pueden hacer modificaciones posteriores. La propuesta técnica fue elaborada por la Universidad Nacional, con un modelo actuarial robusto basado en big data. Según ese análisis, aún no era necesario aumentar la edad; el foco debía ser la cobertura y el enfoque de género. El nuevo sistema por generaciones busca asegurar la sostenibilidad, evitando el fracaso de modelos puramente individuales, como el chileno, o totalmente solidarios, que no funcionaban con la nueva estructura demográfica”.
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