El presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X que su intención es liquidar Air-e “para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña”.
La frase abrió más preguntas que respuestas y encendió las alarmas en los sectores político, gremial y en los propios usuarios del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La empresa lleva casi dos años bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, un proceso que no solo no logró sanear sus finanzas, sino que agravó su situación.
Cuando el Gobierno tomó posesión de Air-e, la deuda era de $530.000 millones. Hoy, con seis interventores de por medio, esa cifra escala a $2,3 billones.
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Los gremios dicen que la liquidación carece de sustento jurídico
La Veeduría Ciudadana a la Intervención de Air-e —conformada por los Comités Intergremiales del Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y ANDI Atlántico-Magdalena— fue enfática: el anuncio carece de respaldo jurídico.
Cualquier fusión entre Air-e y Gecelca requiere autorizaciones, trámites regulatorios y procesos corporativos, financieros y administrativos que, en condiciones normales, toman años. Y los acreedores tienen mecanismos legales para oponerse a operaciones que afecten el cobro de sus créditos.
La veeduría también advirtió sobre el momento elegido para el anuncio: Colombia está entrando en un período de El Niño que reducirá la capacidad de las hidroeléctricas para generar energía. La incertidumbre generada por la liquidación llega exactamente cuando el sistema necesita más estabilidad, no menos.
De los $2,3 billones en deuda total de Air-e, la distribución es la siguiente: $1,5 billones a empresas térmicas generadoras de energía, $420.000 millones a generadoras hidráulicas y $610.000 millones a transmisores y transportadores de energía.
Además, el gremio denuncia que el Gobierno acumula billonarios retrasos en el giro de subsidios para los estratos 1, 2 y 3, y en el pago de saldos pendientes de la opción tarifaria. Esas deudas, a diferencia de las de Air-e, son una obligación directa del Estado con los colombianos más vulnerables.
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“Un acto irresponsable”: los gremios energéticos cuestionan a Petro
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), fue contundente: liquidar la empresa con ese nivel de deudas acumuladas es “irresponsable y poco sensato”.
Su argumento es técnico y urgente. La Superintendencia de Servicios Públicos, en el momento en que formalice el acto de liquidación, debe dejar de prestar el servicio y de vender energía a los usuarios. En términos prácticos, eso significaría cortar la luz a tres departamentos de manera automática.
“El Gobierno estaría condenando a tres departamentos a estar apagados automáticamente al momento de la liquidación”, advirtió Castañeda.
La salida, según el gremio, es encontrar otro operador que asuma el servicio para 1,3 millones de hogares. Pero esa gestión, hasta ahora, no ha comenzado. “Al día de hoy, el Gobierno no ha hecho ninguna gestión para buscar un operador que tenga la idoneidad suficiente”, señaló el líder gremial.
Castañeda descartó esa posibilidad. Las distribuidoras estatales son pequeñas y no tienen capacidad financiera para absorber una empresa que pierde entre $150.000 y $200.000 millones al mes. Asumir esos pasivos sin músculo económico sería cambiar un problema por otro mayor.
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El fantasma del apagón financiero regresa
La liquidación de Air-e, además de ser un problema regional, puede desencadenar un efecto dominó sobre todo el sistema eléctrico nacional.
Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, explicó que si se formaliza la liquidación, operará una suspensión de las deudas contraídas por la empresa. Eso precipitaría el llamado “apagón financiero” que ya habían advertido XM —el operador del mercado eléctrico—, la Contraloría General y la Procuraduría General de la Nación.
La Contraloría había advertido desde mayo que la situación de Air-e intervenida seguía deteriorándose y representaba un riesgo real para la estabilidad del mercado eléctrico. En carta al superintendente Felipe Durán, el ente de control identificó las deudas millonarias de la empresa —que superaban los $6 billones en ese momento— como uno de los seis riesgos críticos del sector.
Semanas antes del anuncio presidencial, la Procuraduría ya había exigido a la empresa intervenida entregar sus estados financieros auditados desde septiembre de 2024, la relación de contratos superiores a $500 millones y un plan concreto para atender las obligaciones acumuladas con el mercado. La respuesta nunca llegó con la contundencia que los entes de control esperaban.
Dos años de intervención sin resultados visibles
Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de los Servicios Públicos del Caribe, resumió en cifras el fracaso de la intervención: recaudo del 73%, uno de los peores del país, y pérdidas eléctricas cercanas al 31%. En lugar de mejorar, la empresa empeoró.
“En lugar de mejorar el perfil financiero de la empresa, la situación económica empeoró”, dijo Alarcón, que también advirtió sobre las consecuencias jurídicas internacionales que enfrentaría el Estado colombiano.
Las generadoras térmicas ya acudieron a instancias internacionales y presentaron una demanda contra Colombia ante el Banco Mundial por cerca de 200 millones de dólares. La pregunta que nadie ha respondido: ¿quién va a pagar esa cuenta?
El presidente Petro apunta a fusionar Air-e con Gecelca, la generadora pública del Caribe. Pero Alarcón plantea serias dudas sobre esa operación. Air-e tiene activos importantes, pero también pasivos gigantescos. Y nadie ha explicado qué pasará con los $2,5 billones adeudados a los generadores de energía durante el período de intervención.
“Debe aclararse quién asumirá las deudas acumuladas durante la intervención”, insistió el vocero de los usuarios.
El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, fue directo: en dos años de intervención nunca hubo una solución real. El Gobierno cambió de interventores más de cuatro veces sin encontrar una salida estructural al problema.
“Vienen improvisando y no buscan alternativas reales al tema”, afirmó Meisel, quien advierte que se avecinan “épocas muy difíciles para las poblaciones de la región Caribe”.
Andrés Castañeda también señaló que la intervención modificó la regulación para obligar a los generadores a seguir vendiendo energía a Air-e aunque esta no pagara. Esa decisión administrativa es la que explica el salto de deuda desde $530.000 millones en 2024 a los $2,3 billones actuales.
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