La decisión final recaerá en la Corte Constitucional, que deberá evaluar si el decreto cumple con los requisitos de necesidad, urgencia y proporcionalidad exigidos para este tipo de medidas excepcionales.
Esta semana será decisiva para el futuro de la emergencia económica decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, una medida con la que el Ejecutivo busca cerrar el déficit fiscal y cubrir los vacíos del Presupuesto General de la Nación para 2026.
En ese contexto, los magistrados Juan Carlos Cortés y Carlos Camargo pusieron sobre la mesa solicitudes clave ante la Sala Plena de la Corte Constitucional.
Cortés propuso una suspensión parcial de los decretos, limitada a ciertos impuestos indirectos. Según información conocida por El Tiempo, su solicitud se centraría específicamente en tributos como el IVA del 19% aplicado a las bebidas alcohólicas y a las apuestas en línea.
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Mientras tanto, Camargo planteó frenar de manera provisional tanto el decreto principal de la emergencia como el decreto reglamentario que creó los nuevos tributos.
En su ponencia, el magistrado Camargo advirtió que el Gobierno no habría logrado justificar de forma adecuada la urgencia y necesidad de la emergencia económica, lo que, a su juicio, habría derivado en una extralimitación de funciones del Ejecutivo al imponer impuestos con fuerza de ley.
La decisión final recaerá en la Corte Constitucional, que deberá evaluar si el decreto cumple con los requisitos de necesidad, urgencia y proporcionalidad exigidos para este tipo de medidas excepcionales.
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El fallo podría impactar el recaudo estimado de $16 billones con el que el Gobierno busca financiar su plan fiscal.
En paralelo al examen jurídico, el Senado retomará este martes 27 de enero las sesiones extraordinarias para continuar con el debate de control político alrededor de la emergencia económica.
Estas discusiones se habían iniciado a finales de 2025, pero fueron aplazadas por la ausencia de varios ministros y las respuestas consideradas insuficientes por parte del Ejecutivo ante los cuestionamientos del Congreso.
El escenario se ha visto además tensionado por un debate interno en la Corte Constitucional.
El presidente del tribunal, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, solicitó que sea la Sala Plena la que defina si debe apartarse o no del análisis sobre la suspensión del decreto, al advertir que podría configurarse una causal de impedimento por haberse pronunciado previamente sobre el tema.
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La Sala Plena deberá resolver en los próximos días tanto la eventual aceptación del impedimento como las solicitudes de suspensión, en una decisión que marcará el alcance del uso de los estados de excepción en materia fiscal.
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