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Tras un 2020 impactado por la pandemia que contrajo la actividad minera un 26 %, la más alta desde que se tienen registros, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) espera este año que la recuperación sea de dos dígitos (ver Para saber más).
Los cálculos del gremio, que preside Juan Camilo Nariño, estiman un crecimiento de 15 %, a pesar de que persisten los problemas en la producción de carbón y que la entrada a construcción de las minas que se tienen previstas para este año solo tendrán un efecto en el Producto Interno Bruto (PIB) cuando inicien producción, 3 o 4 años más adelante.
No obstante, el dirigente gremial explicó que se espera un leve repunte en la producción de carbón así como un crecimiento en la producción aurífera jalonada por la minería empresarial, en la que las inversiones en ampliación y mejoras de la capacidad instalada den fruto durante este año. Además, se estima que se retorne a una producción normal de níquel y que la activación del sector constructor impulse la minería no metálica en el país.
“Aunque los pronósticos son positivos de cara a la recuperación, será indispensable que el Gobierno, las instituciones y las empresas mineras articulen sus esfuerzos para alcanzar las metas”, expresó Nariño en rueda de prensa (ver gráfico).
En ese sentido, insistió en que los principales retos del sector serán: impulsar una política de exploración que permita atraer mayores inversiones para futuras operaciones, y construir un marco normativo para la competitividad del carbón nacional, que permita recuperar los niveles de producción de años anteriores y que esté dirigido a la conquista de nuevos mercados, principalmente el asiático.
Frente a los anuncios de reforma tributaria, el gremio confió en que esta no afecte la competitividad del sector. “La minería será fundamental para la recuperación económica de Colombia y necesita que las próximas regulaciones garanticen mejores condiciones, en un año clave para la diversificación de la canasta minera”, declaró Nariño.
El experto del sector minero, Eduardo Chaparro, coincidió con la ACM en la claridad normativa que se requiere para la actividad minera, pues advirtió que en la actualidad hay unos 12 proyectos legislativos en el Congreso que, de una u otra manera, están orientados a paralizar la minería.
“A esto hay que prestarle atención porque espanta cualquier posibilidad de desarrollo. Hace poco se hundió la pretendida reforma constitucional para prohibir la minería en áreas de páramo y otra sobre zonas de amortiguación y zonas de exclusión, pero hay otras iniciativas vivas que atentan contra la posibilidad de desarrollar con seguridad jurídica y económica actividades de exploración”, dijo Chaparro a EL COLOMBIANO.
En ese sentido, por ejemplo, la Mesa Minero Agro Ambiental del Nordeste antioqueño planteó sus reparos frente al Proyecto de Ley 059 del año 2020, hecho por los ministerios de Justicia, de Defensa, de Minas y Energía y de Ambiente, que pretende aumentar las penas por el desarrollo de las actividades mineras ilegales y que, de entrada, dijeron defenderán su contenido en el Congreso.
Jaime Gallego, presidente de la Mesa, explicó que la iniciativa afecta “injustamente” a los mineros tradicionales y de subsistencia, ya que, por carecer de un título o contrato de concesión, se les asimila a mineros ilegales, desconociendo la naturaleza y carácter ancestral de su actividad legítima, además de la propiedad que sobre esos territorios por ellos ocupados se les reconoce en instancias internacionales.
“Pedimos la construcción de una política pública minera y la formalización de la actividad minera de subsistencia, de manera que se proteja a los más de tres millones de mineros ancestrales y tradicionales a nivel nacional, quienes derivan el sustento y garantizan la seguridad alimentaria de sus familias mediante la actividad minera ancestral”, anotó el dirigente, quien planteó la posibilidad de convocar una movilización nacional para que sus reclamos sean atendidos.
En línea con las observaciones de la ACM, que pidió establecer una política de exploración minera, Chaparro abogó por estimular esta actividad que, contrario a lo que piensa la gente, no causa daños ambientales y le aporta información valiosa sobre los territorios, de forma gratuita, al país.
En ese contexto, Andrés Felipe Rodríguez, director de la Asociación Colombiana de Exploración (Acexplo), destacó el proceso de selección para 5 Áreas Estratégicas Mineras (AEM) en el país, por parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM).
En la última semana de marzo, la entidad oficial puso a disposición de los interesados los bloques, ubicados en los municipios de La Paz y San Diego (Cesar) y La Jagua del Pilar y Urumita (La Guajira), con un área total de 6.559,59 hectáreas con alto potencial para cobre y otros polimetálicos.
“Serán las empresas exploradoras las que oferten por esos bloques, para generar proyectos de alto impacto positivo en las comunidades con enfoque de protección ambiental, y en lo que se van a concentrar en este momento es por cobre, oro y polimetálicos”, mencionó Rodríguez, quien resaltó que las empresas que más apostarán por esa tarea serán empresas junior extranjeras (ver Dicen de...).
De otro lado, la ACM precisó que hasta 2019 el carbón térmico fue el primer renglón del PIB minero en el país. Sin embargo, en 2020 la producción se redujo 38,6 %, alcanzando un mínimo de 49,3 millones de toneladas, una cifra que nadie imaginó cuando se hicieron los pronósticos a comienzos de año y que sucedió por la suma de varios factores.
En la lista figura el hecho de que los precios del carbón ya venían en una importante caída hasta antes de la pandemia por la mayor oferta de gas en el mercado y la reducción de la demanda del mineral. Y los distintos anuncios de cierre de los mercados europeos a la compra de carbón como consecuencia de las metas de reducción de emisiones se materializaron en 2020 de manera más acelerada de lo estimado.
Por otro lado, hubo aspectos locales que impactaron la producción de carbón durante el 2020, como algunas decisiones judiciales que siguen frenando la explotación carbonífera, así como la huelga de Cerrejón que duró 91 días y más recientemente el anuncio de Prodeco de devolver sus títulos mineros por la inviabilidad económica de la operación.
En contraste, la multinacional Drummond informó que el fin de semana anterior realizó el primer cargue de carbón con destino a los Emiratos Árabes.
“Aproximadamente 8.900 millas náuticas recorrerá el buque Fortune (en la ruta vía Mar Mediterráneo y Canal de Suez) para seguir con el mineral colombiano rumbo a Dubái. Las 164.257 toneladas del mineral serán usadas por esta ciudad para la generación de energía por parte de la moderna central termoeléctrica Hassyan Energy”, se lee en un comunicado.
Contrastando con la perspectiva positiva y de recuperación del sector minero, Juan Pablo Soler, integrante de las Comunidades Setaa (Sembradoras de Territorios, Aguas y Autonomías) y del movimiento social Ríos Vivos, advirtió de los impactos a perpetuidad de esta actividad.
“Son efectos que se generan hoy y van a pasar más de 100 años para poderlos mitigar o hacer que desaparezcan, y en el debate que ha tenido el país en el caso del páramo de Santurbán, en Santander, las consideraciones de esos impactos fueron los que llevaron a la autoridad ambiental a definir que no valía la pena poner en riesgo el abastecimiento de agua de los habitantes de Bucaramanga por ese proyecto”, dijo.
Otro aspecto negativo está asociado a las denominadas externalidades no previstas, que surgen por ejemplo por la mala ejecución de un proyecto y que ponen en riesgo a las comunidades. En ese contexto, Soler pregunta: “¿Vale la pena apostarle a la explotación minera si nos va a traer en el mediano plazo más impactos negativos que beneficios?”.
Y agrega: “Sin desconocer las bondades del negocio, porque extraer carbón dará calor y producirá otras cosas, ¿qué tanto nos cuenta frente a los impactos que sería necesario mitigar?; por eso, le apostamos a un modelo económico basado en la exportación de productos agroecológicos, más que a la extracción de minerales”