Los más de 80 despidos en la Cancillería y en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) han abierto un debate sobre el rol del Ministerio del Trabajo. Aunque existen fundamentos para que esa cartera intervenga por lo menos con un pronunciamiento, hasta ahora ha guardado silencio, a diferencia de su actuación casi inmediata en el caso con empresas privadas.
Y es que Iván Jiménez, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, sostuvo que ese Ministerio sí tiene competencias claras para investigar estos casos, incluso cuando se presentan en entidades del Estado.
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De hecho, el experto explicó que esos funcionarios desvinculados podrían acudir al MinTrabajo de manera individual o colectiva, a través de los sindicatos. “El sindicato tiene la posibilidad de interponer una queja ante el Ministerio del Trabajo para que vigile. Y en general también individualmente”, explicó Jiménez.
La cuestión es que según la modalidad contractual de los trabajadores retirados, los hechos podrían configurar un despido colectivo, figura frente a la cual el Ministerio tiene facultades de inspección, vigilancia y control. “El Ministerio del Trabajo tiene competencias tanto sobre entidades públicas como privadas que tengan trabajadores”, precisó.
Mayor competencia en contratos laborales
Álvaro Jiménez, exdirector seccional de la Territorial del Ministerio del Trabajo en Caldas, aclaró que la competencia del Ministerio recae en mayor parte en el tipo de vinculación laboral de cada funcionario.
Jiménez explicó que el Ministerio del Trabajo sí puede actuar cuando se trata de trabajadores oficiales vinculados mediante contratos laborales, siempre que exista una posible vulneración de derechos.
Sin embargo, precisó que la situación cambia cuando se trata de personal administrativo de carrera o nombrado en provisionalidad. En esos casos, la competencia no recae en el MinTrabajo. “Lógicamente, ya en esos casos no es competencia del Ministerio del Trabajo”, afirmó, al recordar que estos funcionarios están regulados por el régimen administrativo y no por el Código Sustantivo del Trabajo.
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El exdirector territorial subrayó que, mientras los trabajadores oficiales pueden acudir al Ministerio del Trabajo, quienes estén vinculados por actos administrativos deben acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. “Ya tendrían que ir ante los juzgados o tribunales contencioso-administrativos”, explicó.
Ministerio no investigaría porque sería “pegarse un tiro en el pie”
Pese a la existencia de herramientas legales, Iván Jiménez expresó dudas sobre una posible actuación del Ministerio. “Probablemente no lo hará porque eso es como pegarse un tiro en el pie”, sentenció, al comparar la situación con los procesos de control que esa entidad suele adelantar cuando los despidos se producen en compañías privadas.
EL COLOMBIANO le preguntó al MinTrabajo si se pronunciará sobre dichos despidos, pero hasta el momento no hay respuesta.
Efectivamente, el Ministerio actuó rápidamente en casos de empresas privadas: el pasado noviembre, tras la salida de decenas de empleados en Caracol Radio y La W, la cartera anunció medidas de vigilancia y acciones inmediatas para revisar si los despidos respetaron la legislación laboral.
En noviembre de 2025, puso la lupa contra el Club El Nogal en Bogotá por un presunto despido masivo de más de 130 trabajadores, quienes habrían sido presionados para firmar “retiros voluntarios”. La entidad desplegó inspecciones en el lugar para verificar posibles violaciones a los derechos laborales.
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El análisis se vuelve más sensible cuando se trata de funcionarios de carrera administrativa, cuya desvinculación solo puede darse por causales específicas, como faltas disciplinarias, edad de retiro o pensión. “Habría que mirar bajo qué causales los están retirando”, advirtió el investigador.
Jiménez mencionó que es probable que dichos despidos obedezcan a un ajuste anticipado de la planta de personal con miras a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, periodo en el que las entidades públicas no pueden ni desvincular funcionarios ni vincular nuevos.
Añadió que es clave vigilar qué ocurre con esos cargos, ya que, tratándose de funcionarios de carrera, suelen ser ocupados luego mediante nombramientos en provisionalidad. Esto implica que los relevos se estarían haciendo antes de la Ley de Garantías, una práctica que puede generar sospechas fundadas sobre eventuales fines electorales.
Despidos en la Cancillería ponen la experiencia en riesgo
En la Cancillería de Colombia, sindicatos y trabajadores han alertado sobre la salida de personal con amplia trayectoria. Desde la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) se habla de un “número significativo” de desvinculaciones en consulados, misiones diplomáticas y sedes administrativas.
Según cifras oficiales, el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta actualmente con 620 cargos de libre nombramiento y remoción, 252 de carrera administrativa y 866 de carrera diplomática y consular. Sin embargo, el sindicato asegura tener mapeadas al menos 52 desvinculaciones recientes, incluidos casos de funcionarios con entre 18 y 30 años de carrera.
La presidenta de Unidiplo, Ana María Moreno, afirmó que “funcionarios de carrera, que llevan hasta 15 años vinculados, nos dicen que no habían visto una oleada tan alta en tan poco tiempo”.
Desde la central obrera también se expresó preocupación por el momento en que se producen los retiros, en plena antesala de procesos electorales. “No sabemos si es un plan de renovación o cambio, porque estamos a poco tiempo de elecciones y para los tiempos estamos muy cerca”, señaló Moreno.
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El personal consular cumple funciones clave en los comicios en el exterior y recibe capacitaciones de la Registraduría, que incluyen simulacros. La llegada de nuevos funcionarios, sin esa preparación y con el calendario en contra, podría afectar la operación electoral.
Además, el sindicato cuestionó que estos movimientos no se hayan realizado después de las elecciones legislativas y presidenciales y advirtió que la Cancillería no ha informado un plan de contingencia ni el criterio técnico detrás de las decisiones.
Dapre despide otras 30 personas
En paralelo, en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República también se registraron desvinculaciones. Al menos 30 funcionarios con años de experiencia fueron declarados insubsistentes este lunes 26 de enero, pocos días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, prevista para el sábado 31 de enero.
Estos movimientos, sumados a los de la Cancillería, han reforzado las alertas sobre un posible uso político de los cargos públicos. Jiménez advirtió que los puestos podrían llenarse en provisionalidad antes de la Ley de Garantías, lo que “puede generar sospechas claras de fines electorales”.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué pasa con los funcionarios de carrera administrativa o provisional?
- Deben acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
- ¿Por qué preocupa el momento de los despidos?
- Se producen días antes de la Ley de Garantías y podrían influir en nombramientos con fines electorales.
- ¿Qué papel tienen los sindicatos?
- Pueden interponer quejas ante el Ministerio del Trabajo o exigir seguimiento a la desvinculación.
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