A contramano de la relativa estabilidad y cohesión que suele acompañar el ocaso de un mandato —periodo natural para finiquitar metas y proyectos—, el gobierno de Gustavo Petro encara su recta final sumido en un desbarajuste administrativo. Lo que en los pasillos de la Casa de Nariño se lee como “lealtad popular”, hacia afuera se percibe como una desarticulación técnica con visos de desdén por la institucionalidad. Dos hechos conocidos esta semana confirman la tendencia: el nombramiento de un bachiller para manejar un presupuesto billonario y la eliminación de la barrera del idioma en la diplomacia.
Le recomendamos leer: El día en que el nuevo minIgualdad participó en un linchamiento a soldados en el Cauca
La controversia más aguda recae sobre Alfredo Acosta Zapata, líder indígena designado para liderar el Ministerio de la Igualdad, una cartera que, pese a su joven creación, ha estado en el ojo del huracán por su baja ejecución. El despacho, que el año pasado administró un presupuesto de $1,29 billones, vuelve a ser cuestionado por la idoneidad de su cabeza. Según la hoja de vida cargada en el portal de aspirantes de la Presidencia, Acosta no cuenta con títulos universitarios ni experiencia previa en la administración pública. Su trayectoria se reduce a su paso por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
La llegada de Acosta se produce tras la salida de Juan Carlos Florián, quien ya había generado ampolla por su nula experiencia en el sector y su pasado como creador de contenido para adultos. No obstante, el caso de Acosta escala la preocupación: se trata de entregar la chequera de la equidad social a alguien que nunca ha gestionado recursos estatales.
“Es un mensaje devastador para la meritocracia. El señor acredita únicamente el bachillerato. No tiene estudios técnicos ni universitarios y, lo que es peor, no ha manejado un peso del erario ni ha diseñado una política pública en su vida”, denunció la representante Katherine Miranda (Alianza Verde). Desde la oposición, la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) fue más tajante: “Aquí no se premia el mérito, sino la ideología. Es el desmantelamiento de la capacidad técnica del Estado”.
Le puede interesar: ¿Austeridad selectiva y en elecciones? Gobierno Petro bajó el salario de los congresistas, pero no para los actuales legisladores.
Mientras Igualdad lidia con sus nombramientos, el Ministerio de Relaciones Exteriores sacudió al cuerpo diplomático al modificar su Manual de Funciones. La nueva normativa suprime la obligatoriedad de que los embajadores hablen y escriban inglés o cualquier otro idioma oficial de las Naciones Unidas. Esta decisión no es aislada; responde a la dificultad del Ejecutivo para ubicar a aliados políticos que no cumplen con los estándares históricos de la carrera consular.
Para Camilo Reyes, excanciller con más de tres décadas de experiencia, la medida es un retroceso histórico. “Es un insulto a los funcionarios que dedican su vida a estudiar y concursar. Ahora una persona sin título y sin idiomas podrá representar al país, creando un abismo de privilegios entre quienes deben cumplir la ley y quienes entran por amistad presidencial”, declaró Reyes a este diario.
Además, la medida tiene un impacto fiscal indirecto: el Estado deberá engrosar la nómina de traductores y asesores de apoyo para cubrir las deficiencias de comunicación de sus propios embajadores en plazas estratégicas como Washington, Londres o Ginebra.
El panorama se torna más oscuro al revisar las cifras de ejecución. Diversos informes de seguimiento presupuestal señalan que carteras críticas, como Igualdad y Vivienda, han mostrado niveles de gasto históricamente bajos, lo que expertos atribuyen a la curva de aprendizaje de funcionarios sin formación técnica. La improvisación en los nombramientos se traduce en proyectos estancados y recursos que se quedan en el papel mientras las comunidades esperan soluciones.
A esto se suma la tensión interna. En el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, el clima es de zozobra. Persisten los rumores sobre la presunta negativa de visa estadounidense a la canciller Rosa Villavicencio. De confirmarse, la ministra no podría acompañar al presidente Petro en su cita clave con su homólogo Donald Trump el próximo 3 de febrero, un golpe simbólico y político de proporciones mayores para la política exterior colombiana.
Lea más: MinIgualdad y el escándalo de un “fondo paralelo”: el derroche de $140 mil millones en contratos justo para elecciones
Incluso, fuentes cercanas a la Casa de Nariño aseguran que el jefe de Estado habría pedido la renuncia del vicecanciller Mauricio Jaramillo. Consultado por EL COLOMBIANO, Jaramillo fue escueto: “No me han pedido la renuncia”. Sin embargo, al ser interrogado sobre el estatus migratorio de Villavicencio y la estabilidad de la cúpula diplomática, prefirió el silencio.
El “Gobierno del Cambio” parece estar cerrando su ciclo traicionando una de sus promesas centrales: la dignificación de lo público. En lugar de un Estado robustecido por expertos, lo que se observa es una estructura que se flexibiliza para acomodar intereses políticos.
- ¿Quién es Alfredo Acosta Zapata y por qué genera polémica?
- Es el nuevo jefe del Ministerio de la Igualdad; su nombramiento genera críticas por ser bachiller sin experiencia en administración pública.
- ¿Qué cambios hizo el gobierno Petro en la diplomacia?
- Eliminó la obligación de que los embajadores dominen idiomas oficiales de la ONU, afectando la meritocracia y aumentando costos de traducción.
- ¿Cómo afecta esta crisis administrativa a Colombia?
- Proyectos estancados, bajo gasto de carteras críticas y riesgo de deterioro de la institucionalidad pública.
Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.
Regístrate al newsletter