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La decisión que mantiene en firme la revocatoria a los aranceles de 20 % a los tubos de acero soldados al carbono de origen chino encendió las alarmas en la industria.
La decisión del primero de octubre reitera la posición de abril pasado: se encontró que hay una venta por debajo del precio normal, que incluso puede ser menor al costo de producción (dumping), y daño a la industria, pero no causalidad entre estos para gravar los tubos chinos.
José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, aseguró que estas decisiones “responden a un criterio técnico en el que se evalúa formalmente la existencia o no del dumping. Se toma por un comité de prácticas comerciales”.
Según Andrés Ramírez, director de la Cámara Colombiana del Acero (Camacero), “la medida tendría impacto sobre 10 empresas que generan 5.000 empleos y mueven cerca de un billón de pesos”.
Se trata de estructuras para conducción de fluidos (como los de redes contra incendios), conducción eléctrica, cerramientos y muebles.
En la misma vía Juan Manuel Lesmes, director de la Cámara Fedemetal de la Andi, aunque se respeta la decisión del Ministerio no la comparte, desde el sector se considera que sí se registraban estas causas para mantener la medida.
De acuerdo con Camacero, en el país se consumen 3,5 millones de toneladas de ese producto, de las cuales 300.000 son tubos, 9 % de la industria.
Ramírez menciona que además de constituir una competencia desleal, los tubos chinos, en muchas ocasiones “no cumplen con las pruebas de calidad, su soldadura se abre”.
Dice que Australia, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea protegen sus empresas del gigante asiático con aranceles entre 18 % y 179 %, mientras en Colombia las están “sentenciando a muerte”.
“China produce más del 50 % del acero mundial, produce con sobrecapacidad: de los 900 millones de toneladas al año, le sobran 100 millones que terminan en América Latina y África. Eso es lo que nos termina afectando”, concluyó Ramírez.