A través de su cuenta en la red X, el presidente Gustavo Petro solicitó al Ministerio del Trabajo realizar inspecciones en las estaciones de gasolina de todo el país para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores del sector.
Asimismo, ordenó la implementación de controles y mecanismos de fiscalización más estrictos con el propósito de impedir que el combustible nacional termine en manos del narcotráfico.
“El Ministerio del Trabajo debe inspeccionar bombas de distribuidores de gasolina para garantizar los derechos laborales de acuerdo con la ley”, escribió el mandatario.
Controles más estrictos al combustible
Ministro de Minas responde a gremios y defiende políticas del Gobierno
Estas declaraciones se dieron luego de un mensaje del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, relacionado con la participación del Gobierno en el Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos.
En su publicación, el ministro respondió a las críticas de algunos gremios del sector frente a las políticas del Ejecutivo y reiteró la disposición del Gobierno para dialogar y fortalecer la transparencia en la distribución de combustibles.
El funcionario también hizo un llamado a los distribuidores para que se sumen a los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y en la reducción de los subsidios que favorecen a los sectores con mayores ingresos.
“Invitarlos a luchar contra el narcotráfico, desmontar los subsidios a quienes, como ellos, tienen camionetas lujosas a diésel que pagan los más pobres, y dignificar la vida de tantos trabajadores que nos abastecen de combustible todos los días, les parece una incomodidad a sus privilegios”, escribió el ministro.
Contraloría advierte sobre uso de combustibles por redes del narcotráfico
El debate sobre el manejo del combustible nacional coincidió con las más recientes alertas de la Contraloría General de la República. El contralor Carlos Hernán Rodríguez manifestó su preocupación por el uso que las estructuras criminales estarían haciendo del combustible para financiar y ejecutar sus actividades ilícitas.
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Según el informe de la Contraloría, entre el 4% y el 12% de la demanda nacional de gasolina podría estar vinculada a actividades ilícitas, en especial al narcotráfico, lo que aumenta la presión sobre las finanzas públicas y las importaciones.
Riesgos fiscales y efecto inflacionario
La Contraloría también alertó sobre el costo fiscal de las exenciones tributarias a los combustibles en zonas de frontera, estimado en $417 mil millones anuales, y advirtió que podrían fomentar el contrabando.
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Frente a las medidas del Gobierno para incrementar ingresos —como el aumento del IVA a combustibles y biocombustibles—, el organismo de control advirtió que esto podría impactar la inflación, el crecimiento económico y la competitividad.
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