El Decreto 1428 de 2025, que propone un precio diferencial para el diésel según el tipo de vehículo, enfrenta cuestionamientos del gremio de estaciones de servicio. “Somos Uno” advierte que la medida no tiene viabilidad operativa ni financiera en su estado actual.
El Decreto 1428 de 2025, impulsado por el Gobierno nacional para establecer un precio diferencial del diésel —especialmente enfocado en vehículos de alta gama—, carece de la reglamentación necesaria para su implementación, según el gremio “Somos Uno”.
David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de la organización que representa a las estaciones de servicio (EDS) en Colombia, señaló que, aunque el sector reconoce la preocupación del Gobierno por el impacto del precio de los combustibles en el bolsillo de los ciudadanos, la medida “existe en papel, pero es casi que inaplicable en la práctica”.
El líder gremial explicó que el Ministerio de Minas y Energía no ha expedido las normas técnicas y operativas que permitirían poner en marcha el decreto, lo que deja a las estaciones sin herramientas claras para su ejecución.
Uno de los principales obstáculos señalados por el gremio es la falta de infraestructura y mecanismos para identificar el tipo de vehículo que abastece combustible en cada estación.
De acuerdo con Jiménez Mejía, implementar un sistema que permita distinguir entre vehículos —por ejemplo, para aplicar tarifas diferenciadas— implicaría inversiones en tecnología, procesos de verificación y seguimiento que actualmente ningún actor de la cadena puede asumir.
Esta limitación técnica se convierte en un punto crítico, ya que sin esa capacidad de identificación no es posible aplicar precios diferenciados en el punto de venta.
El gremio también planteó interrogantes sobre la viabilidad financiera del esquema propuesto. Actualmente, las estaciones de servicio compran combustible a precio cerrado en plantas mayoristas, en operaciones en firme, sin posibilidad de variar el costo según el cliente final.
En ese contexto, surgen preguntas clave que, según “Somos Uno”, no tienen respuesta:
¿Quién asumiría el diferencial de precio?
¿Cómo se cubrirían los costos financieros asociados?
¿Cómo se gestionarían las cuentas por cobrar y por pagar?
¿Bajo qué esquema se liquidaría la diferencia?
Para el gremio, sin claridad sobre estos aspectos, no es posible estructurar una reglamentación viable ni garantizar la sostenibilidad del sistema.
En paralelo, el gremio advirtió que el contexto internacional sigue presionando los precios de los combustibles. La tensión geopolítica en Oriente Medio mantiene al alza el precio del petróleo, lo que impacta directamente los costos internos en Colombia.
Jiménez Mejía indicó que cualquier posible incremento adicional dependerá de la evolución de estos factores externos, así como de las decisiones que adopte el Gobierno frente al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Desde “Somos Uno” hicieron un llamado formal al Gobierno nacional para reconsiderar la reglamentación del decreto, teniendo en cuenta las limitaciones operativas y financieras del sector.
El gremio concluyó que, aunque la equidad en el precio de los combustibles es un objetivo válido, su implementación debe ser técnicamente sostenible.
“Añadir complejidad operativa al sistema en este momento —cuando el sector ya enfrenta presión de costos— no es la solución”, afirmó Jiménez Mejía.
En ese sentido, insistieron en que cualquier política pública en materia de combustibles debe construirse con base en condiciones reales de mercado y capacidades operativas del sector.
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