La cadena de farmacias Drogas La Rebaja, que estuvo 21 años en la llamada Lista Clinton (Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, SDN, por sus siglas en inglés), si bien enfrentó restricciones comerciales, financieras, reputacionales por estar asociada al narcoemporio de los hermanos Rodríguez Orejuela, no cerró.
Esa misma suerte podría correr La Riviera S.A.S., la empresa con que opera en Colombia la cadena de tiendas del mismo nombre presente en 11 países, propiedad del Grupo Wisa (Waked International S.A.), a su vez, subsidiaria del Grupo Waked.
Este conglomerado con activos por más de 1.500 millones de dólares y cerca de 6 mil trabajadores, según la prensa panameña, fue incluido en la Lista Clinton, exactamente a cuatro miembros y 68 sociedades por, supuestamente, prestarse para lavar dinero del narcotráfico.
El líder del emporio económico es el empresario de origen libanés Abdul Mohamed Waked, quien ayer dijo a la emisora W Radio: “quiero defenderme, tengo los libros (de contabilidad) abiertos y voy a hacer todo lo que pueda para defender mi nombre”.
En un comunicado previo, el Grupo Wisa informó que “los señalamientos son infundados” y que los abogados están listos a responder ante las autoridades.
Además aseguró el empresario que no tiene relación comercial con su sobrino Nidal Waked, capturado el miércoles pasado en Bogotá, señalado por el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de blanquear dinero del cartel de Sinaloa (ver Protagonista).
El efecto en Colombia
En medio de ese entramado de acusaciones y defensas, es predecible que, como pasó con Drogas La Rebaja, la operación colombiana de La Riviera puede vivir afugias.
Esta empresa opera 55 tiendas (incluidas seis en Medellín y una en Rionegro) tiene 1.300 empleados directos, la mayoría madres cabeza de familia, y en 2014 facturó 190.517 millones de pesos y registró un patrimonio de $320.735 millones.
Al cierre de esta edición, EL COLOMBIANO no obtuvo respuesta a las preguntas remitidas a La Riviera S.A.S., que las envió a su matriz en Panamá. La intención era determinar la relación de la firma colombiana con las sociedades anexadas a la Lista Clinton.
En todo caso, el abogado Camilo Rincón, comentó al diario La República que si más del 50 % de una empresa pertenece a alguna firma o persona registrada en la temida lista, la pueden incluir.
En términos prácticos, esto pone en aprietos a La Riviera, en dos frentes. Uno es el jurídico, pues las autoridades colombianas pueden abrir investigaciones para determinar presuntos lavados de dinero mediante la firma.
De otro lado, se puede afectar la operación comercial, pues se limitan transacciones con Estados Unidos, y proveedores de otros países pueden seguir ese ejemplo. Además se restringen sus posibilidades de financiación, porque los bancos le huyen a quienes aparecen en esa lista negra de Estados Unidos.
Finalmente, está el tema reputacional, que en un negocio de productos de lujo, puede ser decisivo en la compra. No es poco lo que está en juego mientras el señor Waked demuestra su inocencia o las autoridades judiciales confirman sus sospechas.
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