La discusión sobre el Presupuesto General de la Nación para el año que viene es, en esencia, un debate sobre el futuro del país.
Para el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) el proyecto para la vigencia 2026 presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro (por $556,9 billones) parece ignorar esta premisa, planteando una hoja de ruta fiscalmente irresponsable, que oculta una brecha de sostenibilidad de $55,8 billones, que requiere de ajuste para que el presupuesto sea viable.
Entre los ajustes propuestos por el ICP figuran el que no se recurra a una nueva reforma tributaria ($26,3 billones), igualmente, que se establezcan unas proyecciones de recaudo realistas (ajuste de $11,3 billones) y se revierta la reciente expansión del gasto primario ($18,2 billones).
Los analistas económicos del ICP enfatizaron en que el Presupuesto General de la Nación para 2026 es fiscalmente inviable, toda vez que se está condicionando la financiación del presupuesto a una futura e incierta reforma tributaria de $26,3 billones.
En este punto, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, formuló algunas inquietudes: ¿Puede Colombia aprobar un incremento de presupuesto general de la nación que lo lleve hasta $556,9 billones? ¿Es razonable seguir aumentando el gasto del Gobierno Nacional Central? ¿Es razonable seguir creciendo la nómina y las órdenes de prestación de servicios en la forma en que lo estamos haciendo?
“Muy interesante hablar de impuestos, pero antes de eso hablemos del descomunal gasto que se pretende pagar, de ahí tiene que partir la discusión”, expresó el dirigente.
Regla fiscal rota
“Esta meta es poco realista, considerando que el propio Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estima que las proyecciones de recaudo inercial ya están sobreestimadas en al menos $11,3 billones y que la base tributaria formal del país se ha debilitado”, se lee en el reporte.
Adicionalmente, consideran que el Gobierno Nacional desmanteló la institucionalidad fiscal al suspender la regla fiscal para justificar un mayor gasto, y se activó la cláusula de escape por tres años, decisión que permite un déficit fiscal del 7,1% del PIB en 2025, un nivel solo comparable a años de crisis profunda, que subordina la prudencia técnica a una agenda de gasto expansivo.
“La planificación fiscal del gobierno es inconsistente y poco creíble, minando la confianza en la gestión de las finanzas públicas. Apenas un mes después de publicar el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el gobierno presentó un presupuesto que lo contradecía, aumentando el gasto primario en $18,2 billones y empeorando el déficit primario del 1,4% al 2,0% del PIB”, se agregó en el texto del ICP.
Otra de las observaciones apunta a que la política económica del gobierno ha erosionado la base tributaria formal, haciendo inviable la reforma fiscal con la que pretende financiar el presupuesto, pues mientras se desincentivan sectores formales e intensivos en capital como la minería (que se contrajo un 10,2%), se promueven actividades con alta informalidad.
Con un 55% de la ocupación en la informalidad y un 40,8% de trabajadores por cuenta propia, es contradictorio esperar un mayor recaudo de una base de contribuyentes formales cada vez más reducida.
En este punto, las apreciaciones del ICP coinciden con la visión del presidente de la Andi, quien aseguró que la informalidad es la mayor fuente de inequidad del país.
“Hay políticos empeñados y dedicados a tratar de generar la idea de qué las empresas van por un lado y los trabajadores por el otro y lo cierto es que entre todos conformamos el aparato productivo colombiano”, apuntó.
Tapando el déficit
El análisis del ICP sostuvo que el Presupuesto de 2026 legaliza el financiamiento de gasto corriente con deuda, ocultando el déficit real y trasladando los costos a futuro.
A través de los artículos 8, 62 y 74, el gobierno podrá emitir bonos para pagar gasto corriente, subsidios como el del combustible (Fepc) y otros pasivos, una práctica que difiere el ajuste fiscal en lugar de solucionarlo y que compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Así, el artículo 74 (del proyecto de Presupuesto) es uno de los más preocupante, ya que autoriza explícitamente al Ministerio de Hacienda a pagar las obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles mediante la emisión de bonos de deuda pública.
Más críticas al Presupuesto 2026
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana también cuestionó el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026, del que, indicó, se presentó en un contexto de desequilibrio fiscal persistente, con un déficit cercano al 7% del PIB y una presión creciente sobre la deuda pública.
“Aunque el Gobierno ha activado la cláusula de escape de la Regla Fiscal para ampliar temporalmente los márgenes de gasto, el Presupuesto no parece representar el inicio de una senda de ajuste coherente con lo presentado en el Plan Financiero del MFMP de junio, ni parece sostenible ni creíble”, anotó el Observatorio.
En línea con las observaciones del ICP, el Observatorio también anticipó que en lugar de reducir el gasto, el presupuesto crece 3,7% en términos reales frente a 2025, con aumentos concentrados en funcionamiento y una reforma tributaria aún sin estructurar como sustento de las metas de ingreso.
“La reducción proyectada en 2026, el pago de intereses, el aumento del recaudo tributario con y sin Ley de Financiamiento, sumada al incremento en el gasto primario, contradicen el Plan Financiero publicado apenas un mes antes y compromete la coherencia del marco fiscal”, se indicó.
Por su parte, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, resaltó que el presupuesto presentado por el Gobierno Nacional, por $556,9 billones, equivale al 28,8% del PIB, el segundo más alto en la historia, solo superado por el de 2024 (29,5% del PIB). Esto implica un crecimiento del 9% frente al presupuesto de 2025 ($511 billones), más del doble de la inflación esperada para 2026 (3,9%).
“Ante la delicada situación fiscal, es fundamental discutir un presupuesto más austero, que evite repetir los problemas de los últimos años: un recaudo insuficiente para financiar el gasto y crecientes tensiones de liquidez en la caja del Gobierno Nacional”, dijo Mejía.
La asfixiante inestabilidad fiscal
Entre los comerciantes afiliados a Fenalco son preocupantes los efectos negativos del Decreto 572 en la caja y en el capital de trabajo de las empresas, pues la norma exige desembolsar anticipadamente obligaciones que corresponden al año 2026, para satisfacer las ansias de gasto público.
El gobierno ha convertido la figura de la retención en la fuente en un exótico instrumento para solucionar su déficit fiscal. La norma no solo desconoce la realidad financiera de las empresas, sino que además convierte al sector productivo en financiador forzoso del Estado sin recibir nada a cambio. “Duplica la presión sobre el flujo de caja empresarial afectando la liquidez principalmente de los pequeños negocios formales”, anotó el gremio.
El pasivo oculto del Estado: los litigios
El equipo de investigación de Anif, bajo la dirección de José Ignacio López, alertó que los litigios contra el Estado han aumentado de manera significativa en los últimos 5 años. Entre 2015 y 2020 se contabilizó un promedio de 13.000 procesos activos por año, pero en 2024 la cifra ascendió a 70.000 procesos activos. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, las pretensiones de estos litigios alcanzaron $753 billones a junio de 2025, lo que representa un incremento de $326 billones frente al total observado al cierre de 2019. El aumento de las pretensiones acumuladas constituye un pasivo contingente que, de materializarse, presionaría aún más las finanzas públicas en un contexto de escaso espacio fiscal.
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