El lunes 19 de mayo, el presidente Gustavo Petro hizo una afirmación que despertó el malestar de sus contradictores al calificarla de falsa, algo que confirmaron los analistas del sistema pensional.
La cuestión es que la Ley 2381 de 2024, la conocida reforma pensional, está surtiendo una demanda ante la Corte Constitucional, por lo que cabe la posibilidad de que esa norma, que entra en vigencia el próximo primero de julio, se quede sin efectos.
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Frente a ese tema, el jefe de Estado expresó en su cuenta de X que los adultos de la tercera edad podrían perder acceso a los bonos pensionales.
El mandatario escribió: “Sería de una tristeza infinita que millones de viejos y de viejas, nuestros padres, madres, y abuelos y abuelas, no pudieran acceder a un bono pensional, solo por una posición cada vez más ideológica”.
Y agregó: “Es como decir que el Estado Social de Derecho no es posible y no es posible la justicia social en Colombia. Claro que Colombia será un país de justicia social, porque no hay otro camino para la paz”.
Para contexto, el presidente se refiere al auxilio de Colombia Mayor, que es suministrado por el Departamento de Prosperidad Social a cerca de 1,6 millones de personas. Son pagos de 80.000 pesos para beneficiarios menores de 80 años y 225.000 pesos para mayores de 80 años.
La senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia —quien presentó la demanda contra la reforma pensional—, defendió en conversación con EL COLOMBIANO que si la ley se declara inexequible, eso no tumba dicho subsidio.
Explicó que este auxilio está soportado en la Ley 100 y, por tanto, tiene normativa vigente para seguir adelante con los pagos. De hecho, esas ayudas se desembolsaban antes de presentarse el proyecto de reforma.
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La premisa de Petro también fue cuestionada por Iván Jiménez, docente e investigador del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana.
El académico recordó que el nuevo sistema es uno de pilares. Explicó que un hundimiento de la norma no afectaría el pilar no contributivo, que incluye los pagos de subsidios.
“Lo que cambiaría es que dificultaría más la articulación con el sistema, porque para eso sí se necesita un marco normativo más completo que era la reforma pensional”, añadió.
Comentó que un hundimiento de la reforma afectaría de forma principal el pilar contributivo, que es el gran cambio del nuevo sistema pensional, y donde dejarían de competir Colpensiones con los fondos privados. “Esos subsidios los puede operar el Gobierno sin reforma a través del programa Colombia Mayor”, sentenció.
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Para Jiménez, la intención del presidente y también de las cortes es politizar el tema. En su concepto, ambas partes han incurrido en algunas posiciones cuestionables, como filtraciones a la prensa, lo que a su parecer debilita las instituciones jurídicas “creadas para proteger a las personas y no para hacer noticias”.
Por ahora, habrá que esperar el fallo del alto tribunal. Se cree que se podría pronunciar antes del 1 de julio cuando entra a operar el nuevo sistema; no obstante, la fecha se desconoce con certeza.
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