“En momentos de confusión la claridad es un deber y en medio del ruido la verdad es una obligación”, con esas palabras, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, contó su versión sobre los hechos que lo tienen hoy pendiendo de un hilo en la petrolera estatal.
En un video de casi 6 minutos, el directivo se separó de cualquier culpa y responsabilidad sobre las polémicas interceptaciones y aseguró que todo es una campaña para atacarlo.
Todo esto por cuenta de la polémica firma gringa Covington & Burling. La cuestión es que este contrato, que tenía la intención de medir el impacto de las investigaciones contra Roa, supuestamente se habría prestado para interceptar al menos a unos 70 altos funcionarios de la petrolera.
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Con eso se habría ordenado la interceptación de comunicaciones, correos electrónicos, dispositivos electrónicos y documentación física de estos empleados de la petrolera, incluyendo también filiales como Hocol y Cenit.
Hay que precisar que Roa también es investigado por presuntos manejos de dinero en la campaña presidencial de Petro.
“Es una campaña sistemática de desprestigio”
Ricardo Roa calificó todo este asunto como una “campaña sistemática de desprestigio” contra él y Ecopetrol. Incluso dijo que no es algo que esté sucediendo de forma espontánea, sino que tendría un objetivo político para desprestigiar su nombre.
“He sido sujeto de ataques, amenazas de muerte e insultos sin fundamento y hasta de acoso por razones de género que han afectado a mi familia”, indicó.
Recordó que no llegó de la noche a la mañana al cargo, pues cuenta con 30 años de experiencia en el sector público y en el sector privado.
La teoría del presidente de la petrolera es que el egoísmo y la ambición de algunos por el poder y el control de la petrolera, los llevó a atacarlo y afectar la empresa.
Negó participar en la firma del contrato con Covington & Burling
Roa comenzó alejándose de toda culpa sobre el acuerdo con Covington & Burling. Indicó que como presidente de la empresa no firma ni suscribe contratos de forma directa.
Alegó que esa responsabilidad pertenece a las diferentes vicepresidencias corporativas. “Tampoco participo en procesos de contratación de ninguna índole y mucho menos en aquellos que dependen de la junta directiva o de sus comités como es el caso de las asesorías directas”.
De esa forma, sobre el polémico contrato dijo que él no participó ni fue informado de su suscripción o de la firma del otrosí.
De hecho, defendió que “no tenía la facultad legal para hacerlo o autorizarlo, ni mucho menos para intervenir en su trámite y ejecución”.
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Argumentó que fue uno de los empleados evaluados en el proceso. Indicó que fue él quien denunció ante la junta directiva las irregularidades con dicho contrato en enero de 2025. Por esa razón, en febrero se suspendió el acuerdo con Covington.
Negó las interceptaciones
Sobre las interceptaciones indicó que era una desinformación de los medios de comunicación. “Yo no tengo la facultad para ordenar interceptaciones y tampoco ningún funcionario de Ecopetrol”, señaló.
Añadió que ante la evidente fuga de datos y documentos de carácter confidencial se activó un procedimiento de análisis digital para fortalecer la ciberseguridad en la compañía. Y dijo que los primeros resultados apuntan a que hubo unas filtraciones internas que violan el código de ética de la empresa.
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“Se han identificado 29 casos que infringieron los protocolos de seguridad y el manejo de la información, los cuales ya fueron puestos en conocimiento de la junta directiva. Surtido el debido proceso serán puestos a disposición de las autoridades”, manifestó.
A raíz de este polémico caso, la petrolera estatal recibirá en la mañana de este 4 de junio la visita de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación con el fin de recaudar prueba sobre el polémico contrato y sus consecuencias.
