Desde agosto de 2023, los posibles riesgos alrededor de la permanencia de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol ya habían sido advertidos al interior de la compañía. Lo que en ese momento se planteó como un ejercicio de debida diligencia y prevención, hoy toma otra dimensión tras las decisiones judiciales recientes y los escenarios que comienzan a materializarse.
Un informe de la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento, titulado “Debida Diligencia y Recomendaciones Presidente Roa”, incluyó el análisis de firmas internacionales como Shearman & Sterling y Miller & Chevalier.
Ambas coincidieron en que, en ese momento, “no es necesario separar temporalmente [al presidente] de sus funciones dado que, a la fecha, no existe investigación formal”, pero sí dejaron sobre la mesa una alerta clave: la necesidad de monitoreo constante.
Además, recomendaron la creación de un comité especial dentro de la junta directiva para evaluar escenarios y hacer seguimiento al caso, anticipando que la situación podía evolucionar.
Ese punto hoy cobra relevancia, especialmente porque el documento también advertía un riesgo concreto: la posibilidad de que el auditor externo llegara a perder confianza en la presentación de los estados financieros si la situación jurídica del presidente se deterioraba.
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De la prevención al riesgo reputacional y de mercado
El análisis inicial no se centraba únicamente en eventuales sanciones legales, sino en el impacto reputacional y en la confianza del mercado. En ese sentido, el informe advertía sobre un “riesgo interno primario” relacionado con la posibilidad de perder la confianza del auditor externo en los estados financieros, un escenario que podría tener efectos directos sobre la credibilidad de la compañía.
Ese enfoque preventivo fue profundizado meses después. El 13 de marzo de 2024, la consultora Control Risks entregó un nuevo informe que planteó distintos escenarios de riesgo para Ecopetrol y su junta directiva. El documento funcionaba como una herramienta para anticipar cómo decisiones, investigaciones o factores externos podrían afectar a la empresa.
Uno de los escenarios más sensibles era el de una eventual imputación de cargos contra Roa por su rol en la campaña presidencial de 2022. Según el informe, este escenario tendría un impacto alto debido al aumento del escrutinio político y mediático, así como a los cuestionamientos sobre la gobernanza corporativa.
Los escenarios que anticipaban investigaciones en Colombia y EE. UU.
El informe de Control Risks fue más allá y describió una escalada de riesgos. En el denominado “escenario 3”, se contemplaba la apertura de investigaciones formales en Colombia mientras Roa se mantuviera como presidente de Ecopetrol. Allí se advertía que esto incrementaría “significativamente el escrutinio público, la presión mediática y la tensión política” alrededor de la compañía.
Entre las causas, el documento señalaba posibles investigaciones por “presunta influencia indebida en el otorgamiento de contratos con el Estado” y “conflictos de interés en decisiones que involucran a Ecopetrol o sus filiales”. Es decir, no solo se trataba de un riesgo político, sino de decisiones empresariales que podían ser cuestionadas.
El escenario más crítico era el número cinco: la posibilidad de investigaciones en Estados Unidos. El informe indicaba que este panorama era “creíble en un plazo de 6 a 18 meses” y advertía que la información pública disponible sobre las relaciones personales, profesionales y comerciales de Roa y su entorno “podría ser suficiente para provocar una investigación preliminar por parte de la SEC”.
Este punto era especialmente delicado por la exposición internacional de Ecopetrol, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, lo que la hace susceptible a investigaciones regulatorias fuera de Colombia.
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De los escenarios a los hechos: las investigaciones en curso
Dos años después de esas advertencias, parte de esos escenarios empiezan a concretarse. La Fiscalía ya imputó a Ricardo Roa por el delito de tráfico de influencias, en un caso que gira alrededor de la compra de un apartamento en Bogotá por $1.800 millones, un valor cercano a un 34% por debajo del precio de mercado, estimado en $2.727 millones.
Según la investigación, ese negocio habría generado un interés en favorecer al empresario vinculado a la operación, lo que se habría traducido en presuntas intervenciones para direccionar contratos relacionados con proyectos energéticos en Hocol, filial de Ecopetrol.
El expediente también reconstruye reuniones en las que, según la Fiscalía, Roa habría solicitado que un proyecto de regasificación fuera adjudicado a una empresa vinculada a ese empresario. Para el ente acusador, el problema no radica en la transacción en sí, sino en el uso de la posición de poder: el paso de un beneficio privado a una eventual influencia en decisiones públicas y corporativas.
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A esto se suma un frente aún abierto: la posible imputación por violación de topes electorales, lo que ampliaría el alcance de los riesgos jurídicos.
En perspectiva, lo que en 2023 se planteaba como un ejercicio de prevención hoy se refleja en un escenario donde confluyen riesgos legales, reputacionales y de mercado.
Para una empresa como Ecopetrol, con exposición internacional y vigilancia constante de inversionistas, auditores y reguladores, el caso pone en evidencia cómo los temas de gobierno corporativo pueden escalar rápidamente de la advertencia a la materialización.
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