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Salud pública y precios de la carne: ¿es adecuado reabrir los mataderos municipales?

La reapertura de las plantas de sacrificio municipales creó un nuevo desencuentro entre el Gobierno y sectores privados. Para unos, esto reduciría los precios de la carne y disminuiría el abigeato, mientras otros opinan que se pone en riesgo la salud pública.

  • El plan de racionalización proyecta que en Colombia haya 148 plantas de categoría nacional, de las que hoy solo hay 94 en funcionamiento. En cuanto a las de autoconsumo, se proyectan 234, pero actualmente solo hay 89. Foto: Jaime Pérez
    El plan de racionalización proyecta que en Colombia haya 148 plantas de categoría nacional, de las que hoy solo hay 94 en funcionamiento. En cuanto a las de autoconsumo, se proyectan 234, pero actualmente solo hay 89. Foto: Jaime Pérez
29 de noviembre de 2023
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El decreto que firmó el presidente Gustavo Petro, que busca revivir los mataderos municipales en Colombia, ha generado diversas discusiones alrededor de los impactos, buenos y malos, que tendría para los consumidores.

Y es que esta medida hace realidad la promesa de campaña del hoy jefe de Estado, quien ha argumentado que con la reapertura de los mataderos municipales los campesinos podrán volver a comercializar sus productos, acabando así “con los monopolios de los frigoríficos”, que “han elevado el precio interno de la carne”.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, uno de los objetivos del decreto es reducir los precios de la carne y disminuir el abigeato.

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“Con esto contribuimos a la agregación de valor de la cadena cárnica en las regiones. Sobre todo los municipios más apartados de Colombia podrán tener acceso a carne de calidad sanitaria (...) Además, se reducirán los costos de transporte debido a que no se requerirá la movilización de animales en pie y carne en canal entre los municipios. Esto abaratará el precio de los productos cárnicos en las poblaciones”, explicó Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura.

Desde la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) manifestaron que este decreto ayudaría a “evitar delitos como el carneo y abigeato”, algo que se ha vuelto un dolor de cabeza para los ganaderos.

No obstante, en cuanto a la reducción en los precios de la carne, José Felix Lafaurie, presidente del gremio, anotó que “el Gobierno cree interpretar las necesidades de ciertos sectores populares creyendo que flexibilizando las medidas para los mataderos municipales tendrán carne a buenos precios, pero eso no tiene mayor importancia. Lo que se trata es de que la gente coma carne con garantías en materia de sanidad e inocuidad”, dijo el líder gremial.

A su turno, Álvaro Urrea, presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia (Asofricol), consideró que lo de bajar el precio de la carne no lo ven viable.

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“Los costos del transporte no representan más del 1,5 % del precio de la carne. Serán apenas $400 o $500 que no se trasladarán al consumidor. No es un valor significativo para que sea atractivo al consumidor, y menos para que se cambie una reglamentación que venía funcionando”, indicó Urrea.

¿Se pone en riesgo la salud pública?

La ministra de Agricultura aseguró que, cuando salió el Decreto 1500 en 2007, se cerraron muchas plantas de beneficio municipales porque no alcanzaban a cumplir los requisitos, por lo que se aumentó el sacrificio clandestino y se perdió control sobre la inocuidad de la carne y aspectos sanitarios en aquellos municipios donde se cerraron.

Sin embargo, desde la óptica del líder de Asofricol, este nuevo decreto sí pone en riesgo la salud de los consumidores, pues, dijo, se flexibilizan los criterios de seguridad.

“Por ejemplo, ya no es obligatoria la implementación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). Además, cambia los criterios de transporte para alimentos con diferentes riesgos de salud pública”, señaló Urrea.

Esto, puesto que el documento establece que “en un mismo vehículo se podrán transportar alimentos con diferente riesgo en salud pública, siempre y cuando se encuentren debidamente separados, envasados, protegidos y se evite la contaminación cruzada”.

Al respecto, el ex ministro de Agricultura, Andrés Valencia, afirmó que lo que se está logrando “es aumentar el riesgo de que la carne que llegue a las mesas de las familias más pobres no cumplan con las medidas sanitarias mínimas que la hagan apta para el consumo humano. Estaría creando un mercado de carne de segunda”.

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Para el exfuncionario, el solo hecho de que se permita el transporte en un mismo vehículo de alimentos “implicaría que el Invima y las Secretarías de Salud tendrían que tener la capacidad operativa para inspeccionar los transportes de alimentos como medida de prevención. Hoy, con el Invima actual, sabemos que esa capacidad es inexistente y se puede prestar para corrupción”.

Y agregó que “se puede poner en riesgo los mercados de exportación de carne colombiana, y más ahora que se abrió el mercado de China. Los protocolos de admisibilidad sanitaria son sumamente exigentes en materia inocuidad de la carne”.

Frente a esto, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, advirtió que los centros de sacrificio deberán cumplir con las condiciones de buena atención y salubridad que serán exigidos por las autoridades sanitarias.

“Junto con el Invima vigilaremos y controlaremos estos centros de sacrificio para que funcionen con todos los reglamentos y condiciones sanitarias que exige la salud pública”, enfatizó el MinSalud.

Actualmente, los departamentos en donde más plantas de sacrificio animal han cerrado son Antioquia (98), seguido de Santander (65), Cundinamarca (33), Boyacá (30), Tolima (20), Bogotá (19), Valle del Cauca y Nariño (17), y Huila y Caldas (15).

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