Se mueve la disputa por las cooperativas de trabajo asociado

En 2019, había 440 organizaciones de este tipo, con 44.576 trabajadores vinculados.

Las cooperativas de trabajado asociado son “las que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, la ejecución de obras o la prestación de servicios”, define Confecoop. FOTO EL COLOMBIANO

No es la primera vez que se habla de la eliminación de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA); de hecho en 2011 se retrataba una intención similar, y no era para menos, pues entre 2002 y 2010 este modelo pasó de 300 organizaciones a un rango entre 12.000 y 15.000.

Proliferaron lo que se conocen como las pseudocooperativas, recordó Carlos Acero, presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop); por supuesto esta cantidad fue vista de manera alarmante por el sector mismo, debido a que esta figura se usó para vulnerar los derechos de los trabajadores; pero hoy, Acero considera superada esta etapa; con las 440 organizaciones de este tipo que se registraron a cierre del año pasado, “ya hubo una importante depuración”.

Explica que cuando una persona se asocia a una CTA se convierte en “dueño, administrador y trabajador (...) tiene tres situaciones jurídicas en cabeza de una sola persona”.

Esto, dijo, nunca ha implicado que se pueda hacer una intermediación laboral, modelo que se disfrazó de cooperativa para vulnerar derechos.

Además sostiene, hoy la CTA agrupa 44.576 trabajadores y una decisión de este tipo estaría quitándoles la oportunidad a ellos de ser independientes, formales y obtener los beneficios de pertenecer a una organización así.

Hay un proyecto en curso

Justamente, por eso se opone al proyecto de ley que busca “suprimir y prohibir la contratación laboral, mediante cooperativas de trabajo asociado y demás formas de tercerización laboral”, que ha sido impulsado principalmente por Alexander López Maya, senador del Polo Democrático, y ha sido apoyado por un grupo de otros 20 parlamentarios, pero que tiene un antecedente: ha sido archivado al menos seis veces (ver A favor y en contra).

De hecho, dice Iván Marulanda, senador del Partido Verde y firmante, que “se debe exigir un régimen laboral en el que al trabajador le sean respetados sus derechos”, mientras desde su perspectiva este es un modelo que perpetúa la informalidad.

La iniciativa legislativa tiene seis artículos en los que se promueve la contratación laboral directa y obliga a las empresas que han pactado a través de este modelo a emplear a los trabajadores sin intermediarios “mediante lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y el derecho laboral administrativo en lo pertinente”.

Y de hecho, da un plazo de 180 días para que se dé este cambio en la vinculación lo que además se disuade con una multa de 5.000 salarios mínimos a quienes continúen bajo esta figura, es decir, 4.389 millones de pesos (2020).

Para la senadora del Partido Mira, Aidee Lizarazo, “la prohibición que proponen ya existe en diferentes textos legales (...) y la forma en la que se establece, podría generar efectos en los empleos que actualmente existen y en la economía de nuestros trabajadores”. Además sostiene que ya se prohíbe para el desarrollo de actividades misionales y la intermediación laboral que “afecte los derechos constitucionales”, por lo que no acompaña la iniciativa.

¿Y en qué va? Se espera que sea abordada este jueves en Comisión Séptima de Senado, en primer debate.

Con la mira en el empleo

Lo importante “es que este es un momento coyuntural para que se den cambios estructurales en el modelo de trabajo”, dijo Mauricio López, director del Grupo de Investigación de Macroeconomía aplicada de la Universidad de Antioquia, y agregó que hay empresas que acuden a la tercerización laboral porque hay actividades que no están en sus objetos misionales y “lo que no hay que perder de vista son las condiciones de estos empleos”.

Para Acero, lo fundamental es fortalecer el cooperativismo, por eso, le extendió una carta al presidente Iván Duque para este fin: “para hacer más eficiente la producción de bienes (...) la formalización de emprendimientos, mejorar las condiciones de trabajadores independientes”, entre otros .