Desde agosto, o máximo septiembre, los usuarios de energía en Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, entre otros, verán una reducción en sus tarifas de energía, que responde a una decisión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en el sentido de ponerle fin a un esquema tarifario que, desde 2019, había implicado costos más elevados para más de 2,5 millones de personas.
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La decisión de la Creg surge tras una demanda colectiva presentada por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha. Esta acción popular, que fue favorablemente acogida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, llevó a la Creg a reformular el componente de comercialización en la tarifa de energía. Se estima que la modificación disminuirá en $54 por kilovatio hora (kWh) el valor del consumo mensual que Air-e cobra a 2,7 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, y en $23 por kWh el que cobra Afinia a consumidores en Cesar, Bolívar, Córdoba, Sucre y parte del Magdalena.
¿Qué decisión tomó la Creg con las tarifas de energía en la Costa?
La determinación de la Creg deja sin efecto el régimen transitorio especial creado en 2019, eliminando cobros adicionales como el 20% de los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) y el de las pérdidas no técnicas (robo de energía), equivalente a $90 kWh, entre otros.
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La entidad reguladora, tras un “prolongado y profundo análisis”, reformuló el cargo de comercialización, lo que permite disminuir, aproximadamente, el 20% adicional que se le cobraba a esas zonas de la Costa. También se suprimirán los 300 puntos básicos de cartera que conformaban esa fórmula técnica para el Caribe.
Para Air-e, esta reformulación significa que dejará de cobrar a sus usuarios cerca de $232.000 millones anuales por concepto de comercialización, mientras que en Afinia la cifra llegaría a los $114.000 millones.
En declaraciones al diario El Heraldo, los personeros de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, y de Santa Marta, Edwar Orozco, calificaron la decisión como un hito. “Nosotros, como personeros, tenemos la responsabilidad de defender los derechos de los ciudadanos y, por supuesto, de los usuarios de los servicios públicos. Entre esos está el derecho colectivo a que la prestación de esos servicios sea eficiente y accesible. Nuestra tesis fue que las tarifas se convirtieron en una barrera para acceder al servicio de energía. Con esto, sentimos satisfacción de haber roto esa barrera y reivindicado ese derecho colectivo, no solo en la región Caribe, sino también a nivel nacional”, manifestó Alzate.
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Por su parte, Orozco afirmó: “Siempre hemos buscado justicia tarifaria y hoy la estamos recibiendo por parte de la Creg. Además, es satisfactorio que otros municipios y departamentos también se vean beneficiados”.
La resolución de la Creg, que aún espera el visto bueno de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para entrar en vigencia hacia agosto o septiembre, no solo beneficiará al Caribe. Se proyecta que, con la modificación de la fórmula de comercialización, se reducirá en aproximadamente un billón de pesos el monto que los colombianos pagarán anualmente por el servicio eléctrico.
Ahora, los personeros esperan que el Gobierno Nacional garantice la prestación del servicio de energía ante la crisis financiera de Air-e.
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