Las cajas registradoras de Tiendas D1, que se multiplican por barrios, veredas y ciudades en todo el país, hoy no solo reciben monedas. También cargan denuncias.
Este lunes por la tarde, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ordenó abrir una investigación inmediata contra la cadena de supermercados por presuntas irregularidades laborales.
El anuncio se da tras la publicación de una investigación periodística de Señal Investiga de RTVC y Revista Raya, que documenta una serie de testimonios sobre jornadas abusivas, sobrecarga de funciones, persecución laboral y ausencia de garantías mínimas de bienestar.
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“Sería de suma gravedad que supermercados D1, con utilidades en 2024 por $373.200 millones, someta a sus empleados a un régimen laboral ilegal e inmoral”, aseguró el ministro Sanguino en su cuenta de X (antes Twitter).
Luego, en la mañana de este martes 3 de junio, en declaraciones a Señal Colombia, Sanguino precisó que el Ministerio del Trabajo tiene abiertas 75 investigaciones a distintas empresas en el país por hechos similares. “Hay violación a los derechos que tendrían que ver con acoso laboral, violencia, pero no me quiero anticipar hasta que no culminen las investigaciones en contra de tiendas D1”.
¿Qué dicen los trabajadores del D1? Hasta 27 funciones por empleado
De acuerdo con los testimonios recogidos en esa investigación, un solo trabajador de D1 puede verse obligado a realizar tareas que normalmente cumplirían cinco personas.
Un contrato para el cargo de asistente de ventas, revelado por los medios, enumera hasta 27 funciones distintas, que incluyen desde la venta y atención al cliente hasta descarga de mercancía, limpieza, manejo de caja, control de inventario y desinfección de la tienda.
Una trabajadora con contrato bajo la figura de “uso y confianza” relató que le pagan $2 millones mensuales, pero que su jornada puede extenderse hasta 12 horas diarias, sin derecho a horas extra. “Nos toca quedarnos, pero esas horas no pueden ser reportadas”, señaló la supervisora entrevistada.
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Otro punto crítico señalado en el informe tiene que ver con la desconexión laboral, un derecho que según los testimonios es constantemente vulnerado.
Aunque algunos contratos limitan la jornada a 36 horas semanales, en la práctica los trabajadores reciben llamadas fuera del horario para resolver “urgencias”, manteniéndolos atados al celular incluso en sus tiempos de descanso.
Se ha reportado también la existencia de cuatro tipos de contratos, uno de ellos por horas, con una tarifa de apenas $7.200 por hora, sin estabilidad ni condiciones claras de bienestar.
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Tiendas D1: 700 denuncias... y contando
Según el líder sindical Jairo Ángel Ciro, ya han sido radicadas más de 700 denuncias ante el Ministerio del Trabajo.
Sin embargo, muchas han sido archivadas rápidamente, y otras siguen sin respuesta. Ciro cuestiona la lentitud del Estado para reaccionar, pese a la magnitud de las quejas.
La situación se vuelve aún más delicada si se tiene en cuenta que D1 forma parte del grupo Valorem, el conglomerado empresarial de la familia Santo Domingo, uno de los más poderosos del país, dijo el líder sindical.
Uno de los hechos más dramáticos que detonó el escándalo fue el asesinato de un trabajador en una de las cajas de pago al intentar frenar un robo. La tragedia, relatada por un representante sindical, evidencia la falta de condiciones mínimas de seguridad para quienes laboran en estas tiendas.
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“Lo asesinaron por defender el dinero del establecimiento. ¿Dónde estaba el protocolo de seguridad?”, se preguntó el vocero sindical.
En medio de la controversia, D1 ha insistido en que cumple con la legislación laboral y que muchos de los productos cuestionados en sus góndolas no son fabricados por ellos, sino que actúan como intermediarios en la distribución. No obstante, esta vez la lupa del Estado no está sobre los alimentos, sino sobre las condiciones laborales.
