Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
A Gustavo Petro le resulta incómoda cualquier crítica, sin importar su procedencia: de los medios, de la oposición o incluso de sus propios funcionarios, a quienes no ha dudado en despedir y desacreditar, convirtiéndolos con frecuencia en sus más férreos contradictores.
Las constantes purgas en su gabinete —más de 50 ministros y más de 120 viceministros en 3 años— evidencian no solo su falta de liderazgo y de claridad en los objetivos, sino también una tendencia a rodearse de aduladores, a quienes ha ubicado en altos cargos del Estado pese a su evidente incompetencia o, peor aún, a estar involucrados en procesos judiciales por corrupción e incluso lavado de activos.
De ahí su reacción a la réplica de la oposición luego del discurso de instalación de las sesiones ordinarias de la última legislatura de este Congreso. Tanto la senadora Paloma Valencia como los representantes Daniel Carvalho y Lina María Garrido -esta última, votante arrepentida del petrismo y la oradora más incisiva de la tarde- evidenciaron con argumentos y cifras la realidad que Petro omitió en su intervención, y denunciaron la corrupción rampante de su gobierno, así como la ineficacia de su gestión en sectores clave como salud, economía y seguridad.
Para empezar, Petro omitió referirse al rotundo fracaso de sus políticas de Seguridad Humana y Paz Total, que tras tres años y miles de millones malgastados en mesas de diálogo y espacios de conversación sociojurídicos, solo han servido para fortalecer a las organizaciones criminales que ya tienen presencia en 809 municipios -más del 70% del territorio-, según la Defensoría del Pueblo; y para disparar los delitos de mayor impacto, como el secuestro que este año a mayo pasó de 69 a 129 casos, la extorsión y el homicidio.
Además, se jactó de haber superado a gobiernos anteriores en incautación de cocaína, pero nada dijo sobre el crecimiento exponencial del área sembrada de cultivos coca y de la producción potencial -253.000 hectáreas y más de 2.600 toneladas métricas, según el Informe Mundial de Drogas de 2023-. De los 19 departamentos con presencia de coca, 16 registraron incremento y persisten los 15 enclaves productivos que concentran el 30% del total sembrado. Bajo el auspicio de los diálogos y al amparo de los decretos de cese al fuego, dichos enclaves se han convertido en territorios completamente cooptados por grupos armados ilegales, donde el Estado ha perdido la gobernabilidad.
Petro se atrevió a afirmar que la salud de los colombianos estaba mejor que antes, y hasta ordenó al ministro Jaramillo ponerse de pie para recibir el aplauso de los presentes, a pesar de que había reconocido públicamente que la asfixia financiera a las EPS era un mecanismo de presión para lograr la aprobación de la reforma a la salud y del reciente informe de la Contraloría General que advirtió que de las 29 EPS activas, solo 6 cumplen con las condiciones financieras y de solvencia exigidas para operar (10,92% de los afiliados); es decir, cerca de 44 millones de colombianos están en entidades que no tienen cómo garantizarles la continuidad en la prestación del servicio. De hecho, las 9 EPS intervenidas que concentran el 56,65% de afiliados (29.536.614 personas), acumulan deudas por $24,4 billones de los $32,9 billones del pasivo del sistema de salud. Esta situación explica por qué las quejas ciudadanas aumentaron un 46,22% entre 2022 y 2024, pasando de 1.104.193 a 1.614.622 registros. Finalmente, contrario a lo que afirmó con las cifras de mortalidad infantil, perinatal y materna, vienen mejorando en las últimas décadas.
