En Quibdó, los sueldos de los maestros los cobran los agiotistas, dijo la alcaldesa Zulia Mena, en un SOS por frenar el hecho. Al investigar la firma BCI Empresas S.A.S, dueña de los negocios Anticipos Express, la Superindustria encontró que, a través de “contratos de anticipo”, o de compra de flujos futuros por salarios o pensiones, lo cual es ilegal, la entidad cobraba, dependiendo de los plazos, hasta 250 veces más del máximo legal a su nutrida clientela. La sanción impuesta es la máxima permitida por el Estatuto del Consumidor: más de $1.200 millones. La ambición rompe el saco. Lo que faltaba.
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