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¿Quién regula el mundo digital?
La decisión de un tribunal en Estados Unidos que obligó a Facebook a entregar datos de usuarios que sean requeridos judicialmente genera dudas sobre el acceso a la información.
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FOTO CORTESÍA -
Facebook comprueba el fundamento jurídico de todas y cada una de las solicitudes con causas penales que reciben. Rechazan las que son poco detalladas. FOTO reuters
24 de julio de 2015
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Internet es un terreno en el que fácilmente se pueden vulnerar derechos fundamentales como a la intimidad, a la integridad personal, a a la libertad de expresión e información o a la honra.
Las regulaciones del mundo digital se han dado en distintos gobiernos a partir de normas y leyes que se aplican a temas específicos relacionados, por ejemplo, con el tratamiento de datos, delitos informáticos o contratación electrónica. Es a cada Estado al que, finalmente, le corresponde legislar en el tema.
No obstante, en asuntos referentes a la privacidad hay premisas que parecen ser claras: ni los gobiernos, ni la Policía o cualquier otro ente que lo requiera puede acceder a información personal sin una orden judicial, que aunque no lo dicta una norma oficial, es la norma general aplicable.
Fue esto lo que precisamente desató la discusión en Estados Unidos después de que un tribunal en Nueva York expresara esta semana que la red social Facebook no se podía oponer a órdenes de registro amparándose en el derecho a la privacidad de sus usuarios.
Lo anterior, refiriéndose a un caso en el que las autoridades competentes requerían información publicada en la red por los acusados para demostrar que defraudaron al sistema de seguridad social del país.
Para Carolina Botero, de la Fundación Karisma, la inexistencia de normas concretas que se ocupen de estos casos es lo que ha llevado a que sean los jueces los que tomen esas decisiones. “El problema en Colombia puede ser incluso mayor para las autoridades pues la mayoría de las redes más usadas (Facebook, Twitter, Instagram) son de Estados Unidos, por tanto la orden debe pasar por un trámite de un país a otro”.
Según Claudio Ruiz, director ejecutivo de Derechos Digitales, que gobiernos u otros entes requieran de órdenes judiciales para revisar información personal de usuarios en la red no es un capricho.
Ruiz expresa que el derecho a la privacidad está resguardado por los derechos humanos. “Si sabemos que todo lo que hacemos en Internet está sujeto a vigilancia, se afecta nuestra capacidad de comunicarnos, de establecer relaciones de confianza y, finalmente, de tener certeza de poder tener opiniones críticas cuando corresponde. Dicha intrusión es tan grave, que se requiere que estas medidas que deben ser autorizadas por jueces deban ser además proporcionales y necesarias para el caso que se investiga”.
¿Qué dice Facebook?
En esta batalla judicial, Facebook y otros gigantes como Google y Microsoft temen que alguna resolución judicial les otorgue a las autoridades un acceso indeterminado a los contenidos digitales de sus usuarios.
Contrario a lo que algunos creerían, las empresas salieron a la defensa de la privacidad de las millones de personas que usan sus servicios.
A través de un comunicado, la red social con sede en California le dio a EL COLOMBIANO la siguiente declaración: “seguimos creyendo que las búsquedas excesivamente amplias –que otorgan al Gobierno la capacidad de mantener la información de las cuentas de cientos de personas de forma indefinida-, son inconstitucionales y plantean preocupaciones importantes acerca de la privacidad de la información en línea de las personas. La decisión de la Corte reconoció nuestras preocupaciones sobre el alcance y la retención de las solicitudes, y estamos considerando nuestras opciones para seguir luchando en nombre de las personas que utilizan nuestro servicio”.
Y es que la privacidad en línea de las personas tiene que medirse con la misma vara con la que se mide la privacidad fuera de línea. El director ejecutivo de Derechos Digitales manifiesta que desde el ejercicio de los derechos no existen diferencias entre lo que ocurre en Internet y lo que sucede sin conexión. “Internet no es un espacio anárquico en el cual el Estado no puede entrometerse, al contrario, actualmente hay pocos lugares más regulados que el entorno en línea. La pregunta es, entonces, respecto de esta regulación: si el derecho aplica con igual fuerza en el entorno en línea que sin conexión, ¿cómo podemos hacer para que Internet se convierta en un lugar para el desarrollo de nuestros derechos? Y esta es una tarea en constante construcción”.
Legislación en Colombia
Que en territorio digital no hay regulación, afirma Diego Buitrago, docente investigador de la facultad de derecho de la universidad CES.
Según el investigador, diferentes teóricos mencionan que este territorio es el más democrático de todos porque no hay un organismo específico que lo regule o lo controle.
“La Organización Internacional de Telecomunicaciones, organismo de las Naciones Unidas, con sede en Europa, define unas políticas uniformes que no son normatividad estándar, no hay un ente que establezca una regulación para todo el mundo digital”.
Por lo tanto, dictar normas y leyes que se apliquen en el mundo digital le corresponde a cada Estado.
En Colombia, señala Carolina Botero, hay una ley concreta que habla del tema, la 1341 de 2009. Esta contempla que el Estado puede intervenir en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones para que proveedores de redes y servicios de comunicaciones permitan el uso de su infraestructura, con la condición de que esa intervención se haga por razones de “defensa nacional, atención y prevención de situaciones de emergencia y seguridad pública”.
Carolina cuenta también que las agencias de inteligencia tienen la facultad de requerir a las empresas de telecomunicaciones información como el historial de comunicaciones de los abonados, los datos técnicos de identificación de los suscriptores sobre los que recaen una operación de inteligencia o cualquier otra información que contribuya a la localización.
Además, por medio del Decreto 1704 de 2012, impone a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones garantizar la infraestructura tecnológica que les permita a autoridades competentes, previa autorización de la Fiscalía General de la Nación, adelantar las labores de interceptación, además de entregar datos de los suscriptores y mantener actualizada la información de ellos el término de cinco años.
“Se trata de una norma que permite la interceptación de comunicaciones de los colombianos y se hace es a través de los intermediarios que nos dan acceso a la conexión. Eso permite ver todo lo que transita por esos medios. Está vinculado con procesos y con autorización de la Fiscalía, pero si la conexión se hace al tráfico del intermediario la propia autoridad puede verlo, de lo contrario como define la norma, deben pedirlo a ese intermediario” apunta la representante de la Fundación Karisma.
Es sobre eso, dice ella, que son muy críticos en la Fundación, ya que en lo relacionado con las normas de interceptación de comunicaciones, concluyen que los poderes son muy amplios y el plazo de retención de datos (cinco años), es muy extenso. “Si algo, se deberá reformar es el marco legal para hacerlo más garantista”, expresa Botero.
“Internet no regulado”
Por su parte, Diego Buitrago, opina que Internet no debería estar regulado, argumentado que las normas que gobiernan lo que él llama el mundo analógico se pueden trasladar al mundo digital; “simplemente es adecuarlas en su aplicación, pero no se trata de volver a legislar”.
Claudio Ruiz apunta a una conclusión similar a la del investigador, señalando que en Colombia y otros países se debe avanzar tomando los derechos humanos en Internet como punto de partida, no como punto de llegada. “Deben entenderlos como parte fundamental de cualquier política pública que se refiera a Internet”, expresa.
Finalmente, para él, la región latinoamericana enfrenta problemas de vigilancia masiva por vías tecnológicas y de censura en Internet. Esto, dice, debido a gobiernos autoritarios y regímenes democráticos que han expuesto políticas que ven en Internet una amenaza al orden establecido. “Esta visión ha llevado a que hoy tengamos documentadas graves persecuciones a periodistas, caricaturistas y documentalistas en Ecuador o proyectos de ley que pretenden regular discursos en Internet que pueden ser molestos para políticos como es el caso de México, Ecuador o Chile”.
El debate sobre el acceso de los gobiernos y otros entes a la información de los usuarios en Internet llegó hasta los tribunales. Acceder a la información requiere de órdenes judiciales.
106
Número de cuentas sobre las que se solicitó información a Facebook en Colombia en jul-dic de 2014.
67
total de solicitudes a Facebook relacionadas con causas penales en Colombia entre jul -dic de 2014.
55,2%
de solicitudes atendidas por Facebook relacionados con causas penales en Colombia entre jul - dic de 2014.
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