A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dio a conocer su declaración de renta para el año 2020. La publicación la hizo previo en la tarde de este jueves y en ella apeló a la transparencia, aunque dicha acción fue obligada por una queja que interpuso ante la Procuraduría el abogado Abelardo de la Espriella.
En la publicación, que vino acompañada de una imagen con la minucia de los movimientos de renta del mandatario local, este expresó: “En el marco de la transparencia publico mi declaración de renta para el año 2020. Como novedad más relevante se encuentra el pago por parte del CNE de la reposición de votos de las elecciones del año 2019”.
En la imagen (referenciada a continuación), se advierten el patrimonio y deudas del alcalde en la vigencia en cuestión. En lo que a patrimonio bruto se refiere, el mandatario reportó un monto de $1.396’723.000. Respecto a las deudas, fueron $317’714.000. Esto, según el documento, dejó al alcalde con un patrimonio líquido de $1.079’009.000.
En la queja interpuesta ante el Ministerio Público, de la Espriella argumentó que la no publicación de la declaración por parte del alcalde representó un incumplimiento de los principios de transparencia y publicidad.
Los anteriores, según el abogado, son pilares claves de la actividad administrativa para los servidores, dado que con esta información se puede ejercer el control ciudadano y fiscal frente a la gestión de los recursos públicos.
Según las precisiones compartidas por el abogado hace una semana, el alcalde Quintero no había actualizado la declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión de lo Público (Sigep) durante estos dos años de gobierno.
El último reporte del mandatario local en esta materia fue documentado el 7 de febrero de 2020, lo que significa, según el abogado, que el alcalde podría haber incurrido en una falta grave, porque debió actualizar dentro de los meses de junio y julio de 2021.
Por lo anterior, de la Espriella solicitó ante la Procuraduría que al alcalde, como sanción, se le imponga una medida provisional de suspensión del cargo por un término inicial de tres meses.
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