Varios drones, cargados con granadas de mortero, fueron lanzados sobre una vivienda en la vereda La Jagua, de Segovia: tres personas, que nada tenían que ver con el conflicto, fueron las víctimas de una disputa armada que se ha modernizado. Este es tan solo uno de los 19 ataques con drones ocurridos desde el 1 de enero de 2025 en el departamento.
Esta ofensiva tecnológica la lideran las disidencias de las Farc de la línea de alias ‘Calarcá’ (Alexánder Díaz Mendoza); principalmente el frente 36, aunque el frente 18, que opera en el Norte antioqueño, también se ha sumado a la estrategia.
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“Los criminales nos han asestado, entre enero del año pasado y enero de este año, cerca de 20 golpes, donde hemos visto cómo mueren tres civiles, cómo se afectan unidades militares, policiales, con un ensañamiento especial en sus regiones como el Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio”, dijo el gobernador Andrés Julián Rendón.
Los municipios más afectados con estas ofensivas han sido Amalfi, Briceño, Ituango, Yarumal, Tarazá, Yondó, Remedios, Segovia, Vegachí y Valdivia, donde no solo se presentan ataques, sino hostigamientos con sobrevuelos a comunidades y puntos donde se encuentra la fuerza pública.
De los 19 ataques registrados en el último año y medio, 10 ocurrieron el año pasado, mientras que en lo que va de 2026 ya se reportan nueve casos, una cifra alarmante considerando que aún no termina el primer semestre.
Estos ataques dejaron 12 militares lesionados, tres policías y un civil lesionados. Además, se contabilizaron tres fallecidos: María Cecilia Silva Silva y sus dos hijos Yalusan Cano Silva y Alonso de Jesús Silva, en el hecho ocurrido en La Jagua, en Segovia.
A esto se suma que con el lanzamiento de estos artefactos se destruyeron cuatro viviendas, incluida la de los fallecidos, y hubo un ataque a una estación de gasolina que quedó afectada, pero no hubo lesionados y explosiones.
“La forma en que se desarrollan los enfrentamientos y se emplean las armas tiene implicaciones directas sobre la población civil y los bienes de carácter civil”, señalaron desde el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en su informe del 2025.
Si bien se habla de que las disidencias son las estructuras más fuertes en el uso de drones, también el Clan del Golfo y el ELN cuentan con estos dispositivos y ya se han visto implicados en algunas ofensivas contra las tropas del Ejército y las propias comunidades de los territorios que se encuentran en disputa.
De hecho, según la Gobernación de Antioquia, las disidencias han participado en siete de los hechos en el Norte y el Nordeste antioqueño, mientras que el ELN estuvo relacionado con hechos registrados en el Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio. Los restantes se le atribuirían al Clan del Golfo.
Deterioro humanitario
Estos ataques, de acuerdo con el CICR, dejan en evidencia en la crisis humanitaria que sufrió el departamento —y el país en general— en 2025, algo que no ocurría desde el 2018.
“El uso de drones de origen comercial modificados para el lanzamiento de artefactos explosivos se ha intensificado en el contexto de los conflictos armados en el país y ha generado temor, incertidumbre y daños graves entre las comunidades afectadas”, señalaron en el informe de este organismo humanitario.
Uno de los puntos que destacan en esta situación es que en muchos casos los artefactos lanzados desde estas aeronaves no tripuladas no respetan los principios de distinción, proporcionalidad y precaución que se exige desde el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
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“Cuando no se respetan los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, aumenta la probabilidad de que los efectos de las hostilidades se extiendan más allá de los objetivos militares y recaigan sobre las comunidades, ampliando tanto la magnitud como la gravedad de las consecuencias humanitaria”, indicaron.
Inversión para responder
Para tratar de responder a los ataques con estas aeronaves, desde la Gobernación de Antioquia anunciaron una inversión de $4.000 millones para comprar cinco antidrones, los cuales se usarían en caso de que haya sobrevuelos irregulares en zonas donde haya tropas.
Estos serán entregados al Ejército de la siguiente manera: dos para la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), uno para la Cuarta Brigada (que tiene presencia, entre otras subregiones, en el Norte), uno para la Brigada 11 (que opera en el Bajo Cauca) y el restante para la Brigada 14 (Magdalena Medio y Nordeste).
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Según explicó el mandatario departamental, estos antidrones pueden tener un alcance de hasta dos kilómetros de distancia para interceptar y hacer caer estas aeronaves antes de que puedan hacer daño.
Sin embargo, en los territorios donde hay disputas de estos grupos armados persiste la zozobra, principalmente cuando se escuchan los zumbidos de estas aeronaves.
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