En medio de las flores, árboles y senderos que desde 2013 cubren el morro de Moravia, un centenar de familias amenaza con regresar a la vida uno de los problemas urbanos y sociales más complejos de la historia reciente de Medellín. Equipados con pedazos de madera reciclada, martillos y palas, una oleada de nuevos colonos remueve la capa vegetal que cubre las cerca de 1.500.000 toneladas de residuos sólidos que dejó el antiguo basurero, e inició la construcción de un nuevo caserío.
La consolidación de una red de actores armados que ejercen control en la zona, exigiendo dinero a cambio de permisos para construir, y los coletazos de una crisis económica que tiene en máximos históricos los indicadores de desigualdad, desempleo y pobreza son algunas de las caras de un fenómeno en el que aún no se vislumbran soluciones claras por parte del gobierno local.
Los nuevos habitantes
Con la frente empapada de sudor y una expresión cansada, Nini Johana García señala el pedazo de suelo en donde construye su nuevo hogar, que por ahora es solo una estructura desnuda de madera, envuelta en una lona verde.
“Soy de la costa, del municipio de Magangué, en el sur de Bolívar. Allí tengo mis dos hijos, pero aquí no tengo la plata suficiente para pagar un arriendo”, dice, señalando que a falta de un empleo se dedica a vender tintos, aromáticas y cigarrillos desde su llegada a la ciudad.
“El arriendo en Medellín es muy duro”, continúa, “a veces uno sale a trabajar y no se gana lo que se esperaba. Por eso me estoy metiendo aquí, porque soy madre soltera y me quiero traer a mis hijos para darles un mejor futuro”.
Unos pasos más arriba de la futura casa de García, Nayibe Perea cuenta que llegó con su familia, compuesta por ocho niños, un adolescente y seis adultos.
Aunque anota que es beneficiara del subsidio Ingreso Solidario y tiene un hijo que gana cerca de dos terceras partes del salario mínimo, explica que las cuentas no les dan para vivir y por eso decidieron construir su propia casa.
“La mayoría de la gente que está es porque tiene necesidad. Los materiales los hemos conseguido de segunda, en las chatarrerías, en los aserríos, consiguiendo los retazos de madera”, señala por su parte Yaneth Puerta Torres, otra de las nuevas habitantes que llegó con su familia hace cerca de dos semanas.
Al igual que sus vecinas, Puerta sostiene que los altos costos de un arriendo fueron la razón principal para levantar su casa en el morro.
Sin soluciones claras
En respuesta a un requerimiento formulado por EL COLOMBIANO, la Secretaría de Gestión y Control Territorial señaló que luego de realizar una visita en la que se monitoreó la situación, funcionarios de esa dependencia emprendieron una estrategia de sensibilización para concientizar a los nuevos habitantes del riesgo que representa construir allí.
“Esas visitas se están realizando de manera periódica”, expresó esa entidad en un pronunciamiento escrito, alertando que aquel trabajo se ha visto obstaculizado por agresiones verbales que habrían recibido sus funcionarios.
Según confirmó esa dependencia, al igual que otras fuentes de la zona, en el morro hay presencia de grupos armados que han intimidado a los funcionarios y organizaciones comunitarias que operan el jardín y también han exigido dinero a las familias para permitirles levantar sus casas.
José Gerardo Acevedo Ossa, secretario de Seguridad de Medellín, señaló por su parte que su oficina tiene información sobre grupos ilegales que estarían llevando a cabo loteos ilegales.
“Se vienen adelantando unas acciones por parte de la Alcaldía a través de unos inspectores, con acompañamiento de la secretaría de Inclusión Social y otras dependencias, para mostrar la oferta institucional y tomar una acción frente a lo que se viene presentando allí”, dijo el funcionario.
El loteo ilegal por parte de bandas criminales es una práctica que se repite con frecuencia y está ligada a la urbanización ilegal que se ha ido tragando las montañas de Medellín en la última década. En algunos casos, según la Secretaría de Gestión y Control Territorial, los combos venden predios previamente ocupados por familias reubicadas en programas adelantados por el Isvimed (Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín). Detrás de la dinámica hay presiones armadas que terminan con desplazamientos, extorsiones y homicidios, según una investigación que publicamos en este diario el año pasado (29/07/20: Las siete formas de estafa con lotes y casas en Medellín).
Otro de los problemas que aparecen en el radar es el rezago del Municipio para ejecutar un plan parcial en el que se tienen previstos proyectos de vivienda para reubicar a la población que aún estaba en la zona.
“Realmente no hay ninguna actuación en este momento, no hemos pensado siquiera en la posibilidad de delegar un operador urbano en Moravia”, admitió Nelson Darío Valderrama Cuartas, portavoz de la Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica, durante una comisión accidental realizada en el Concejo de Medellín el pasado 28 de abril.
Los alcances del lío
Aunque ninguna entidad municipal maneja cifras precisas y actualizadas de la población que volvió a la zona, de acuerdo con los cálculos de la Secretaría de Gestión y Control Territorial serían por lo menos 100 las construcciones que fueron erigidas desde junio de este año.
Según aseguran los vecinos, al lugar han llegado familias provenientes de la Costa Atlántica, Pacífica, Venezuela y otras subregiones de Antioquia, asentadas en Medellín y empujadas a esa zona a causa de la falta de ingresos y el desempleo.
Según el Dane, la tasa de desempleo en el área urbana de Medellín subió el año pasado 8,9 puntos porcentuales en comparación con 2019. Así mismo, la pobreza monetaria pasó de 24,4 % en 2019 a 32,9 % el año pasado.
Jorge Ignacio Montoya Restrepo, biólogo y doctor en Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña, advierte que la reurbanización del morro de Moravia pone en riesgo una de las transformaciones urbanas y sociales más importantes de la historia de la ciudad.
Recuerda que luego de la clausura del antiguo basurero en 1984, en donde fueron vertidos desechos hospitalarios, orgánicos, constructivos, entre otros, un grupo de al menos 40.000 habitantes se asentó en la zona.
A causa del riesgo que representaban los gases tóxicos, lixiviados, eventuales incendios, explosiones y deslizamientos que podían producir esos residuos, en 2004, el Municipio inició un plan integral para reubicar esos hogares.
Según calcularon las investigadoras Sonia Yamile Rodríguez y Yaneth Bibiana Daza, a través del estudio de imágenes satelitales, el resultado de ese programa generó que de un área total de 70.558 metros cuadrados, la zona ocupada por casas pasara de 67.197 metros cuadrados en 2005 a 9.265 en 2015.
En contraste, la zona sin ocupación pasó de 1.684 metros en 2005 a 49.962 en 2015 (Leer Paréntesis).
“La ciudad no se puede dar el lujo de volver a iniciar un proceso que estaba terminando”, dice Montoya Restrepo.
Por su parte, Jorge Pérez Jaramillo, arquitecto experto en urbanismo y director del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín (DAP) entre 2012 y 2015, señala que a la ecuación deben agregarse los esfuerzos financieros y logísticos que el Municipio viene haciendo desde 2004 para la recuperación del morro.
“Moravia es un magnífico ejemplo, reconocido mundialmente, como buena práctica urbana y social. Para 2015, el cerro estaba liberado y ajardinado”, dice Pérez, quien coincide en que más allá del deterioro del componente paisajístico y estético del morro, el principal problema es que las personas que están llegando allí ponen en riesgo su integridad y la de sus familias.
Según constató este diario en un recorrido por el morro, el número de lotes que se habilitan allí para la construcción de casas sigue creciendo de forma sostenida y podría sobrepasar el cálculo oficial.
“Aunque uno sabe que aquí se expone, todo es queriendo cumplir el sueño de tener un ranchito propio”, dice Nini Johana García antes de regresar a su trabajo.
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