“Ah, no. Si ese muchacho robó y se tiene que ir para la cárcel, que se vaya para la cárcel”. Así reaccionó Gabriel Jaime Rico Betancur el viernes 4 de septiembre de 2015, cuando en una visita a EL COLOMBIANO fue enterado de una investigación de este diario -que también está en la Fiscalía- sobre un empleado que, con dinero de Plaza Mayor, se habría arreglado los dientes, pagado cuentas de hoteles y restaurantes y ropa en la tienda Carolina Herrera.
Luego de escuchar el tipo de gastos, Rico dijo que, de memoria, no habían sido 50 o 60 millones, sino 30 millones de pesos los comprometidos en esa presunta falta.
Otro, sin embargo, fue su criterio y actuación en 2014, como gerente General de Plaza Mayor, empresa especializada en ferias y exposiciones, en donde el socio más poderoso es el Municipio de Medellín. Delante de todo el personal, afirmó que “ese muchacho se equivocó, pero va a devolver el dinero, con un préstamo que le hará Bancolombia”.
En su visita a EL COLOMBIANO, Rico se mostró dispuesto a conceder una entrevista personal, que inicialmente se contempló para el lunes 7 de septiembre, luego para el martes, después el miércoles y hasta se le dio la opción para el jueves, a fin de que tuviera más tiempo para documentarse. Al final, dijo que, como el asunto está en la Fiscalía, el consejo de sus abogados era que le mandáramos las preguntas por escrito.
Así se hizo. Se le remitió un cuestionario, con 31 preguntas concretas sobre diversos temas de Plaza Mayor. De ellas, 16 tenían detalles sobre su actuación en el caso Salgado, las cuales respondió con tres párrafos (ver aquí el documento de las respuestas de Rico).
Al hablar sobre el presunto responsable de la falta, manifestó que “durante su desempeño, en mi calidad de gerente al momento de una liquidación parcial de un contrato, observé una situación administrativa que ameritaba ser clarificada y ordené una auditoría, de donde derivó una investigación disciplinaria que, hasta mi retiro de la entidad, seguía en curso”.
Otras versiones
Otro es el tono en que el mismo caso está descrito dentro de un conjunto de denuncias sobre un presunto “cartel de la contratación de Plaza Mayor”, registrado con el código Uriel # 6691 y que, según se observa en el documento oficial conocido por este diario, es de conocimiento de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.
En uno de sus apartes se lee textualmente: “pero hay más. El hijo del señor Ricardo Salgado, Manuel Salgado, quien ante todas las personas que trabajan en Plaza Mayor fue declarado culpable por una millonada perdida de dinero (dicho esto por el señor Rico) pero en vez de sancionarlo, lo premian con un ascenso como director de Alimentos y bebidas sin tener los requisitos para ocupar el cargo. Caso de pérdida de dinero, falsedad de documentos, alteración de facturas, destrucción de pruebas, es el diario vivir de esta empresa”.
Todo lo que hay en esa denuncia es cierto, afirmaron funcionarios y exfuncionarios de Plaza Mayor consultados durante varias semanas por EL COLOMBIANO.
Una fuente, que trabajó en un alto cargo de la gerencia Financiera y Administrativa, comentó, inclusive, que en el documento de la Fiscalía el denunciante incorporó unas presuntas irregularidades que, de manera anónima, un periodista reveló en las redes sociales. La mujer llevó este último documento a su casa y su esposo, al leerlo, le manifestó: ¿mija, usted fue la que escribió eso?, queriendo significar con ello la realidad de los hechos.
Según diversas versiones internas, todo surgió a comienzos de 2014, cuando en una revisión de cuentas de Plaza Mayor Bogotá, la gerencia Financiera y Administrativa halló gastos que nada tenían que ver con los convenios interadministrativos que en esa capital se ejecutaban.
La alerta pasó a conocimiento de Claudia Patricia Wilches Mesa, gerente por entonces de Planeación y Auditoría. Esta, a su turno, encargó de la respectiva investigación a la directora de Auditoría, Martha Nubia Rojas López, cercana del gerente General, a quien le entregó el respectivo informe de auditoría.
-Usted está muy bien informado, le dijo a este diario una fuente del área de Auditoría, al escuchar la solicitud del respectivo informe, para mirar, con detalle, los presuntos gastos en la tienda Carolina Herrera, restaurantes, hoteles y el diseño de sonrisa.
Estos gastos fueron confirmados -pero sin revelar detalles- por el abogado Gustavo de Jesús Díaz Bedoya. Según le señaló el funcionario al periodista, ese hecho, sumado al público y notorio reconocimiento de la falta que hizo el gerente General, le sirvieron al profesional del Derecho para abrir una investigación preliminar contra Manuel José Salgado Cuéllar.
Eso fue en los primeros cuatro meses de 2014 y estamos en 2015. Díaz Bedoya explicó que la investigación marcha lenta porque se estaba pendiente de unos datos de Bogotá sobre la ejecución de contratos.
Consultado sobre el tema, el gerente general de Plaza Mayor, Uriel Hernando Sánchez Zuluaga, respondió, a través de una directora Jurídica encargada, que el 13 de agosto de 2014 el informe de auditoría sobre legalización de anticipos del MEN (Ministerio de Educación Nacional) se incorporó como material probatorio a una investigación disciplinaria, en etapa de indagación preliminar. Y apenas el 29 de abril de 2015 se declaró la apertura de la investigación disciplinaria, “y hasta el momento se encuentra en curso y a la espera de decisión sobre la formulación de cargos o archivo definitivo”.
El mismo mensaje les dio el funcionario a los dueños de la empresa el pasado viernes, en una Junta Directiva en la que hubo más dudas que respuestas y no se desmintió, en nada, el avance de la investigación que ese mismo día publicó EL COLOMBIANO.
Los jueces internos
“Con ese proceso disciplinario contra Manuel Salgado no pasará nada”. Ese fue el pronóstico de un directivo de Plaza Mayor, sustentado en las indagaciones preliminares y procesos disciplinarios que se adelantaron contra funcionarios como Yobany Giraldo, Bayron Vélez, Gustavo Rodríguez, Juan Pablo Montoya, Mauricio Sánz Henao y Steven Cardona. Unos nacieron por denuncias de los mismos empleados de Plaza Mayor, otros, por proveedores. En ambos casos el final fue el mismo: el archivo.
En los casos referenciados actuó como abogado instructor Gustavo de Jesús Díaz Bedoya y al lado de su firma aparece la del hoy exsecretario general, Fernando de Jesús Córdoba Carmona.
Sobre la Secretaría General recae la responsabilidad del disciplinario abierto contra Salgado Cuéllar. Sin embargo, en esa dependencia está hoy como encargada su exnovia, María Catalina Bolívar Castaño.
Consultada por EL COLOMBIANO, la abogada manifestó que “no tengo conocimiento que el señor Manuel Salgado haya utilizado recursos públicos para gastos personales”. Así mismo, expresó que “no he adelantado ni conozco el contenido de la investigación a la que usted se refiere, puesto que esta goza del principio de reserva sumarial y respecto de la misma me declaré impedida de acuerdo a la causal quinta del artículo 84 de la Ley 734 de 2002”.
Ese artículo del Código Disciplinario Único contempla 10 causales de impedimento o recusación. La quinta, invocada por Bolívar Castaño, reza de la siguiente manera: “tener amistad íntima o enemistad grave con cualquiera de los sujetos procesales”. (Artículo 84 de la Ley 734 de 2002)
También expresó que una dependencia distinta a la Dirección Jurídica adelanta esa actuación, pero ni ella ni la Gerencia General dijeron cuál es.
La Junta supo tarde
Molesto y con fuertes golpes sobre el escritorio. Así recuerdan fuentes consultadas la manera como reaccionó Gabriel Jaime Rico Betancur, en su condición de gerente general de Plaza Mayor, cuando uno de sus directivos le recordó que su obligación era denunciar por presunto robo y fraude a Salgado Cuéllar.
“El deber del funcionario público es denunciar, porque si no, se configura un prevaricato por omisión”. A estas palabras del subalterno, Rico respondió que no se hablaría de robo ni de fraude, porque en Plaza Mayor la gente se puede equivocar y “aquí somos duros con los problemas, pero suaves con la gente”.
Dice la misma fuente que Córdoba Carmona, entonces secretario general, sostuvo que tanto él como Rico se encargarían del tema, dado que ambos tenían la representación legal de la entidad. Indignado, uno de los directivos afirmó que, para él, ese no había sido un error o equivocación, y se mantuvo y mantiene firme aún en su punto de vista.
Otras personas recuerdan que en una de las reuniones en que los directivos analizaron el caso de Manuel José Salgado Cuéllar, apareció en escena el papá del empleado, Ricardo Salgado Pinzón, quien le habría dicho a Rico: yo de usted lo echo y lo denuncio.
Salgado Pinzón es el gerente de la Empresa de Seguridad Urbana (ESU), que es contratista de Plaza Mayor. Es amigo de Rico y de su familia y fue su asesor en materia de seguridad urbana. Consultado por EL COLOMBIANO, el coronel retirado dijo que aunque una frase como la que se le atribuye lo haría quedar bien, no la pronunció.
Tampoco, dijo, estuvo en reuniones como esas, no habló con Rico del asunto, que las veces que ha ido a Plaza Mayor es por negocios y que sus hijos son mayores de edad y, por lo tanto, son ellos los que deben responder por sus actos.
Un asistente a esas reuniones comentó que un alto funcionario le observó a Rico que dejar impune el hecho era darle a la gente de Plaza Mayor el mensaje de que allí se podía robar y no habría problema, lo cual podría desatar una hecatombe. No obstante, el Gerente General optó por otro camino. Una directiva de Plaza Mayor recordó lo que Rico mismo ha validado: en un Comité Primario, y en tono que a la fuente le pareció paternal, aseguró que el muchacho se había equivocado y que iba a devolver el dinero.
En la organización esto produjo malestar y, añaden varios funcionarios, la gente se preguntaba si el Gerente General obraría igual si quien cometió “el error” no fuera el hijo de uno de sus mejores amigos, aliado político y exasesor. La desmoralización continuó en ascenso.
No tenía el perfil
Para ingresar a Plaza Mayor, el 21 de junio de 2013, Salgado Cuéllar presentó un diploma de diciembre de 2011 como “Cocinero profesional”, del Instituto Superior Mariano Moreno, de Buenos Aires, Argentina, con dos semestres aprobados. Así consta en su hoja de vida. Su salario, como auxiliar de alimentos y bebidas, fue de 1 millón 555.400 pesos. (Diploma de Salgado)
En ese mismo 2013, y en menos de cinco meses, a Salgado Cuéllar lo nombraron director logístico en Plaza Mayor Bogotá, con una asignación mensual de 4 millones 824.543 pesos. En una Auditoría interna de Talento Humano, consta que él asumió ese cargo sin inducción, sin entrenamiento y sin manual de funciones.
De cuatro experiencias profesionales que reportó, tres fueron como cocinero (una de ellas en un restaurante de Argentina), y una como jefe de cocina encargado. (Experiencia laboral de Salgado)
El cargo de director logístico demandaba conocimientos administrativos que él no poseía. Según los mismos auditores internos, “se encontró que el cargo de director logístico no tiene especificado las funciones y perfiles en el Manual de Funciones de la Entidad, por lo tanto no fue posible validar el cumplimiento de los requisitos del cargo; sin embargo, este lo desempeña un funcionario cuyo título profesional es CHEF y su experiencia laboral es inferior a 2 años en cargos afines a su título profesional; se puede concluir que estos deben ser muy exigentes puesto que es un cargo de gran responsabilidad y de libre nombramiento y remoción”. (Salgado no tenía perfil para director logístico, ver 1 y 2)
El propio Rico, como gerente general de Plaza Mayor, y en respuesta a un derecho de petición de este diario, mostró el 11 de agosto de 2014 la magnitud de los dineros públicos que manejaba la empresa en Bogotá. Para esa fecha tenía en contratos 44.325 millones de pesos, de los cuales 35.775 millones correspondían a un solo cliente: el Ministerio de Educación Nacional. (La importancia de Plaza Mayor en Bogotá en la gerencia de Rico)
La agilidad operativa era fundamental. Del despacho de la ministra podían llamar para que, en cuestión de horas, le organizaran un desayuno de trabajo. Pero también les podían pedir que se ocuparan de la logística de las Olimpiadas del Saber en los antiguos Territorios Nacionales, o la entrega de tabletas y computadores, o eventos que podían costar 1.000 millones de pesos o más. “En algunos lugares tocaba llegar en avioneta, en lancha, en burro y todo se coordinaba en Bogotá”, precisó un exdirectivo.
Eso, a su turno, llevaba a que, aunque Plaza Mayor es una empresa mixta, con capital mayoritariamente publico, su contratación sea muy ágil. En aras de esa “agilidad” se hicieron cosas que ni la Junta sabía.
Por ejemplo, a empleados ligados a la ejecución de esos convenios, Plaza Mayor les consignaba dineros en sus cuentas personales. El mismo Salgado, según relatan funcionarios de alto nivel en Medellín y Bogotá, se ufanaba de llevar en efectivo, en su morral negro, gruesas sumas de dinero. Otra fuente cuenta que, como gran anécdota, los logísticos llegaron a mover, en morrales, 40 millones de pesos en efectivo para pagar un evento en los antiguos Territorios Nacionales.
Consultado por EL COLOMBIANO, Salgado Cuéllar manifestó que “las afirmaciones que se realizan por sus fuentes son injuriosas y riñen con la verdad. Durante la ejecución del contrato a que usted se refiere los desembolsos y reembolsos se hicieron de acuerdo al protocolo contractual; esto puede ser verificado en las respectivas actas de liquidación que serán públicas”. También pidió los nombres de las personas que daban esas versiones, para emprender contra ellas acciones legales, en defensa de su buen nombre.
El asunto es que luego de la auditoría se hizo un plan de mejoramiento y en uno de sus apartes se afirma que “en la actualidad la tesorería tiene como política no realizar pagos de anticipos para ejecución de convenios a las cuentas personales de los ejecutivos”. (Consignaban en cuentas personales).
Otras cosas también cambiaron. En medio del golpe moral por la revelación de Rico sobre el caso Salgado, los empleados vieron cómo el funcionario pasó de director logístico a director de alimentos y bebidas (cargo este último que tenía el rango de coordinación).
“Mi vinculación y remuneración en Plaza Mayor se hizo de conformidad a los estatutos y a la ley. La promoción de cargo a la que usted se refiere nunca existió”, le escribió Salgado Cuéllar a este diario.
No obstante, en las respuestas oficiales de la Gerencia General a este diario se aprecia que Manuel José Salgado pasó de director logístico a director de alimentos y bebidas, el 1 de julio de 2014, con un salario de 5,5 millones de pesos, mediante Resolución 186 de 2014.
Eso quiere decir que, según Plaza Mayor, fue premiado con un alza salarial de 675.457 pesos mensuales. Un premio, aún si se acepta el dato de memoria de Rico, según el cual el “error” de Salgado Cuéllar no fue de 50 o 60 millones de pesos, sino de 30 millones de pesos.
Para entender mejor el caso, lea estas notas:
1. Comisión de éxito para un contrato vencido
4. Yurany entró a trabajar, sin tener firmado contrato. No fue la única
5. Así se archivaban los procesos disciplinarios
6. ¿Cuánto cobran, hoy, los estrategas de US$1,5 millones que le trabajaban como voluntarios a Rico?
